La historia de Barbara Lagoa, la jueza cubanoestadonidense que Trump podría proponer para la Corte Suprema

Cuando era una joven asociada de un prestigioso bufete de abogados de Miami, Barbara Lagoa se enfrentó a un inusual caso pro bono, sin un socio supervisor y contra un adversario formidable: el gobierno de Bill Clinton.

Lagoa representaba a la familia de un niño de 5 años que fue encontrado en la costa de Florida, luego de que su madre se ahogara al intentar cruzar desde Cuba. Su nombre era Elián González.

Los agentes federales eventualmente detuvieron a Elián para devolverlo a Cuba, donde vivía su padre, desencadenando una conmoción política que posiblemente le costó al exvicepresidente Al Gore las elecciones presidenciales de 2000 al perder Florida.

“Después de seis meses, innumerables escritos, algunas noches enteras de trabajo, dos argumentos orales y una redada de medianoche por parte de comandos armados, supimos que íbamos a perder”, dijo Eliot Pedrosa, otro abogado del equipo, en una ceremonia celebrada el año pasado cuando la jueza Lagoa se incorporó a la Corte Suprema de Florida. Dijo que la experiencia de “ver a agentes federales armados usando la fuerza para adelantar el proceso”, quedó “grabada en su alma”.

Ese episodio formativo ayudó a moldear la carrera de la jueza Lagoa como fiscal federal y jueza de apelaciones y la introdujo en la cultura política del sur de Florida, dominada por los republicanos cubanoestadounidenses.

Es una dinámica electoral que, dos décadas después, sigue siendo poderosa y ha ayudado a que Lagoa, quien ahora forma parte de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de Estados Unidos, se posicione como una opción atractiva para el presidente Trump al considerar a quién nombrará para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema.

“Ella es muy apreciada”, dijo Trump —quien tiene programado un viaje a Miami esta semana— a periodistas el 21 de septiembre. “Recibo llamadas telefónicas de mucha gente. Ella tiene mucho apoyo. No la conozco, pero escuché que es sobresaliente”.

Lagoa, de 52 años, no tiene algunas de las credenciales tradicionales para ser magistrada. Pero como hija de exiliados cubanos nacida en Estados Unidos, y siendo una figura que ha alcanzado los más altos niveles de su profesión, encarna la clásica versión del sueño americano en Miami.

La comunidad cubanoestadounidense admiró su trabajo en el caso de Elián, discrepando de la posición del gobierno federal que afirmaba que el padre del niño, Juan Miguel González, era su único tutor legal y tenía el derecho de exigir que retornara a Cuba. En ese caso también trabajó un joven abogado llamado Brett M. Kavanaugh, quien ahora es magistrado de la Corte Suprema, y representó a los familiares del niño en Miami cuando necesitaban un abogado para la apelación federal.

Casi toda la carrera judicial de Lagoa se ha desarrollado en un tribunal de apelaciones estatal de nivel medio en Miami, donde procesó principalmente casos de rutina desde 2006 hasta 2019. Cuando se le pidió que enumerara sus opiniones más importantes, destacó algunas sobre discriminación laboral, análisis de alcohol en sangre, seguro de automóvil, jurisdicción personal, estatutos de limitaciones y arbitraje.

Sin embargo, en las posiciones judiciales que ocupó después, participó en casos importantes donde se analizó si cientos de miles de personas con condenas por delitos graves en Florida eran elegibles para votar. Los abogados de las personas que fueron condenadas han argumentado que la jueza Lagoa debería haberse recusado la segunda vez.

Este mes, el 11° Circuito decidió preservar una ley promulgada por la Legislatura de Florida que requiere que las personas que cumplieron una condena paguen multas y tarifas judiciales antes de que puedan registrarse para las elecciones. Desmond Meade, director ejecutivo de la Coalición por la Restauración de los Derechos de Florida, dijo en un comunicado que eso “silenció a cientos de miles de votantes”.

“Esa decisión demostró por qué estamos luchando tan duro para que la vida de la gente esté por encima de la política”. Y agregó que “el deseo de poner a la gente por encima de la política debe ser la actitud de cualquiera que aspire a servir en el tribunal más alto del país”.

Es precisamente el cálculo político de cómo el presidente podría consolidar su reelección, asegurándose de ganar en Florida, lo que podría reforzar las posibilidades de la jueza Lagoa. Los demócratas han estado luchando por igualar la popularidad de Hillary Clinton entre los hispanos en el condado de Miami-Dade, un bastión crucial para ganar o perder las elecciones. Parece poco probable que la imagen de los senadores demócratas ejerciendo presión contra una latina, en la televisión nacional, ayude en ese objetivo.

Y aunque la posición de Trump entre los cubanoestadounidenses conservadores es sólida, la nominación de Lagoa podría atraer emocionalmente a algunos votantes, dijo José Félix Díaz, exrepresentante estatal y consultor de Ballard Partners, una firma de cabildeo.

“Creo que a los abuelos y abuelas cubanoestadounidenses les importará”, dijo. “Habla de lo bien que los cubanoestadounidenses se han asimilado a Estados Unidos. Cada vez que alguien es el primero en algo, hay una reacción sísmica”.

Sin embargo, algunos miembros de la derecha política están preocupados por el hecho de que la jueza no parece tener antecedentes sobre ningún caso de aborto.

Los principales activistas antiaborto dicen que podrían apoyar la nominación de la jueza Lagoa, pero favorecen a la jueza Amy Coney Barrett por su historial más claro sobre casos como Roe vs. Wade, la decisión de 1973 que estableció un derecho constitucional al aborto. Les preocupa que una candidata cuya jurisprudencia sobre el tema se desconoce pueda poner en peligro una campaña de décadas para poner fin al derecho al aborto en Estados Unidos, que ahora finalmente parece estar a su alcance.

