RÍO DE JANEIRO — Esta semana, mientras el gobierno de Joe Biden convoca a la comunidad internacional a detener el calentamiento global en una cumbre sobre el cambio climático, Brasil se ha comprometido a desempeñar un papel fundamental, y llegó incluso a prometer que acabará con la deforestación ilegal para el año 2030.
Hay una trampa: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere que la comunidad internacional se comprometa a pagar miles de millones de dólares por las acciones de conservación.
Y los contribuyentes se muestran reacios a proporcionar el dinero porque Brasil, bajo la administración de Bolsonaro, ha hecho justo lo contrario a la conservación, pues ha destruido el sistema de protección ambiental del país, socavado los derechos de los indígenas y defendido a las industrias que impulsan la destrucción de la selva.
“Quiere dinero fresco sin ninguna limitación real”, dijo Marcio Astrini, quien dirige el Observatorio del Clima, una organización de protección ambiental en Brasil. “Este no es un gobierno digno de confianza, ni respecto a la democracia, ni al coronavirus y mucho menos en lo relacionado a la Amazonía”.
Durante dos años, Bolsonaro se mostró indiferente ante su reputación de villano ambiental.
Bajo la supervisión de Bolsonaro, la deforestación en la selva amazónica, por mucho la más grande del mundo, se ha elevado al nivel más alto en más de una década. La destrucción, que ha sido impulsada por los madereros que despejan la tierra para el pastoreo de ganado y las operaciones de minería ilegal, provocó indignación a nivel mundial en 2019 cuando enormes incendios forestales se prolongaron durante semanas.
El gobierno de Donald Trump pasó por alto el historial ambiental de Brasil bajo el mandato de Bolsonaro, un aliado cercano del expresidente estadounidense.
Después de que la Casa Blanca cambió de manos en enero, Estados Unidos comenzó a presionar a Brasil para que detuviera la deforestación, uniéndose a la Unión Europea, Noruega y otros para advertir que su deteriorada reputación pone trabas al potencial económico del país.
“Queremos ver resultados concretos”, dijo Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Brasil, a un grupo de líderes empresariales brasileños a principios de este mes. “Los leñadores y mineros ilegales, toda esta actividad ilícita, ¿por qué quieren pagar la cuenta de eso?”.
Poco tiempo después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, altos funcionarios de su gobierno comenzaron a reunirse con el ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, en un intento por encontrar puntos en común antes del encuentro sobre el clima de este mes.
Las reuniones a puerta cerrada fueron vistas con temor por los ambientalistas, quienes desconfían profundamente del gobierno de Bolsonaro. Las conversaciones provocaron campañas desenfrenadas por parte de activistas que intentaban advertir a los funcionarios estadounidenses que no confiaran en el gobierno brasileño.
Los estadounidenses también necesitaban allanar el camino que se había llenado de obstáculos durante la campaña presidencial. Después de que Biden declaró durante un debate que buscaría recaudar 20.000 millones de dólares para salvar la Amazonía, Bolsonaro se enfureció y calificó su declaración como una “amenaza cobarde contra nuestra integridad territorial y económica”.
Sin embargo, el presidente brasileño adoptó un tono mucho más conciliador en una carta de siete páginas que envió a Biden a principios de este mes.
“Tenemos ante nosotros un gran desafío frente al aumento del ritmo de la deforestación en la Amazonía”, escribió Bolsonaro en la carta del 14 de abril, en la que argumenta que la reputación de Brasil como malhechor ambiental es inmerecida.
Enfrentar ese desafío, agregó el líder brasileño, requerirá una “enorme inversión”.
Para empezar, según dijo Salles en una entrevista en marzo, el gobierno estaría feliz de obtener los 20.000 millones de dólares ofrecidos por Biden, y calificó la suma de “proporcional a los desafíos que tenemos en la Amazonía”.
Si la comunidad internacional da un paso adelante, dijo Salles, “alinearemos una serie de iniciativas que pueden traer rápidos resultados”.
El nuevo compromiso de Bolsonaro para luchar contra la deforestación, que en la práctica restablece una responsabilidad del gobierno brasileño que su administración había abandonado, también se produce en un momento en el que su gobierno se ve acosado por una crisis sanitaria y económica cada vez más profunda a causa de la pandemia de coronavirus, que continúa matando a miles de brasileños todos los días.
El cambio radical y la demanda de dinero por adelantado fueron recibidos con escepticismo entre los diplomáticos extranjeros en Brasil y los ambientalistas, quienes argumentan que el único déficit verdadero de Brasil es el de la voluntad política.
Diplomáticos europeos y británicos han estado presionando al gobierno de Bolsonaro durante meses para que se comprometa a proteger el medioambiente antes de la cumbre climática de las Naciones Unidas en noviembre.
Suely Araújo, exdirectora de Ibama, la principal agencia de protección ambiental en Brasil, dijo que el gobierno tiene acceso a cientos de millones de dólares que podrían gastarse en iniciativas de conservación en poco tiempo.
Las organizaciones ambientales e indígenas han expresado un profundo escepticismo respecto a la voluntad declarada de Bolsonaro de luchar contra la deforestación, y han advertido a los contribuyentes internacionales que se abstengan de dar dinero al gobierno brasileño ya que temen que este pueda usarse para perjudicar la protección del ambiente.
En las últimas semanas, los ambientalistas dieron la señal de alarma, y celebridades como el cantante brasileño Caetano Veloso y el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, firmaron una carta que expresaba una “profunda preocupación” por las conversaciones.
No hay indicios de que el gobierno de Biden esté considerando una oferta de financiar los esfuerzos de deforestación a una escala considerable, la cual requeriría el respaldo del Congreso.
Los expertos dicen que hay pocas razones para ser optimistas.
El plan presupuestario anual que el gobierno de Bolsonaro presentó recientemente al Congreso incluye el nivel más bajo de financiamiento para agencias ambientales que se ha visto en dos décadas, según un análisis del Observatorio del Clima.
A principios de este mes, después de que el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, anunciara el primer objetivo del gobierno para la reducción de la deforestación, los expertos señalaron que alcanzar tal meta dejaría a Brasil, a finales del año 2022, con un nivel de deforestación un 16 por ciento mayor al que Bolsonaro heredó en 2019.
La administración de Bolsonaro respalda un proyecto de ley que otorgaría amnistía a los invasores de tierras, una medida que abriría una franja de la Amazonía al menos del tamaño de Florida a un desarrollo en gran parte no regulado. Otra iniciativa que está presionando al Congreso haría más fácil que las empresas obtengan licencias ambientales y despejaría el camino para operaciones mineras legales en territorios indígenas.
c.2021 The New York Times Company
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Cómo funciona Bluesky, la red social que comenzó a competir con X tras las elecciones en EEUU
Kim Kardashian exhibe productos de Tesla y desata teorías políticas
Así que estás pensando en dejar X por Bluesky. ¿Cómo funciona?
La covid puede aumentar el riesgo de problemas cardiacos durante años
Merkel recuerda en sus memorias cómo fue tratar con Trump y Putin
