El juicio político de Trump pone a prueba los límites de la libertad de expresión

La Corte Suprema ha establecido límites estrictos para la Primera Enmienda en el caso de los cargos por incitación en los tribunales. Pero muchos académicos legales dicen que esas disposiciones no se aplican a los juicios políticos.

WASHINGTON — Durante la campaña para la presidencia en 2016, Donald Trump señaló a un grupo de manifestantes en uno de sus mítines y le pidió a la multitud que “los sacaran” de ahí. Los manifestantes, que luego dijeron que fueron brutalmente agredidos, lo demandaron por incitar un motín.

Trump ganó esa demanda. Un tribunal federal de apelaciones, basándose en un caso relacionado con el Ku Klux Klan, dictaminó que su exhortación estaba protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ahora sus abogados argumentan lo mismo en su juicio político, en el que se le acusa de incitar a una insurrección.

Pero los demócratas dicen que ese argumento pasa por alto dos puntos clave. Según su argumentación, un juicio político está relacionado con los abusos del poder oficial, lo que significa que las declaraciones que pueden ser defendibles —desde el punto de vista legal— cuando las pronuncia una persona particular pueden, no obstante, ser motivo de un enjuiciamiento.

Además sostienen que las declaraciones de Trump el 6 de enero no deben considerarse como un episodio aislado sino como el esfuerzo final de una campaña calculada de meses de duración para violar su juramento en el cargo en un intento por retener el poder.

Jamie Raskin, representante demócrata por Maryland y encargado principal del juicio político, dijo el miércoles que las palabras de Trump el 6 de enero cumplían con cualquier estándar concebible para la incitación.

“Donald Trump renunció a su papel de comandante en jefe y se convirtió en el incitador en jefe de una insurrección peligrosa”, dijo Raskin, y agregó que las acciones de Trump fueron “la mayor traición al juramento presidencial en la historia de Estados Unidos”.

Stacey E. Plaskett, delegada demócrata de las Islas Vírgenes, dijo que las declaraciones de Trump eran la culminación de un patrón de conducta que fomentaba deliberadamente la anarquía. “Durante muchos meses, Donald Trump cultivó la violencia, la elogió. Y luego, cuando vio la violencia que podían desplegar sus partidarios, la canalizó hacia su salvaje gran evento histórico”, dijo.

El llamado de Trump a la multitud en 2016 no tuvo esa intencionalidad pero el juez David J. Hale, del Tribunal de Distrito Federal en Louisville, Kentucky, permitió que procediera y sostuvo que la incitación es un término amplio. Citando el Diccionario Jurídico Black, escribió que “se define como ‘el acto o la instancia de provocar, impulsar o agitar’ o, según el derecho penal, ‘‘el acto de persuadir a otra persona para que cometa un delito’”.

En un fallo que después fue revocado por una corte de apelaciones, el juez Hale escribió que los manifestantes podrían satisfacer los exigentes límites que la Corte Suprema ha impuesto a las demandas por incitación.

En 1969, en Brandenburg vs. Ohio, por ejemplo, el tribunal anuló por unanimidad la condena del líder de un grupo del Ku Klux Klan en virtud de un estatuto de Ohio que prohibía la defensa del terrorismo. El líder del Klan, Clarence Brandenburg, instó a sus seguidores en un mitin a “mandar a los judíos de regreso a Israel”, “enterrar” a los negros —aunque no los llamó así— y a considerar la “venganza” contra los políticos y jueces que no simpatizaban con los blancos.

Solo estuvieron presentes miembros del Klan y periodistas. Como las palabras de Brandenburg no llegaron a pedir la violencia inmediata en un entorno donde esa violencia fuese probable, la Corte Suprema dictaminó que no podía ser procesado por incitación.

“Las garantías constitucionales de la libertad de expresión y de prensa”, dijo el tribunal en una opinión no firmada, “no permiten que un estado prohíba o proscriba la defensa del uso de la fuerza o de la violación de la ley, excepto cuando dicha defensa esté dirigida a incitar o producir una acción ilegal inminente y es probable que incite o produzca tal acción”.

El juez Hale dijo que la explicación del mitin presentada en la demanda de los manifestantes podría solucionar los parámetros tan minuciosos. “Es plausible que la declaración de Trump de ‘sacarlos de aquí’ defendiera el uso de la fuerza”, escribió el juez. “Fue una orden, una instrucción, un mandato”.