Aunque es menos conocida en Washington que la jueza Barrett, durante años los abogados veteranos de Florida han tenido a Lagoa en la mira.

Graduada de la Facultad de Derecho de Columbia, donde fue editora de The Columbia Law Review, la jueza Lagoa trabajó en varios bufetes de abogados de Miami, incluido Greenberg Traurig, antes de unirse a la oficina del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en 2003. Tres años después, el gobernador Jeb Bush, un republicano, la nombró para el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito.

Lagoa está casada con Paul C. Huck Jr., socio del bufete de abogados Jones Day y miembro de la Sociedad Federalista. Huck se desempeñó como abogado general del exgobernador Charlie Crist y como fiscal general adjunto de Florida. La pareja tiene tres hijas, incluidas unas mellizas. El suegro de Lagoa, Paul C. Huck, es un juez federal sénior en el Distrito Sur de Florida, designado por el presidente Bill Clinton.

El año pasado, en su segundo día en el cargo, el gobernador Ron DeSantis de Florida, un dirigente republicano, designó a la jueza Lagoa a la Corte Suprema del estado. Anunció su nominación en el centro de Miami en Freedom Tower, un edificio impregnado del simbolismo del exilio, donde muchos cubanos ingresaron por primera vez a Estados Unidos. Hablando en español, la jueza Lagoa agradeció a sus padres y dijo que el sueño que su padre no pudo cumplir en Cuba fue convertirse en abogado.

Ocho meses después, Trump la nominó para el 11° Circuito, donde rápidamente volvió a procesar el caso de los derechos de voto de las personas condenadas. El hecho de que la jueza Lagoa no se recusara dividió a los expertos legales, algunos pensaban que eso contradecía las reglas éticas.

“Ese es un caso en el que la recusación era necesaria para preservar la confianza pública en la justicia e imparcialidad del poder judicial”, dijo Deborah L. Rhode, una autoridad en ética legal en la Facultad de Derecho de Stanford. “No recusarse crea tanto el hecho como la apariencia de incorrección”.

Lawrence J. Fox, quien enseña ética legal en la Facultad de Derecho de Yale, se mostró menos tajante. “Esta situación presenta un ejemplo serio de la apariencia de incorrección, más que de la incorrección en sí misma”, dijo.

Bruce A. Green, experto en ética legal de la Facultad de Derecho de Fordham, dijo que la jueza Lagoa explicó su posición al fallar sobre una moción de recusación de los ex delincuentes. “La jueza Lagoa emitió una opinión detallada y bien pensada, sustentada en la jurisprudencia, explicando por qué no tuvo que recusarse”, dijo. “Su opinión parece bastante convincente y, en cualquier caso, ciertamente no fue un fracaso para la recusación”.

Los dos casos se referían a una medida de votación de 2018 que enmendó la Constitución del estado para poner fin a la privación del derecho al voto de las personas condenadas por delitos graves, excepto por asesinato y delitos sexuales, “una vez que completaran todos los términos de la sentencia, incluida la libertad condicional o la libertad provisional”.

El año siguiente, la Legislatura estatal controlada por los republicanos promulgó una ley que definía esa frase para incluir el pago de multas, restituciones, costos y tarifas.

La jueza Lagoa participó activamente cuando el caso de los ex delincuentes se presentó ante la Corte Suprema de Florida, el 6 de noviembre de 2019. Pero dijo que se tomaba en serio sus obligaciones de recusación.

“La imparcialidad de los jueces, y la apariencia de imparcialidad, son claves para asegurar la confianza pública en nuestros tribunales”, le dijo al Comité Judicial del Senado en octubre.

Dos semanas después fue confirmada para el 11° Circuito.

La Corte Suprema de Florida emitió su decisión en enero, en contra de las personas que habían cumplido sus condenas. La jueza Lagoa no participó en la decisión.

Mientras tanto, una demanda federal que desafía la ley estatal bajo la Constitución federal estaba avanzando.

Sin embargo, en julio, el 11° Circuito aceptó escuchar el caso y los abogados de los demandantes le pidieron a la jueza Lagoa y a otros dos jueces que se recusaran. La jueza Lagoa y otro exjuez de la Corte Suprema de Florida, Robert J. Luck, rechazaron la moción.

“Jugamos un papel, estuvimos involucrados y participamos en la opinión consultiva al procedimiento del gobernador”, escribieron en una decisión de 25 páginas. “Nos sentamos durante la discusión oral e hicimos preguntas a los abogados que comparecían ante ese tribunal”.

Pero el caso estatal, dijeron, “fue un procedimiento separado que involucró a diferentes personas, diferentes asuntos y diferentes tribunales”.

Este mes, con una votación de 6 a 4, con los jueces Lagoa y Luck en la mayoría, el 11° Circuito falló en contra de los exdelincuentes. Si se hubieran recusado, la corte de apelaciones se habría estancado, lo cual habría sido una victoria para los demandantes.

Sin embargo, para las personas que intentan promover su nominación en el sur de Florida, la historia de vida de la jueza Lagoa como hija de inmigrantes es tan importante como su trayectoria.

Sus amigos mencionan su modesta educación en la ciudad obrera de Hialeah. Montaba en bicicleta y patinaba por el vecindario. Sus padres ahorraron para enviarla a una escuela católica. Fue un gran logro cuando se fue a Nueva York para estudiar derecho.

“En el país del que huyeron mis padres, el capricho de un solo individuo podía significar la diferencia entre comida o hambre, libertad o prisión, vida o muerte”, dijo la jueza Lagoa el año pasado, cuando fue nominada a la Corte Suprema de Florida. “A diferencia del país del que huyeron mis padres, somos una nación de leyes, no de hombres”.

© The New York Times 2020