¿Cómo hacer valer una ley que pisotea los fundamentos de la tierra de la libertad?

LOS ALTOS, California — Una fiscal veterana del norte de California ha transformado la mesa de su cocina en un puesto de comando improvisado desde el cual vigila que se cumplan las estrictas órdenes de confinamiento del condado de Santa Clara.

Desde el puesto, donde monitorea dos computadoras y un teléfono celular, la fiscal Angela Alvarado intenta encontrar el justo medio entre los derechos individuales de los ciudadanos y las medidas de control de la infección cada vez que un correo electrónico le informa que hay una nueva denuncia:

Un aeropuerto privado ofrece clases de vuelo. ¿Está bien que lo haga?

Un grupo de personas está jugando en una cancha de tenis pública. ¿Está permitido?

Un albergue que se dedica a rescatar conejos organizó una sesión para cortar las uñas de los pequeños animales. ¿De verdad es una actividad esencial?

A Alvarado, que forma parte de un equipo de abogados dedicados a monitorear y dar respuesta a las quejas recibidas, no le gusta nada tener que decidir si los amantes de los conejos pueden reunirse a cortarles las uñas a los animales rescatados (dijo que tal vez sí). Le choca tener que decidir si las personas pueden jugar tenis o tomar clases de vuelo (en ambos casos, la respuesta es que no). No puede creer cuántas horas ha perdido en discusiones con una concesionaria local de BMW para determinar si en este momento es legal hacer pruebas de conducción (se ha mantenido firme en su respuesta negativa).

“Al principio, pensaba que algunos casos eran interesantes y hasta emocionantes”, compartió. “Ahora me parece desgarrador. Ya no puedo más”.

Comentó que ya llegó a tal punto que siente alivio cuando recibe quejas con muy poca información para que pueda hacer algo al respecto. “No me parece bien tener que decirle a alguien que sus derechos constitucionales no importan en este momento, pero he tenido que hacerlo”, se lamentó.

“Es una época en la que hemos tenido que suspender la aplicación de algunos fragmentos de la Constitución. Es cierto. La libertad de reunión. El derecho a practicar una religión”.

Es una declaración asombrosa porque proviene de una mujer que ha dedicado veintiún años a la defensa de la ley en el condado de Santa Clara. El problema, abundó, es que la legislación parecía mucho más clara cuando su trabajo se limitaba a presentar cargos en contra de delincuentes sexuales. “En este caso, no presentamos cargos contra un rufián”, dijo. “Se trata de tomar medidas en contra del local en el que compro café. Esto no tiene nada de divertido”.

Las quejas no dejan de llegar, cientos por semana, así que Alvarado, de 47 años, se sienta frente a la mesa de su soleada cocina y pasa el día tomando decisiones, evaluando las quejas para decidir cuáles son tan graves que ameritan una visita de la policía para hablar con los propietarios del negocio y, de ser necesario, la amenaza de enviar citaciones si no cumplen las reglas de confinamiento del condado.

Se escucha de nuevo una notificación de su buzón de entrada. “Es el sonido que anuncia una desgracia”, aseveró, con una ligera risa.

Mientras se dedica a evaluar denuncias, sus dos hijos juegan en otra habitación. En una ventana que da a la calle está pegado un cartel en el que su hija de 8 años dibujó un osito que abraza un corazón. “Quédate en casa, salva vidas”, escribió la pequeña arriba del dibujo en colores brillantes, una frase que resume a la perfección el propósito de esta extraña medida.

El condado de Santa Clara fue uno de los primeros focos de contagio del coronavirus en el país. Por lo menos 131 personas de esa demarcación han muerto y más de 2300 han dado positivo en la prueba. Resultados recientes revelaron que la primera muerte por COVID-19 de la que se tuvo conocimiento en Estados Unidos ocurrió en el condado de Santa Clara el 6 de febrero, solo una semana después de haberse reportado la primera infección en el condado. Todo parece indicar que el virus circuló en el área durante gran parte del mes de enero, mucho antes de que se reconociera el peligro, lo que podría explicar por qué el condado fue el centro inicial del brote en California.

