El organismo anticorrupción de Guatemala inspiró a Latinoamérica, pero es posible que no sobreviva a las elecciones

Nic Wirtz colaboró en este reportaje.

CIUDAD DE GUATEMALA — Varios integrantes de la élite política de Guatemala, que alguna vez fueron intocables pero hoy están encerrados en las barracas de una base militar, preparan su regreso al poder.

Expresidentes, ministros, diputados, jueces y empresarios encarcelados gracias a una lucha de años contra sobornos e impunidad pasan las horas muertas haciendo jardinería, afinando guitarras, estudiando inglés, cocinando para visitantes dominicales… y alistando una campaña para poner fin a las investigaciones anticorrupción que los llevaron a prisión.

El blanco de esa campaña es un pánel de investigadores internacionales, respaldado por las Naciones Unidas, que ha liderado una de las luchas más efectivas contra la corrupción en América Latina y que ha sido ejemplo en una región que batalla para atajar la corrupción que origina gran parte de la desigualdad y la violencia.

La comisión trabaja en conjunto con los procuradores guatemaltecos y tiene como misión fortalecer las instituciones de la frágil democracia establecida después de décadas de regímenes militares y de la guerra civil de 36 años de duración.

Las personas acusadas tienen un poderoso aliado: el actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales. Aunque durante su campaña se presentó como un hombre reformista, cuando él y sus familiares fueron señalados de haber cometido crímenes por los investigadores, cambió rápidamente de opinión.

Desde entonces ha escalado la ofensiva contra el pánel anticorrupción, lo que amenaza el Estado de derecho en el país, dijo Iván Velásquez, el encargado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

"Los empresarios que fueron acusados, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; todo el gobierno: la pretensión es obtener impunidad", dijo Velásquez. Para eso "tienen que permanecer con el control del Estado".

A un mes de la primera vuelta presidencial de junio, los prisioneros y sus aliados están conspirando para ganar las elecciones y así poder asegurarse de que la Cicig desaparezca.

Quedaron un paso más cerca de su meta el 15 de mayo gracias a una decisión de la Corte de Constitucionalidad: Thelma Aldana, la exfiscala y la única de los candidatos presidenciales más conocidos que respalda a la Cicig, no podrá postularse para las elecciones.

Eliminar de la contienda a Aldana, quien fue elogiada a nivel internacional por su participación en la lucha anticorrupción, vuelve casi una certeza que la Cicig dejará de existir cuando termine su mandato este septiembre, según afirma Alexander Aizenstadt, abogado experto en Derecho Constitucional.

Aizenstadt sostiene que el impulso en contra de la corrupción ha sido tan popular entre los guatemaltecos que quien resulte electo no podría eliminar la Cicig sencillamente. Pero el abogado también advierte que un posible sustituto terminaría por ser un organismo débil y solamente tomaría algunos pasos "para apaciguar el sentir público".

La supervivencia de la Cicig tiene grandes implicaciones, y no solamente dentro de Guatemala.

Desde que fue establecida hace doce años, la comisión ha procesado más de cien casos y ha presentado cargos contra unas setecientas personas involucradas en más de sesenta redes criminales; en el transcurso se ha ganado la simpatía de muchos guatemaltecos que han salido a protestar a las calles en su defensa. Durante la campaña presidencial, con diversas encuestas que muestran una desconfianza hacia el gobierno y los políticos, la Cicig suma el respaldo de más de la mitad de la población.

Si los recientes esfuerzos contra la corrupción en Guatemala son frenados, se sentiría el efecto hasta en Estados Unidos, donde la política hacia la región se ha enfocado en detener el flujo de narcóticos y el éxodo de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia. No será posible combatir esos problemas si no hay un Estado de derecho, afirmó William Brownfield, investigador sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y quien fue subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

"El trabajo de la Cicig sí llega a las causas de la migración, de las pandillas, de temas relacionados a las drogas", dijo Brownfield.

