Una jueza bloqueó el plan del gobierno de Trump para detener a niños migrantes

LOS ÁNGELES — El viernes, una jueza federal rechazó nuevas regulaciones que habrían permitido al gobierno mantener detenidos a niños y sus padres durante periodos indefinidos, uno de los esfuerzos insignia del gobierno de Trump para restringir la gran cantidad de familias que llegan de Centroamérica.

Tras decir que la defensa del gobierno de su nueva propuesta de política era “kafkiana” en algunas partes de su razonamiento, la jueza Dolly Gee del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California señaló que le competía al Congreso, no al gobierno, remplazar un decreto de consentimiento de veinte años de antigüedad que exige que los niños sean detenidos en instalaciones con licencia de los estados y puestos en libertad dentro de los veinte días posteriores, en la mayoría de los casos.

El presidente Donald Trump ha criticado en repetidas ocasiones los “vacíos legales” que, según él, obligan al gobierno a involucrarse en lo que ha denominado como “capturar y liberar” familias migrantes que han llegado, hasta hace poco tiempo, en cifras récord a la frontera sur.

Conforme al decreto de consentimiento de 1997, conocido como acuerdo Flores, el gobierno debe buscar la liberación expedita de los niños que estén detenidos y mantener una serie de normas mínimas para que estén en instalaciones de detención seguras.

El acuerdo tiene sus orígenes en una demanda colectiva presentada en 1985 en contra del gobierno federal por el trato dado a los niños migrantes detenidos, entre ellos una niña salvadoreña de 15 años de edad llamada Jenny Flores y una niña de 12 años de nombre Alma Cruz. En 1997, funcionarios migratorios del gobierno de Clinton accedieron a resolver la demanda, estableciendo normas para la detención de menores.

En años recientes, los abogados de Flores han regresado a los tribunales decenas de veces para obligar al gobierno a respetar las estipulaciones del acuerdo, a menudo después de enviar equipos legales y médicos a inspeccionar las condiciones de los centros de detención y entrevistar a los niños que se encuentran detenidos.

A inicios de este año, el acuerdo Flores permitió que los abogados del caso visitaran instalaciones sobrepobladas de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera de Texas e informaran a Gee que había niños detenidos en condiciones insalubres, sin acceso a artículos básicos de higiene, incluidos jabones y cepillos de dientes.

Las nuevas regulaciones divulgadas el 21 de agosto eran un intento por terminar las dos décadas de supervisión de los tribunales. El gobierno mencionó que las nuevas reglas iban a ratificar los objetivos establecidos conforme el acuerdo Flores para proteger a los niños, pero iba a permitir que el gobierno detuviera niños y sus padres hasta que se pudieran definir sus casos de asilo.

Debido a que hay más de un millón de casos pendientes en los tribunales migratorios, a menudo se necesitan años para que concluyan. Los funcionarios del gobierno argumentan que para ese momento muchos migrantes habrán faltado a las citas en los tribunales, se les perderá la pista, y vivirán de forma ilegal en Estados Unidos.

“El acuerdo de conciliación Flores sigue en vigor y no se ha dado por terminado”, escribió Gee, una funcionaria que nombró el presidente Barack Obama, en un mandato judicial de dos páginas.

Gee señaló que las nuevas regulaciones “no logran implementar ni son consecuentes con” los términos del acuerdo, que se debe seguir cumpliendo.

Es probable que se apele el fallo, y a final de cuentas se le podría solicitar a la Suprema Corte que intervenga.

“El Departamento de Justicia está decepcionado de que el tribunal siga imponiendo el anticuado acuerdo Flores, incluso después de que el gobierno ha hecho exactamente lo que ha exigido el acuerdo: emitir una regla integral que protegerá a niños vulnerables, mantendrá unidas a las familias y garantizará el debido proceso de las personas que están a la espera de un fallo sobre su estatus migratorio”, mencionó en un comunicado un vocero del departamento.

Funcionarios del gobierno habían señalado que las nuevas regulaciones iban a cumplir con las estipulaciones del acuerdo Flores para garantizar que los niños que estuvieran bajo la custodia del gobierno fueran “tratados con dignidad, respeto y una atención especial para su vulnerabilidad particular”.

No obstante, los abogados de los grupos que demandaron en nombre de los niños migrantes señalaron que las nuevas reglas no cumplían con los requisitos. Si las adoptaran tal cual están escritas, esas reglas “serían un golpe mortal para los derechos y protecciones cruciales que el acuerdo confiere a niños vulnerables”, advirtieron en documentos presentados ante un tribunal.

Después del fallo, Carlos Holguin, quien ha litigado el caso desde 1985, mencionó: “Estamos satisfechos de que la corte haya fallado de esa manera para proteger a los niños de los peores excesos de la detención relacionada con la inmigración”.

Además de eliminar el límite de tiempo a los niños detenidos, las regulaciones propuestas también habrían permitido que el gobierno no tuviera la obligación de obtener una licencia del estado para tener instalaciones de detención seguras con niños migrantes en custodia. Los estados a menudo tienen requisitos severos para cosas como programas de educación, atención médica y recreación.

Los abogados del gobierno aseguraron que las nuevas regulaciones aún permitirían la supervisión de los estados.

En una breve audiencia celebrada el viernes antes de emitir su fallo, Gee señaló claramente su intención de declarar que las nuevas regulaciones del gobierno incumplían el decreto de consentimiento, el cual deben cumplir a menos que sea remplazado con una legislación aprobada en el Congreso.

“Como funcionario judicial, dígame, ¿cómo es que las regulaciones no son inconsecuentes con el acuerdo de conciliación?”, la jueza le preguntó a un abogado del Departamento de Justicia. “Si usted me dice que afuera es de noche no significa que no es de día”.

“El Congreso de Estados Unidos podría promulgar leyes para derogar el decreto de consentimiento”, agregó pero, hasta entonces, el gobierno “lo debe respetar”.

La jueza también mencionó que se estaba ciñendo a leyes contractuales básicas para defender el acuerdo Flores.

“Mi obligación es ver que se cumpla un acuerdo al que accedieron las partes”, afirmó.

El abogado del gobierno, August. E. Flentje, dijo que habían cambiado las circunstancias desde 1997, y de ahí el llamado al tribunal para ejercer “flexibilidad” al momento de considerar las nuevas reglas.

Además del intento por actualizar las normas de detención para los niños migrantes, desde hace poco tiempo, el gobierno de Trump ha tomado medidas para dificultar más que los migrantes entren a Estados Unidos.

Trump ha firmado acuerdos con México Guatemala, Honduras y El Salvador para alentar a esos países a recibir a más migrantes que están en busca de asilo y ha presentado una política que prohíbe a los migrantes buscar asilo en Estados Unidos a menos que lo hayan buscado y no lo hayan obtenido en un país por el que hubieran pasado en su viaje. El gobierno también ha obligado a más de 45.000 personas a esperar en pueblos fronterizos de México por sus citas en los tribunales de Estados Unidos.

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