Europa limita a los gigantes tecnológicos y desata temores sobre libertad de expresión

LONDRES — En España, activistas han sido sentenciados por sus publicaciones en redes sociales porque se consideraba que violaban una ley antiterrorismo general. Las cuentas de Twitter de unos ciudadanos alemanes fueron bloqueadas debido a reglas promulgadas en 2018 sobre el discurso de odio. Además, un tribunal neerlandés determinó que Google debe eliminar los resultados de búsqueda sobre una cirujana castigada por negligencia, con tal de cumplir una ley de privacidad.

En los últimos cinco años, Europa —proclamado como el lugar que más vigila a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley— ha tomado acciones contra el contenido violento, el discurso de odio y la desinformación en internet a través de una serie de leyes y regulaciones nuevas. Ahora hay dudas acerca de si las autoridades de la región están yendo demasiado lejos, pues hay denuncias de que las reglas sirven para la censura y de que ayudan a algunos gobiernos a asfixiar a la disidencia.

Las consecuencias no deseadas quizá se agraven a medida que los gobiernos europeos propongan más leyes y políticas para restringir qué tipo de comunicaciones pueden compartirse en línea. En abril, el Reino Unido propuso designar un regulador de internet que tendría la autoridad para bloquear sitios web que considere nocivos. La Unión Europea está debatiendo de manera independiente una ley que exigiría a las empresas tecnológicas eliminar rápidamente contenido relacionado con el terrorismo en internet.

Con el conjunto creciente de leyes europeas, "habrá un estándar más bajo para la protección de la libertad de expresión", dijo David Kaye, profesor de Derecho en la Universidad de California, Campus Irvine. En su papel como relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de las Libertades de Expresión y O pinión, parte de la labor de Kaye es detectar iniciativas gubernamentales que busquen restringir esas garantías. A decir de Kaye, las reglas europeas erosionan la que había sido una creencia compartida entre democracias occidentales de evitar la censura en las publicaciones de las redes sociales, los videos de YouTube y los foros de diálogo y otros tipos de contenido en internet.

El debate en Europa ilustra las dificultades que enfrentan los gobiernos al intentar regular el material más corrosivo en internet sin suprimir la expresión individual. Es un tema que también se ha visto en otras partes del mundo a medida que los países también se disponen a aprobar nuevas leyes o a imponer restricciones respecto al material publicado en línea.

"El nuevo campo de batalla es el internet".

En Sri Lanka, las autoridades bloquearon todo el acceso a las redes sociales después de que se llevaran a cabo ataques terroristas coordinados en abril, en los que murieron cientos de personas. Nueva Zelanda y Australia impusieron restricciones a las empresas tecnológicas después de la masacre en marzo de cincuenta personas en dos mezquitas en Nueva Zelanda, donde el perpetrador utilizó las redes sociales para divulgar su mensaje. Singapur también ha propuesto una ley con miras a frenar la información engañosa o falsa; según los detractores de esa medida, podría usarse para acallar a la oposición. Además, India está considerando nuevos poderes para que las autoridades puedan eliminar contenido digital.

Las mismas empresas tecnológicas están pidiendo más regulaciones. En marzo, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook, urgió al congreso estadounidense a establecer reglas para la red social porque dijo que "sería útil describir claramente cuáles son las responsabilidades que queremos que tengan las empresas, los gobiernos y los usuarios".

Dimitris Avramópulos, integrante de la Comisión Europea que promueve una supervisión más estricta del internet, dijo que la posibilidad para que un gobierno intervenga es una respuesta apropiada para la manera en que las redes sociales han sido usadas para ensalzar el terrorismo, manipular elecciones y divulgar ideologías de odio. "El nuevo campo de batalla es el internet", comentó.

No obstante, algunos europeos están lidiando con las repercusiones.

Jörg Rupp, un trabajador social y activista político de 53 años en la ciudad alemana oriental de Malsch, dijo que se vio afectado por las nuevas leyes europeas. En enero de 2018, publicó un tuit con la letra modificada de una canción alemana llamada "El cerdo anarquista", en el que agregó expresiones peyorativas acerca de los solicitantes de asilo y la canciller Angela Merkel.

En cuestión de tres horas, su cuenta de Twitter fue bloqueada. Alemania tiene una de las leyes en contra del discurso de odio más estrictas del mundo, la Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Ley de Aplicación de Redes), que había entrado en vigor poco antes de que Rupp publicara su tuit. La ley exige que las empresas de internet eliminen material ofensivo en cuestión de veinticuatro horas o enfrenten multas de hasta 50 millones de euros (alrededor de 56 millones de dólares).

Rupp dijo que el tuit era satírico, un intento de usar el lenguaje de los grupos de extrema derecha para exhibir su crueldad. "En este momento es peligroso ser irónico", comentó. "Eso no es bueno para la libre expresión".

Wolfgang Schulz, director del área de investigaciones del Instituto Alexander von Humboldt para el Internet y la Sociedad, en Berlín, dijo que la ley alemana no ha llevado al bloqueo generalizado de contenido en línea como algunos habían temido en un principio. No obstante, comentó que sí plantea preguntas acerca de exigir que las empresas moderen el discurso de sus usuarios, en vez de que lo hagan los tribunales u otras instituciones públicas. Ante la presión política para limpiar sus plataformas, "la opción más sencilla es eliminar el contenido", comentó.

Mediante una declaración, Twitter dijo: "La libertad de expresión es nuestro principio guía fundamental. La regulación debe encontrar un equilibrio adecuado entre mantener segura a la gente en línea y preservar sus derechos humanos indisociables, además de proteger la naturaleza de un internet abierto y libre". Google y Facebook rechazaron hacer comentarios.

La experiencia de Rupp se ha visto en otras partes, de acuerdo con organizaciones. Amnistía Internacional dijo que más de sesenta personas habían sido sentenciadas en España por lo que publicaron en línea conforme a una ley antiterrorismo que fue ampliada en 2015 para incluir el contenido de las redes sociales.

Una de ellas fue Cassandra Vera. Tenía 21 años cuando la sentenciaron las autoridades españolas en 2017 por tuits en los que dijo que estaba bromeando sobre el grupo ETA y el asesinato de un miembro de la dictadura de Francisco Franco. "No había hecho nada malo, pero me detuvieron cuando en realidad soy una persona inocente", dijo Vera, cuya sentencia de un año fue suspendida después de que su caso se convirtió en un escándalo respecto al debate sobre la libertad de expresión en España.

Un estándar europeo de privacidad de 2014, conocido como el "derecho al olvido" que permite que la gente solicite a Google que elimine los resultados de búsqueda que la menciona, también ha sido criticado por bloquear material legítimo. Desde 2016, los diarios en Bélgica e Italia han eliminado artículos de sus archivos bajo la nueva ley. El año pasado también le ordenaron a Google que dejara de incorporar algunos resultados de búsqueda, incluida información de 2014 acerca de una doctora neerlandesa que fue suspendida por negligencia médica, según informó The Guardian.

Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, dijo que los incidentes eran una advertencia. Los esfuerzos regulatorios de Europa quizá balcanicen el internet, donde el contenido disponible en línea cambia a partir de la localización de los usuarios, comentó.

"A diferencia de un recurso global en el que estamos compartiendo información y conocimiento, terminamos con algo severamente paralizado", comentó.

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