Mientras los países apresuraban sus preparativos para inocular a los ciudadanos contra el coronavirus, Brasil, con su programa de inmunización de renombre mundial y una sólida capacidad para fabricar medicamentos, debería haber tenido una ventaja significativa.
Pero las luchas políticas internas, la planificación desordenada y un naciente movimiento antivacunas han dejado sin un claro programa de vacunación a esta nación sudamericana, que ha sufrido el segundo mayor número de fallecimientos por la pandemia. Los brasileños no tienen idea de cuándo podrán obtener alivio de un virus que ha puesto de rodillas al sistema público de salud y aplastado la economía.
“Están jugando con vidas”, aseguró Denise Garrett, una epidemióloga brasileña estadounidense que investiga la salud pública en Sabin Vaccine Institute, el cual trabaja para ampliar el acceso a las vacunas. “Es casi criminal”.
Los expertos se habían aferrado a la esperanza de que la capacidad de inmunización de Brasil le permitiera a ese país manejar el final de la pandemia mejor de lo que pudo lidiar con ella al inicio.
En febrero, luego de que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país, Brasil se convirtió en el epicentro de la crisis global de salud. El presidente Jair Bolsonaro desestimó las evidencias científicas, definió al virus como “un miserable” resfriado que no justificaba el cierre de la economía más grande de la región y reprendió a los gobernadores que impusieron medidas de cuarentena y cierres de negocios.
En tanto se inician los esfuerzos de vacunación en el Reino Unido y Estados Unidos, lo que les da a sus respectivas poblaciones la oportunidad de comenzar a imaginar una vida después de la pandemia, los funcionarios del gobierno de Brasil de nuevo están sin preparación y enfrascados en fuertes disputas sobre la política de vacunación.
La semana pasada, el Ministerio de Salud presentó un plan de vacunación como respuesta a una orden del Supremo Tribunal Federal. El plan estableció el orden en que serían vacunados los grupos vulnerables, pero no detalló la cronología ni dio un cálculo claro de cuántas dosis estarían disponibles. Anteriormente, el ministerio había dicho que pretendía iniciar la campaña de vacunación en marzo.
Días después del anuncio, el ministerio todavía batallaba para realizar pedidos a los proveedores de vacunas ya sobrecargados. Los funcionarios gubernamentales también se enfrentaron a cuestionamientos por la insuficiente cantidad de jeringas y viales disponibles en Brasil para embarcarse en la ambiciosa campaña de vacunación, necesaria para cubrir a un país con una población de 210 millones de residentes, donde más de 180.000 han muerto a causa del virus.
Por si fuera poco, Anvisa, la agencia responsable del control sanitario de Brasil, aún no ha aprobado ninguna vacuna contra el COVID-19 para su uso generalizado.
“La gente va a comenzar a entrar en pánico si Brasil continúa rezagado sin un plan ni una estrategia clara y objetiva”, aseguró Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, el 7 de diciembre y advirtió que el Congreso tomaría las riendas del asunto si el poder ejecutivo continuaba su torpe accionar.
El debate sobre el acceso y la seguridad de la vacuna también se ha visto envuelto en una disputa partidista.
Bolsonaro ha difamado constantemente a CoronaVac, la vacuna que está siendo desarrollada por la firma china Sinovac Biotech, y rechazó el plan de su Ministerio de Salud de comprar 46 millones de dosis.
En cambio, el gobierno escogió la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la cual va retrasada en la carrera para recibir la aprobación de los reguladores de salud.
La cruzada del presidente en contra de la vacuna china creó una oportunidad de oro, en términos políticos, para João Doria, el gobernador del estado de São Paulo, uno de sus principales rivales políticos. Doria negoció directamente con los chinos para obtener dosis de la vacuna que están desarrollando en asociación con el Instituto Butantan, ubicado en São Paulo.
Doria dijo que los funcionarios del estado no pueden esperar a que se organice el gobierno federal, que ha pasado por tres ministros de Salud en el transcurso de la pandemia.
“No podemos esperar hasta marzo para comenzar a usar una vacuna que puede empezar a administrarse en enero”, dijo durante una entrevista. “Esperar, de acuerdo con el consenso en São Paulo y otros estados, representa un gran riesgo para la población, pues afecta las tasas de letalidad y el sistema de salud pública”.
La semana pasada, Doria prometió a sus constituyentes que São Paulo tenía intenciones de comenzar a vacunar personas a finales de enero, un compromiso que depende de obtener la aprobación de los reguladores federales, que aún no han recibido los resultados finales de los estudios sobre la eficacia y seguridad de la vacuna.
La presidencia de Brasil repudió el plan de Doria de empezar a vacunar a la gente en enero, llamándolo “populismo barato e irresponsable”.
La amarga disputa entre Doria, quien se espera que se postule a la presidencia en 2022, y el gobierno federal ha politizado peligrosamente los planes de vacunación en Brasil. Carla Domingues, una investigadora del área de salud pública que dirigió el programa de inmunización de Brasil hasta el año pasado, lamentó que la vacuna contra el COVID-19 se haya convertido en un asunto partidista.
“Eso nunca había pasado con los esfuerzos de inmunización”, comentó. “Esto va a confundir a las personas. Es surrealista”.
© The New York Times 2020
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