Al igual que otros seis condados del área de la bahía, la respuesta del condado de Santa Clara fue emitir las primeras órdenes de confinamiento del país el 17 de marzo. Poco después, el condado integró un equipo al que le encomendó gestionar el cumplimiento de esas órdenes. Asignó al grupo más de veinte empleados de la oficina del fiscal de distrito, entre fiscales e investigadores, que por lo regular trabajaban con casos de prostitución, abuso infantil y ausentismo escolar. Cada uno de los siete abogados que integran el equipo, entre los que se cuenta Alvarado, toman turnos para monitorear y dar respuesta a las denuncias.

“Se anticiparon muy bien a la situación en cuanto a la respuesta, para decidir qué hacer respecto a esta pandemia”, comentó Nancy O’Malley, presidenta de la Asociación de Abogados del Distrito de California, acerca de los fiscales del condado de Santa Clara.

Sin embargo, ahora que por todo el condado aumenta el número de protestas y los recursos legales en contra de las órdenes de confinamiento, Alvarado es una muestra del creciente malestar experimentado por los funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de estas medidas que privan por completo a sus conciudadanos de libertades fundamentales.

Ese malestar también agobia a su jefe, Jeff Rosen, fiscal de distrito para el condado de Santa Clara, quien habló de su profunda renuencia a promover acciones en contra de las personas que no cumplen la orden de confinamiento. “No me convertí en fiscal de distrito para impedir que las personas operen sus negocios”, aseveró. “Pero están en juego vidas humanas”.

El día que entró en vigor la orden de confinamiento, los residentes se quejaron con algunos policías de la ciudad de Mountain View porque había filas muy largas frente a Eddy’s Shooting Sports, una armería ubicada entre una peluquería y un salón de uñas en una plaza comercial. Ese mismo día, algunos policías visitaron la tienda para pedirle al dueño que cerrara, a lo que este se negó.

Entonces, Alvarado tuvo que intervenir. El condado amenazó con presentar en su contra un cargo menor que conlleva una multa de mil dólares y puede sancionarse hasta con seis meses de cárcel. Entonces, cerró la armería.

“Esta orden de salud pública se emitió en respuesta a una emergencia originada por una crisis extrema, por lo que ha sido necesario modificar o limitar hasta cierto punto varios derechos constitucionales”, explicó Rosen.

El propietario de Eddy’s está en desacuerdo. Presentó una demanda, junto con otras armerías y la Asociación Nacional del Rifle, en la que argumenta que los funcionarios locales no pueden “aprovechar una crisis de salud pública como cubierta política para imponer prohibiciones y restricciones a los derechos que no les gustan”.

El condado creó una línea de denuncia para que cualquier persona pudiera reportar violaciones al confinamiento, y ha recibido miles de llamadas. “Tenemos a la ‘Alianza Silicon Valley’ de delatores dedicados a asegurarse de que todos asumamos la carga juntos”, dijo Alvarado con una mezcla de aprecio y humor negro.

Recibe una nueva queja por un restaurante que está haciendo obras de renovación, otra relacionada con algunas personas que estaban jugando fútbol y otra sobre un club de levantamiento de pesas que se niega a cerrar.

Responde un reporte más relacionado con la industria doméstica más reciente: gente que opera peluquerías en su cochera. “Yo también necesito desesperadamente un corte de cabello y una pedicura”, comentó. “Mira cómo está la situación”, agregó, mientras señalaba las raíces color castaño oscuro de su cabello teñido de rubio.

Katey Rusch y Casey Smith son estudiantes de la Universidad de California, campus Berkeley, en la Escuela Superior de Periodismo. The New York Times colabora con esa institución para cubrir el tema del coronavirus en California.

(c) The New York Times 2020