SANTIAGO, Chile — La brutalidad de la respuesta de la policía de Chile a los disturbios del país está impulsando importantes iniciativas que persiguen la reforma de la fuerza de seguridad.
Las protestas, que empezaron hace dos meses como respuesta a un incremento en la tarifa del metro y rápidamente se transformaron en una petición de cuentas más amplia por la desigualdad, incluyeron manifestaciones pacíficas y confrontaciones violentas con la policía que resultaron en miles de casos de abuso, de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo de derecho público.
Alrededor de 400 de los incidentes documentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos son por tortura y tratos crueles. Otros 194 involucran violencia sexual, incluyendo cuatro violaciones. Más de 800 están relacionados con el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía. El instituto ha calificado al menos seis asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad como homicidios.
Estos casos documentados de violaciones a los derechos humanos han traído un renovado escrutinio a los carabineros, la fuerza policial nacional de Chile, la cual nunca fue depurada o reformada significativamente tras el fin de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet en 1990. Los carabineros estuvieron profundamente involucrados en violaciones de derechos humanos que dejaron alrededor de 3000 muertos y desaparecidos y 38.000 torturados durante el régimen de Pinochet.
“Nunca pensamos que tendríamos que regresar a Chile bajo estas circunstancias a registrar masivas violaciones a los derechos humanos”, afirmó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, cuando la organización presentó su informe sobre Chile el mes pasado. “Pensábamos que esto era historia”.
Los carabineros rechazaron una solicitud de entrevista, pero esta semana su general director Mario Rozas afirmó que habían 856 investigaciones internas relacionadas con los informes en proceso. También anunció cambios estructurales y políticos en la institución.
El presidente Sebastián Piñera afirmó que las acusaciones serán investigadas, y le dio la bienvenida al país a cuatro organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, la cual descubrió “un alto número de graves violaciones a los derechos humanos”.
El gobierno también ha creado un grupo especializado, liderado por Gonzalo Blumel, ministro del Interior, para proponer reformas a la fuerza policial. La policía suspendió el uso de perdigones.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos afirman que los carabineros todavía están disparando cartuchos de gas lacrimógeno a los cuerpos y cabezas de los manifestantes, en violación de sus propios protocolos. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, ocho personas fueron lesionadas de esta manera. Dos de ellas, incluyendo una niña de 15 años, se encuentran en estado crítico.
Las instituciones de derechos humanos y los analistas quieren que el gobierno incremente la supervisión del presupuesto, operaciones y entrenamiento de los carabineros y de las designaciones y destituciones de los oficiales, lo que realmente pondría a la policía bajo el control civil.
Los legisladores de oposición afirman que el presidente tiene la responsabilidad de las acciones de las fuerzas de seguridad bajo su mandato, por lo que iniciaron un proceso similar a los procedimientos de juicio político contra él y su exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien abandonó el cargo semanas después del inicio de las protestas.
La acusación contra Piñera fue desestimada el 12 de diciembre. Sin embargo, un día antes, el Senado había aprobado la acusación constitucional contra Chadwick, haciéndolo responsable por no haber tomado los pasos necesarios para evitar las violaciones de los derechos humanos y por “no haber mantenido el orden público de manera racional”. Chadwick quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Desde que iniciaron las protestas, cientos de manifestantes han sufrido lesiones oculares, causadas por el uso indiscriminado de armas antidisturbios de la policía. Dos víctimas perdieron la vista. Más de 12.700 personas han sido heridas por todo el país, de acuerdo con registros hospitalarios.
La Fiscalía abrió más de 2670 investigaciones penales basadas en los informes de tortura, violencia sexual y lesiones causadas por armas de fuego. La amplia mayoría involucran a personal de los carabineros.
Cuando los chilenos tomaron las calles a mediados de octubre, los carabineros ya enfrentaban una crisis profunda, y no estaban preparados para estar al frente de un periodo prolongado de disturbios.
*Copyright: c.2019 The New York Times Company
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