Este lunes, el gobierno de Trump inició una fuerte crítica a lo que describió como una respuesta floja de Europa a la crisis en Venezuela, revitalizando peticiones para sanciones más severas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y más ayuda para los refugiados.
La crítica, realizada mientras los líderes llegaban a la Asamblea General de las Naciones Unidas, buscaba revitalizar el apoyo mundial a los líderes de la oposición venezolana, quienes desde enero han intentado sacar a Maduro del poder.
Muchos funcionarios europeos estuvieron de acuerdo en que se debe hacer mucho más para ayudar a los casi siete millones de venezolanos que necesitan urgentemente alimento, agua potable y suministros médicos. Sin embargo, se quedaron muy cortos a la hora de apoyar nuevas sanciones contra Maduro y sus partidarios, incluyendo algunos que tienen bienes en Europa.
El número de refugiados que huyen de Venezuela —el cual se espera llegue a cinco millones para finales de 2019— “es aterrador”. Así lo expresó la diplomática de la Unión Europea Edita Hrda, en un foro del Atlantic Council en Nueva York. Hrda afirmó que la atención a Venezuela se ha limitado en gran medida al hemisferio occidental y señaló que uno de los objetivos de una conferencia en Bruselas a realizarse a finales de octubre será la planificación para ampliar ese apoyo.
Eso motivó una respuesta de John Barsa, quien supervisa la ayuda a Venezuela de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés). Barsa relató haber conocido el mes pasado en un pueblo fronterizo colombiano, a una mujer venezolana embarazada que necesitaba asistencia.
“Lo primero que me dijo no fue: ‘¿Cómo va la planificación de la conferencia?’”, afirmó.
Barsa comentó que el hemisferio occidental “nunca ha visto la miseria humana a un nivel tan abrumador. La comunidad internacional no puede hacerse de la vista gorda con esta tragedia humanitaria”.
Horas después, diplomáticos de alto nivel de Estados Unidos y América Latina votaron por iniciar un proceso jurídico, basado en el pacto interamericano de defensa mutua denominado Tratado de Río, para imponer sanciones regionales adicionales contra la presidencia de Maduro. A principios de este mes, el gobierno de Trump respaldó el uso del Tratado de Río. La última vez que fue invocado fue tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.
De las 19 naciones firmantes del tratado, 16 votaron a favor de investigar extensamente y sancionar a individuos conectados al gobierno de Maduro acusados de lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada transnacional.
Uruguay votó contra la medida, Trinidad y Tobago se abstuvo y Cuba no estuvo presente.
“Tenemos claro que las situaciones especiales requieren respuestas especiales”, afirmó Ernesto Araújo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Según Araújo, la crisis en Venezuela “incluye componentes claros y crecientes que amenazan la paz y la seguridad de nuestra región”.
El tratado permite que se aplique presión diplomática adicional y sanciones económicas en contra de quienes se consideren infractores, como aquellos implicados en el crimen organizado. También deja abierta la posibilidad de una respuesta militar, aunque funcionarios estadounidenses sostienen que eso no está contemplado en la actualidad. El jefe diplomático de la oposición venezolana, Julio Borges, expresó este lunes la necesidad de que el proceso avance “paso a paso”.
Este miércoles, el presidente Donald Trump liderará una reunión sobre Venezuela en las Naciones Unidas, en lo que será su paso más visible en la campaña de presión de Estados Unidos contra Maduro. Ese esfuerzo ha incluido múltiples rondas de sanciones; apoyo al anuncio de Juan Guaidó, líder de la oposición, de ser presidente interino; y, más recientemente, intentos para convencer a Europa de que intensifique sus propias sanciones contra los funcionarios leales a Maduro.
Los funcionarios europeos se habían comprometido a ampliar las sanciones económicas contra el gobierno de Maduro luego de que la mesa de diálogo auspiciada por Noruega colapsara la semana pasada. Un alto funcionario de Estados Unidos, quien pidió permanecer en el anonimato para poder hablar sobre asuntos de diplomacia confidencial con franqueza, afirmó el lunes que no se esperan nuevas sanciones europeas hasta mediados de octubre, como muy temprano.
Los funcionarios europeos meditaron ser los primeros en usar sanciones para penalizar a Maduro por violación de derechos humanos, debido a la muerte, en junio, de un capitán de la Armada de Venezuela que había sido acusado de conspirar para una rebelión.
Estados Unidos y una amplia mayoría de los países de América Latina están también presionando para que se congelen las cuentas bancarias y otros activos que funcionarios aliados de Maduro tienen en Europa, lugar al que, según el alto funcionario estadounidense, algunos de ellos han mudado a sus familias para que vivan cómodamente, lejos de las condiciones precarias de Venezuela.
El diplomático español Juan Pablo de Laiglesia afirmó que Europa seguía considerando emitir nuevas sanciones contra Venezuela a causa de las violaciones a los derechos humanos por la muerte del capitán de la Armada, cuyos abogados acusan al gobierno de haberlo torturado.
Con respecto a mayores sanciones contra los funcionarios de Maduro y sus activos en Europa, de Laiglesia afirmó que “dependerá de cómo evolucione la situación”.
*Copyright: c. 2019 The New York Times Company
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