Aung San Suu Kyi, acusada de importar radios portátiles, podría ir tres años presa

En un curioso epílogo a un golpe de Estado veloz, los militares de Birmania decretaron una medida contra la líder civil de la naciente democracia.

Daw Aung San Suu Kyi, la líder civil de Birmania depuesta por los militares en un golpe de Estado, fue acusada el miércoles de una confusa infracción: haber importado ilegalmente al menos diez radios portátiles, según un funcionario de su partido, la Liga Nacional para la Democracia. La infracción puede ser castigada con hasta tres años de prisión.

Fue un extraño epílogo a unas tensas 48 horas en las que el ejército volvió a poner a la líder más popular del país bajo arresto domiciliario y extinguió las esperanzas de que la nación del sudeste asiático pudiera servir algún día como faro de la democracia en un mundo inundado de creciente autoritarismo.

El sorprendente uso de la importación de los walkie-talkies para justificar la privación de la libertad de la nobel de la paz subraya la afición de los militares a utilizar una estrategia detallada para neutralizar a su mayor rival político. El presidente destituido del país también se enfrenta a penas de cárcel por presuntas violaciones de las restricciones impuestas por el coronavirus.

La orden judicial para detener a Aung San Suu Kyi, facilitada por funcionarios del partido que gobernaba Birmania hasta el golpe del lunes, estaba fechada el día del golpe y autorizaba su detención durante 15 días. El documento decía que los soldados que registraron su casa en Naypyidaw, la capital, habían encontrado varios equipos de comunicaciones que habían sido introducidos en el país sin la documentación adecuada.

El golpe de Estado destituyó a un gobierno electo que los votantes consideraban la última defensa contra un ejército que había gobernado el país de forma absoluta durante casi cinco décadas. Durante sus cinco años de mandato, la Liga Nacional para la Democracia recibió dos contundentes mandatos, el último en las elecciones generales de noviembre pasado.

A medida que avanzaba el golpe de Estado, los militares recurrieron al conocido manual de las dictaduras: apagar del servicio de internet, suspender los vuelos y detener a sus críticos. Además de Aung San Suu Kyi, también fueron detenidos sus ministros más leales, monjes budistas, escritores, activistas y un cineasta.

Sin embargo, en el aturdimiento del silencio que siguió a la toma del poder por parte de los militares, pocos soldados patrullaban las calles. El lunes por la tarde, Aung San Suu Kyi estaba de vuelta en su villa de la capital, en lugar de en una de las tristemente célebres celdas del país. No se produjeron más detenciones masivas y volvió el acceso a internet.

La relativa paz —hasta el momento parecía un golpe de Estado prácticamente incruento— impulsó a algunos habitantes de Birmania a alzar cautelosamente la voz contra la reimposición del gobierno militar. Mientras algunas personas retiraban las banderas de la Liga Nacional para la Democracia del exterior de sus casas, otras participaban en pequeñas campañas de desobediencia civil, con cacerolazos o hacían sonar las bocinas de sus carros para protestar contra el golpe.

Decenas de trabajadores de una red de telefonía móvil dimitieron en protesta por los vínculos militares de su empleador. Los médicos de un hospital posaron juntos, cada uno con tres dedos levantados en un saludo desafiante inspirado por las películas de Los juegos del hambre. El gesto se ha convertido en un símbolo de las manifestaciones a favor de la democracia en la vecina Tailandia, donde también han surgido rumores de golpe de Estado.

La acusación formulada contra Aung San Suu Kyi, que cumplió un total de 15 años de arresto domiciliario antes de que los generales la pusieran en libertad en 2010, se hizo eco de anteriores acusaciones de misteriosos delitos legales. En uno de los casos, se prolongó el encierro de Aung San Suu Kyi porque un hombre estadounidense se acercó a su villa junto al lago sin avisar, lo que la llevó a violar los términos de su confinamiento.

