En Bristol, una ciudad universitaria inglesa en la que los pubs suelen estar repletos de estudiantes, se produjeron encendidos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. En Kassel, una ciudad alemana conocida por su ambicioso festival de arte contemporáneo, la policía lanzó gas pimienta y usó cañones de agua contra los manifestantes que se oponen al confinamiento.
Un año después de que los líderes europeos ordenaran a la población que se encerrara en sus casas para frenar una pandemia mortal, miles de personas están saliendo a las calles y plazas. A menudo son recibidos con porras y escudos, lo que hace que se cuestionen las tácticas y el papel de la policía en sociedades en las que las libertades personales ya han dado paso a la preocupación por la salud pública.
Desde España y Dinamarca hasta Austria y Rumanía, la gente frustrada arremete contra las restricciones a su vida cotidiana. Dado que gran parte de Europa se enfrenta a una tercera ola de infecciones por coronavirus que podría mantener estos asfixiantes cierres durante semanas o incluso meses más, los analistas advierten que es probable que aumenten las tensiones en las calles.
En Gran Bretaña, donde el rápido ritmo de las vacunaciones ha suscitado esperanzas de una apertura más rápida de lo que el gobierno está dispuesto a consentir, la frustración por la reciente conducta de la policía se ha convertido en un debate nacional sobre la legitimidad de la policía, que tiene ecos lejanos del movimiento estadounidense Black Lives Matter.
“Lo que estamos viendo es un nivel creciente de descontento entre los miembros de nuestra sociedad que ven una ilegitimidad fundamental en la aplicación de la ley bajo la pandemia”, dijo Clifford Stott, profesor de Psicología Social de la Universidad de Keele y experto en el comportamiento de las multitudes. “Y ha creado una combinación peculiar”.
Los políticos de derecha que se oponen a las restricciones de confinamiento están tan enfadados como los manifestantes del clima de izquierda que con frecuencia saturan Trafalgar Square en Londres como parte de las manifestaciones de la Rebelión contra la Extinción. Los embotellamientos de esas protestas fueron una de las razones por las que las autoridades ejercieron presión con el fin de tener mayores poderes para restringir esas aglomeraciones.
A la sensación de indignación se suma el caso de Sarah Everard, una mujer de 33 años que fue secuestrada y asesinada, presuntamente por un agente de policía, mientras caminaba hacia su casa en Londres. La Policía Metropolitana disolvió entonces de manera brusca una vigilia en memoria de Everard con el argumento de que los participantes estaban violando las normas de distanciamiento social.
Hay grandes posibilidades de que se produzcan más enfrentamientos de ese tipo, comentó Stott, al citar “el clima más cálido, la duración del encierro y el creciente descontento entre sectores de la comunidad por la imposición de medidas de control”.
En Bristol, el detonante de los enfrentamientos fue la nueva legislación que faculta a la policía a restringir de manera drástica las manifestaciones. Una concentración pacífica de “Kill the Bill” (matemos la ley) en el College Green de la ciudad se tornó violenta cuando algunos de los manifestantes se dirigieron a una comisaría cercana y comenzaron a lanzar fuegos artificiales y proyectiles contra los agentes de policía.
El alcalde de Bristol, Marvin Rees, criticó con severidad la violencia y atribuyó gran parte de ella a agitadores ajenos a la ciudad que, según él, aprovecharon una manifestación pacífica como excusa para enfrentarse a la clase dirigente.
Sin embargo, Rees, político del Partido Laborista, también se opone de manera firme a la legislación. Dijo que era apresurada y poco estudiada, un intento cínico de un gobierno liderado por los conservadores de “reunir a sus bases en torno a la ley y el orden” durante una pandemia.
Una versión anterior de la normativa del gobierno sobre el coronavirus contenía una disposición que permitía las protestas no violentas. Pero se eliminó de una versión posterior, lo cual dejó el derecho de reunión pacífica en una especie de limbo legal. Según el último borrador de las normas, publicado el lunes, se permitirán las protestas en circunstancias limitadas, a partir del próximo lunes.
Estas leyes de emergencia fueron aprobadas a toda prisa por el Parlamento sin el escrutinio que normalmente se aplica a la legislación. Al carecer de una constitución escrita, los británicos que quieren salir a la calle han tenido que recurrir a la protección menos clara de una ley de derechos humanos.
“Esta pandemia ha puesto de manifiesto los puntos débiles de nuestra constitución no escrita cuando se trata de ciertos derechos”, afirmó Adam Wagner, abogado especializado en derechos humanos y experto en la normativa sobre el coronavirus. “Si se elimina la democracia representativa del proceso de elaboración de leyes, se pierden voces clave”.
En cambio, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania defendió el año pasado el derecho de sus ciudadanos a manifestarse, siempre que se atengan a las normas de distanciamiento social. Pero incluso en Alemania, que el martes impuso un nuevo y estricto bloqueo durante las vacaciones de Semana Santa en medio de una ola de casos, las reglas del juego pueden ser turbias.
En la ciudad de Kassel, la policía fue criticada por permitir que miles de manifestantes que se oponen al confinamiento se reunieran, sin cubrebocas y muy juntos, en las plazas públicas. Solo después, cuando algunos de los manifestantes atacaron a los agentes, la policía actuó contra la multitud, a través del uso de gas pimienta, porras y cañones de agua.
La indignación aumentó después de que salieran a la luz imágenes de un agente haciendo un símbolo en forma de corazón a un manifestante que llevaba una pancarta en contra de las restricciones, mientras que otro agente aplastó la cabeza de una mujer contra el marco de su bicicleta mientras luchaba con los contramanifestantes que intentaban bloquear la manifestación. El episodio suscitó dudas sobre a quién intentaba proteger la policía.
“Es una bofetada en la cara de nuestra ciudad”, dijo el alcalde de Kassel, Christian Geselle, al periódico Frankfurter Allgemeine.
Había intentado, sin éxito, prohibir la manifestación con el argumento de que sería un evento de superpropagación.
© The New York Times