Agregó que los manifestantes, al menos en una etapa temprana del litigio, habían sostenido de manera plausible que Trump tenía “la intención de que su declaración resultara en violencia” y “era probable que resultara en violencia”.

Pero la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, en Cincinnati, revirtió la decisión del juez Hale y dictaminó que la decisión del caso de Brandenburg protegía a Trump. “En los oídos de algunos de sus simpatizantes, las palabras de Trump pueden haber tenido una tendencia a provocar una respuesta física, en el caso de que un manifestante problemático se negara a irse”, escribió el juez David W. McKeague, “pero no abogaron específicamente por ese tipo de respuesta”.

Según la demanda, el juez McKeague escribió que también fue significativo que Trump agregara una advertencia a su exhortación. “No los lastimen”, dijo Trump. “Si digo: ‘Vayan por ellos’, me meto en problemas con la prensa”.

El 6 de enero, Trump ofreció un mensaje igualmente mixto. Incluso cuando instó a sus partidarios a “ir al Capitolio” y “luchar como el infierno”, también dijo al menos una frase más suave. “Sé que todos los que están aquí pronto estarán marchando hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica”, dijo.

Los tribunales normales podrían considerar el discurso de manera aislada y analizar el pasaje más calmado. Pero los encargados del juicio político de la Cámara de Representantes están instando al Senado para exigirle a un presidente un estándar diferente, uno que tenga en cuenta los meses de acciones y declaraciones que antecedieron al discurso y que lo responsabilice de cualquier llamado a la violencia o la anarquía.

Jonathan H. Adler, profesor de Derecho en la Universidad Case Western Reserve, escribió que Trump podría estar protegido por la decisión de Brandenburg en la corte.

“Aunque sus comentarios hayan sido horribles y poco presidenciales, aceptaré por el bien del argumento que no representaron un riesgo suficiente como para inducir una acción ilegal inminente que sacrificaría la protección de la Primera Enmienda”, escribió el profesor Adler en un texto publicado en un blog. “¿Eso significaría que no podría ser enjuiciado por esos comentarios? Para nada”.

La Constitución permite el juicio político por “traición, soborno u otros delitos graves y faltas”. Esa última frase —“otros delitos graves y faltas”— es vaga, pero claramente no abarca todos los delitos comunes. Más bien, se refiere a dos faltas que dan un sentido general de los tipos de delitos que los redactores de la Constitución tenían en mente: traición y soborno. Esos son delitos contra el Estado y el imperio de la ley que socavan la capacidad del gobierno para funcionar.

Los eruditos constitucionales dicen que delitos similares, los que involucran el uso del poder oficial para amenazar el orden constitucional, son lo que los redactores pensaron que podrían justificar la destitución de un cargo y la descalificación de otros servicios.

La distinción entre conducta criminal y conducta impugnable ayuda a explicar por qué la defensa de la Primera Enmienda de Trump no tiene cabida en el juicio del Senado, escribió Keith E. Whittington, profesor de Política en Princeton, en una publicación de blog.

“No es difícil imaginar ejemplos de discursos que estarían protegidos constitucionalmente si los pronuncia un ciudadano privado, pero que podrían y deberían ser motivo de juicio político y destitución si los pronuncia el presidente de Estados Unidos”, escribió el académico.

En su sinopsis del juicio, los abogados de Trump dijeron que los comentarios de su cliente respondían a “la libertad de expresión fundamental en virtud de la Primera Enmienda”, y agregaron que “no se puede discutir que los funcionarios públicos electos participan en un discurso protegido cuando se pronuncian sobre las investigaciones sobre la regularidad de la votación y la justicia”.

En su propia sinopsis del juicio, los encargados de la Cámara dijeron que esos argumentos no se aplicaban en el caso de Trump. “Fundamentalmente, la Primera Enmienda protege a los ciudadanos privados del gobierno; no protege a los funcionarios gubernamentales de la responsabilidad que tienen por los abusos que cometen durante su tiempo en el cargo”, dice el documento.

Adam Liptak cubre la Corte Suprema de Estados Unidos y escribe Sidebar, una columna sobre procesos legales. Graduado de la Facultad de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de unirse al Times en 2002. @adamliptak • Facebook