Los países vecinos de Guatemala también ven a la Cicig como un modelo. En Honduras un organismo similar, aunque con menos fuerza, ha revelado redes de corrupción entre diputados. El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, también ha propuesto la creación de una comisión contra la impunidad y el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció el 13 de mayo el establecimiento de una comisión técnica con cinco especialistas internacionales.

Sin embargo, los desafíos para el Estado de derecho en la actualidad sugieren que los avances contra la corrupción siguen siendo muy frágiles, no solo en Guatemala sino en buena parte de América Latina. El desagrado que va en aumento entre la gente respecto a los sobornos y la falta de gobernanza ayudaron a impulsar investigaciones que destituyeron a presidentes y encarcelaron a directores empresariales, pero también generaron una feroz resistencia por parte de quienes detentan el poder.

En Guatemala, políticos, líderes empresariales y las fuerzas armadas se han unido para luchar contra la comisión. Argumentan que el involucramiento de extranjeros (Velásquez es colombiano) en las investigaciones de Guatemala socavan la soberanía del país. También critican el uso de informantes que tiene la comisión y denuncian que se viola la presunción de inocencia de quienes son acusados. Sobre todo, dicen que los procesos de la Cicig están politizados.

"Yo me siento un secuestrado político", afirmó Carlos Vielmann, exministro de Gobernación. Ayudó a negociar el acuerdo con la ONU para la llegada de los fiscales internacionales y luego fue uno de los acusados por la comisión, tras lo cual terminó como reo en el centro de detención preventivo creado expresamente en la base Brigada Militar Mariscal Zavala, que está ubicada en Ciudad de Guatemala. Vielmann pasó seis meses ahí y fue liberado bajo fianza a principios de mayo.

Las iniciativas para eliminar la comisión internacional han desatado una crisis constitucional desde hace varios meses.

En agosto, el presidente Morales anunció que no iba a renovar el mandato de dos años de la Cicig, el cual vence este septiembre. Luego intentó bloquear sus labores durante su último año de vigencia.

Morales expulsó a Velásquez, el comisionado, en septiembre y declaró cuatro meses después que Guatemala se iba a salir por completo del acuerdo con la ONU. Cuando su orden de expulsión fue revertida por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, la instancia más alta en el país, los opositores del tribunal intentaron denunciar a los tres jueces que habían protegido de manera mayoritaria a la Cicig.

Por ahora, la Cicig —que Velásquez aún encabeza desde el extranjero— y el Ministerio Público han continuado sus labores. El pasado 7 de mayo acusaron al ministro de Economía, a un candidato presidencial y a seis diputados de formar parte de un esquema para la compraventa de votos en el congreso con la finalidad de avanzar ciertas leyes y nombramientos judiciales entre 2012 y 2015. Todos los acusados niegan ser responsables.

La campaña en contra de la Cicig y la Corte de Constitucionalidad están poniendo "en riesgo la democracia y violando la constitución", dijo Édgar Gutiérrez, analista y excanciller que propuso inicialmente que Guatemala buscara ayuda internacional para el tema anticorrupción.

Esa campaña también ha envalentonado a otros que intentan revertir los avances recientes en contra de la impunidad y la corrupción.

Durante el último año, el Ministerio de Gobernación hizo cambios sustanciales en el liderazgo de la Policía Nacional Civil con los que hizo a un lado a comandantes profesionales que recibieron capacitación estadounidense. En el congreso está cerca de aprobarse un paquete de amnistía a militares que están sentenciados o acusados por crímenes de lesa humanidad en la guerra civil. "Se está dando un vuelco ideológico", dijo Fernando Linares, diputado que propuso la medida de amnistía.

La Cicig inició como un experimento en 2007, cuando el gobierno guatemalteco acudió a las Naciones Unidas para pedir su ayuda con el fin de controlar las redes criminales y militares que habían tomado el control de partes del Estado.