Pero si estos delitos parecen absurdos, tienen consecuencias reales. Los militares han adquirido la costumbre de marginar a sus rivales y críticos políticos cargándolos de delitos misteriosos.

Junto con Aung San Suu Kyi, el presidente U Win Myint, uno de sus acólitos políticos que también fue detenido el lunes, recibió una orden de detención por violar las normas de emergencia por el coronavirus. Se le acusó de saludar a un carro lleno de partidarios durante la campaña electoral del año pasado, según U Kyi Toe, funcionario de la Liga Nacional para la Democracia.

Si se le declara culpable, Win Myint podría enfrentarse a tres años de prisión. Tener antecedentes penales podría impedirle volver a la presidencia.

El martes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que había convocado una reunión privada de emergencia sobre Birmania, se negó a emitir una declaración de condena del golpe; China y Rusia se opusieron a tal medida.

En Washington, el Departamento de Estado dijo que había llegado a la conclusión de que la toma del poder por parte de los militares era, efectivamente, un golpe de Estado, una etiqueta que afectará a parte de la ayuda exterior estadounidense al país.

Los militares de Birmania, conocidos como el Tatmadaw, dieron su primer golpe de Estado en 1962, un ejercicio sangriento que allanó el camino para casi cinco décadas de gobierno directo de mano dura. Aung San Suu Kyi y los líderes de su Liga Nacional para la Democracia fueron encerrados durante lo que debería haber sido su mejor momento político.

Los generales ordenaron masacres de manifestantes prodemocráticos y enviaron soldados para expulsar de sus tierras a miembros de grupos étnicos minoritarios. Incluso cuando la junta comenzó a dar al gobierno civil cierto espacio para operar, se aseguró de que el ejército siguiera controlando gran parte de la esfera económica y política.

La confirmación de la acusación contra Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su resistencia pacífica al ejército, se produjo el miércoles en medio de un torbellino de rumores. A primera hora de la tarde, los legisladores de la Liga Nacional para la Democracia intercambiaron piezas de información errónea, incluso cuando ellos mismos estaban bajo detención militar.

Un rumor decía que sería acusada de alta traición, un delito castigado con la pena de muerte. Otra versión decía que se la acusaba de fraude electoral. Nadie adivinó que su supuesto pecado estaría relacionado con los radios portátiles.

En un comunicado emitido el martes por la oficina del jefe del ejército, el comandante en jefe Min Aung Hlaing, el Tatmadaw dijo que había actuado en el mejor interés de los ciudadanos de Birmania.

“A lo largo de los sucesivos periodos, el Tatmadaw de Birmania ha mantenido en primer plano el lema ‘El pueblo son los padres’, cuando se trata del pueblo”, decía el comunicado, antes de insistir en que el fraude electoral masivo en las elecciones del pasado noviembre le había obligado a dar un golpe de Estado.

La Liga Nacional para la Democracia, que supervisó la comisión electoral del país, rechazó la acusación del Tatmadaw de que la manipulación de los votantes había provocado un mal resultado del partido vinculado a los militares.

El miércoles, los legisladores de la Liga Nacional para la Democracia que habían sido confinados en sus casas por los soldados emitieron un comunicado en el que afirmaban que seguían apoyando a Win Myint como presidente. Rechazaron las insinuaciones de que habían sido relevados de sus funciones legislativas. La Asamblea Nacional debía reunirse por primera vez desde las elecciones de noviembre, el mismo día del golpe.

“Detengan las acciones de intervención”, advirtieron los legisladores al Tatmadaw. Parecía una advertencia que llegaba dos días tarde.

Hannah Beech ha sido la jefa de la corresponsalía para el sureste asiático desde 2017, con sede en Bangkok. Antes de trabajar en el Times, fue reportera de la revista Time durante 20 años, donde reportó desde Shanghái, Pekín, Bangkok y Hong Kong. @hkbeech