El gobierno de Trump anunció el jueves un cambio en sus políticas con el que se reanudaría un programa que permitía que algunos inmigrantes permanecieran en el país sin temor a ser deportados mientras se sometían a tratamientos médicos para salvarles la vida.
El fin inesperado el mes pasado de gran parte del llamado programa de acción diferida generó indignación en la sociedad y una fuerte condena por parte de la élite médica. Entre las personas a las que les ordenaron irse del país en 33 días o enfrentarse a la deportación se encontraba María Isabel Bueso, que había participado en ensayos clínicos que llevaron a la aprobación de un medicamento para extender la vida de los pacientes que sufren su mismo trastorno genético inusual.
La semana pasada, Bueso y otros jóvenes inmigrantes con enfermedades graves le dijeron a un subcomité de supervisión de la Cámara de Representantes que su vida dependía de permanecer en el país y rogaron que reanudaran el programa.
El Departamento de Seguridad Nacional le informó al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que, por órdenes de Kevin McAleenan, secretario en funciones, reanudaría la consideración de solicitudes para obtener aplazamientos. Un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que originalmente había eliminado el programa, confirmó la decisión.
Bueso y otras personas habían recibido en agosto cartas de la agencia, la cual adjudica beneficios migratorios, en las que les informaban que sus solicitudes para quedarse en el país habían sido denegadas. Eso atrajo críticas por parte de abogados, legisladores demócratas y médicos, quienes dijeron que les habían impuesto una sentencia de muerte a sus pacientes.
Unas cuantas semanas después, el gobierno señaló que reabriría los casos de las personas que habían recibido respuestas negativas y les envió cartas para notificárselo. Sin embargo, no les especificó si habían aceptado sus solicitudes ni aclaró lo que debían hacer los demás solicitantes. Tan solo señaló que otra agencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, consideraría los casos. Sin embargo, esa agencia, que se encarga de las deportaciones, le dijo a The New York Times que no la habían consultado y que no estaba preparada para realizar esa función.
La representante Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, escribió una carta firmada por más de 120 miembros del Congreso con la que exigieron respuestas por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Después hizo un llamado para llevar a cabo una audiencia de emergencia sobre la eliminación del programa.
El jueves, Michael Anderson, presidente del Hospital Infantil Benioff en la Universidad de California, campus San Francisco, donde Bueso recibe un tratamiento semanal, dijo: "Esperamos que se aplique la medida en los casos de todos los pacientes que necesitan atención médica para seguir con vida, incluyendo a nuestra paciente Isabel Bueso y a otros niños que se encuentran en la misma situación".
Bueso, que tiene una deficiencia de enzimas que provoca enanismo y otras deformidades físicas, ha estado en el país desde que tenía 7 años para recibir tratamiento y participar en estudios médicos adicionales; ha renovado su estatus de acción diferida cada dos años. Sus padres pagan un seguro médico privado para cubrir los cuidados que recibe.
"Como no hemos recibido una confirmación oficial de que nuestro caso de acción diferida será aprobado, nos mostramos precavidamente optimistas respecto de esta noticia", comentó Bueso.
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