Además de proveer mejores prácticas técnicas, establecer cortes especializadas y proponer nuevas leyes para acelerar las investigaciones, la presencia de la Cicig fortaleció la independencia de la fiscalía general al ser un amortiguador contra las presiones políticas.

"Creo que en nuestros países en América Latina, las fiscalías se encuentran muy ligadas al poder político y al poder económico", dijo Velásquez, quien estuvo a cargo de investigaciones sobre vínculos entre políticos y grupos paramilitares en Colombia. "Eso limita sus acciones", agregó.

La llegada de Velásquez a Guatemala, en 2013, y el nombramiento de Thelma Aldana el año siguiente aceleraron las investigaciones.

Los casos que presentaron dieron la imagen de un país donde los sobornos y el desvío de recursos eran una parte casi intrínseca de cómo se atendían los asuntos del gobierno y de las vidas que se habían perdido por la corrupción, como en el caso de los contratos irregulares para la compra de equipo médico de diálisis por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

En 2015, Aldana imputó al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por ser parte de una red de defraudación fiscal, cargos que ambos rechazaron. Los guatemaltecos estuvieron protestando durante meses en las calles.

Pérez Molina terminó renunciando y el repudio hacia la corrupción en el poder impulsó a Morales, antes un comediante de televisión, a la presidencia. Prometió trabajar junto con Velásquez.

Rápidamente surgieron tantos casos que los guatemaltecos empezaron a llamar "jueves de Cicig" a las conferencias de prensa semanales.

La gran cantidad de casos desbordó la capacidad de las cortes, lo que provocó que muchos sospechosos pasaran meses, hasta años, detenidos en la base militar antes de ser enjuiciados.

A pesar de los casos contra individuos poderosos, muchas redes políticas establecidas en el congreso y en los gobiernos locales se mantienen. Algunos jueces corruptos también siguen en sus cargos.

Luego la familia de Morales también fue investigada por la Cicig. Primero acusaron de fraude al hijo y al hermano del presidente; ellos niegan esos cargos.

Luego la Cicig empezó a revelar esquemas de financiamiento ilegal de campaña. El presidente, el único funcionario con el poder para poner fin al mandato de la comisión, empezó a ser investigado, al igual que algunos de los empresarios más poderosos del país. La Cicig comenzó a tener enemigos muy influyentes como Remigio Ángel González quien, como propietario de cinco televisoras, tiene un monopolio virtual de las noticias por televisión. Alba Elvira Lorenzana, esposa de González, está acusada de hacer donaciones de campaña ilegales a Pérez Molina, el exmandatario encarcelado.

Aparentemente, los casos de financiamiento ilegal de campaña acabaron con el respaldo que los empresarios le habían dado a la Cicig.

"Mostramos una preocupación, porque en algunos casos la comisión estaba teniendo una intervención en debates públicos que excedían propiamente su mandato", dijo Roberto Ardón, director ejecutivo de la poderosa organización empresarial Cacif.

El gobierno y quienes se oponen en el congreso a la Cicig —más del 20 por ciento de los diputados enfrentan algún cargo de corrupción— también lograron socavar el compromiso de Estados Unidos con la comisión al cultivar el apoyo de funcionarios del gobierno de Trump y dejando de lado a los profesionales del Departamento de Estado que durante mucho tiempo han apoyado a la comisión.

A medida que se acercan las elecciones, el entusiasmo que hace cuatro años hizo que muchos guatemaltecos salieran a las calles para manifestarse contra la corrupción ha sido remplazado por la aceptación de que se necesitará mucho más que un nuevo presidente para cambiar las estructuras de poder.

"Cambiar una dinámica de siglos no es tan fácil", dijo Álvaro Montenegro, uno de los organizadores de las protestas callejeras de 2015. "No es que va a pasar de un día para otro. Pero se va a dar un cambio".