LA PAZ — Los incendios masivos que afectan a la Amazonía boliviana, y que ya han consumido 2,1 millones de hectáreas en lo que va del año, incomodan al presidente Evo Morales en dos sentidos. Revelan que no es el líder que defiende a la madre tierra —como le gusta presentarse ante la opinión pública internacional— y la emergencia es de tal magnitud que podría afectar incluso sus aspiraciones presidenciales, que se definirán en las elecciones del 20 de octubre.
Morales actuó tarde ante los incendios y luego dijo que las protestas de los activistas medioambientalistas y ciudadanos eran "chistosas". Sin embargo, la presión de la opinión pública y la alarma internacional lo hicieron tomar mayor interés en el suceso y lo llevaron a aceptar la cooperación internacional, que empezó a llegar al país a fines de agosto en forma de helicópteros para controlar el fuego y recursos económicos.
Los enormes incendios han colocado al centro de la campaña electoral algo que había estado ausente hasta ahora: el modelo de desarrollo agropecuario empleado en Bolivia. Debatir ese modelo, que destruye los bosques y, por lo tanto, afecta al equilibrio ecológico, era urgente en el país: no produce necesariamente alimentos —las plantaciones principales son de soya— y, en general, beneficia a un puñado de grandes empresarios, y no a los productores pequeños.
Actualmente, Morales lidera los sondeos con alrededor del 35 por ciento de la intención de voto. Si alcanzara 40 por ciento y más de diez puntos de ventaja sobre el segundo candidato —el expresidente Carlos Mesa, que ronda el 27 por ciento—, ganaría la presidencia en la primera vuelta. Pero el daño político causado por los incendios podría estar ya hecho y no se debe descartar que futuras encuestas reflejen una caída en la intención de voto a Morales.
Si la oposición logra forzar una segunda vuelta, las posibilidades de Morales se reducirían considerablemente y por ello la caída de su popularidad en solo unos puntos pone en riesgo su permanencia en el poder.
La cuarta postulación de Morales no ha estado exenta de controversia: la constitución no permite más de dos mandatos consecutivos y el resultado del referéndum de 2016 fue claro, la mayoría de los bolivianos rechazó que el presidente contendiera por cuarta ocasión. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Constitucional le permitieron participar.
Morales llegó a la presidencia en 2006 con una imagen de protector de la pachamama que lo hizo popular en el mundo. Pero en su gobierno ha aprobado una decena de medidas que flexibilizan las normas para ampliar la frontera agrícola y permiten las actividades mineras y petroleras en zonas protegidas y parques nacionales.
En julio, Morales autorizó la ampliación de nuevos desmontes y quemas controladas de tierras para habilitarlas para la agricultura y ganadería. Esos permisos abarcan también al departamento del Beni, en la frontera con Brasil, que en el pasado estaba protegido de actividades agrícolas. Justo después de la firma de ese decreto polémico, empezaron los grandes incendios.
Aunque los incendios en Brasil han cooptado la atención del mundo, los incendios en Bolivia son aún más extensos que los de su vecino, y su efecto es proporcionalmente mucho mayor por el tamaño de su territorio. Las mismas políticas permisivas de ampliación de la frontera agrícola se han acelerado en los últimos años en Brasil, donde también hay una emergencia por los incendios. No hay mayor diferencia entre las posiciones desarrollistas de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño de derecha, y las del supuestamente progresista Morales. Ambos alientan el trabajo de las agroempresas, promueven el biodiésel, aceptan las quemas como método de habilitación de tierras y atacan las posiciones de los medioambientalistas.
El mandatario boliviano ha pactado en los últimos años con los empresarios agroindustriales, con los que al inicio de su gobierno había chocado frontalmente, y aceptó aumentar la deforestación, autorizó cultivos transgénicos asociados a la producción de biodiésel y permitió el cambio de uso de suelos en amplias zonas tropicales del país.
Las flexibilizaciones aprobadas por Morales han agravado la deforestación. Con Morales en el poder, la destrucción de bosques ha aumentado: antes de su llegada a la presidencia, la deforestación era de 200.000 hectáreas al año; recientemente, llegó a 350.000 hectáreas.
Un estudio de Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) estableció que la deforestación per cápita durante 2016 y 2017 en Bolivia fue de 310 metros cuadrados por persona al año, muy alto comparado con el promedio mundial de nueve metros cuadrados por persona. Y la Global Forest Watch, que monitorea la deforestación en el mundo, reveló que Bolivia es el quinto país del planeta con más pérdida de bosques.
Morales no es el único del gobierno con una visión extractivista y desinteresada por el medioambiente. El vicepresidente Álvaro García Linera se ha burlado reiteradamente de los activistas de ese sector, a quienes ha calificado de ser parte de una "izquierda deslactosada". En una ocasión dijo que las áreas protegidas son un "invento de los gringos y las dictaduras". García Linera, quien se presenta como un teórico marxista, declaró que "la principal responsabilidad está en el norte y nos hemos opuesto a ser los guardaparques de las economías del norte". Ante los gigantescos incendios que se extienden por toda la Amazonía, esas palabras deben perseguir al gobierno.
La oposición espera que los electores sigan preocupados por este tema hasta el día de los comicios. Si los incendios persisten, como todo indica que ocurrirá, por un par de semanas más, el perjuicio a la campaña de Morales, aún leve, podría ser crucial. El oficialismo ha contraatacado y ha señalado que Carlos Mesa, durante su breve gobierno entre 2003 y 2005, tampoco controló las quemas y desmontes.
Mesa y Morales han prometido que, en caso de ganar la presidencia, reducirán la habilitación de bosques para la agricultura y la ganadería. Deben comprometerse a hacerlo, no solo con declaraciones, como han hecho antes. Los votantes deben estar atentos a no recibir solo promesas, sino compromisos serios. Para ello, la presión de la comunidad internacional en Bolivia será vital para exigirle al próximo gobierno a cumplir su palabra. Nunca más un gobernante puede decir que estos temas son "chistosos".
Raúl Peñaranda U. es director del portal de noticias Brújula Digital y autor, entre otros libros, de Control remoto.
*Copyright: c. 2019 The New York Times Company