Las nuevas normas, dadas a conocer en un motu proprio o una ley decretada por el mismo pontífice, entrarán en vigor el 1 de junio y son experimentales, en el sentido en que serán reevaluadas después de un periodo de prueba de tres años.
La ley, titulada Vos estis lux mundi (Ustedes son la luz del mundo), obliga a los obispos u otros jerarcas de la iglesia a que reporten a sus superiores cualquier acusación creíble de abuso.
Jerarcas del Vaticano y simpatizantes de Francisco dijeron que al dar a todas las iglesias locales reglas sobre cómo reportar conductas inapropiadas, el papa estaba en efecto escribiendo la rendición de cuentas para los obispos en la ley eclesiástica. Hasta ahora, las prácticas de reporte e investigación han diferido ampliamente de país a país, incluso de diócesis a diócesis.
La ley se relaciona con el abuso sexual de menores de 18 años, de adultos vulnerables que tienen una discapacidad física o mental y de personas de quienes se saca provecho porque se encuentran en posiciones en las que no pueden ejercer su completa autonomía. También abarca la creación, posesión o uso de pornografía infantil.
Si estos delitos son encubiertos por obispos u otros jerarcas de la iglesia, o si esos jerarcas tenían la intención de “interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas”, escribe Francisco, entonces ellos también estarán sujetos a ser investigados.
El fracaso de la iglesia para hacer que los obispos y los altos mandos eclesiásticos rindan cuentas por encubrir el abuso sexual ha generado una enorme frustración y repercusiones dentro y fuera de la iglesia.
Francisco reconoció ese daño en la nueva ley.
Para asegurar que los abusos eclesiásticos “en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia”, escribió Francisco. “Por tanto, es bueno que se adopten a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles”, agregó.
Las víctimas de abuso y sus defensores probablemente se sientan decepcionados por las nuevas normas, las cuales no abordan los juicios de la iglesia o las sanciones por abuso y su encubrimiento, y en cambio se enfocan en los procedimientos. Para los fieles frustrados y otros enfurecidos por la falta de acción de la iglesia para abordar el abuso, la nueva ley era una modesta y largamente esperada aplicación del sentido común.
No obstante, el 9 de mayo, el máximo investigador de delitos sexuales, el arzobispo Charles Scicluna de Malta, dijo durante una conferencia de prensa en el Vaticano que la nueva ley representa un avance importante. Simpatizantes de Francisco dijeron que la ley enfrentó mucha oposición dentro del Vaticano, en donde muchos siguen sin convencerse de que el abuso es un problema extendido o creen que ya ha sido resuelto.
Scicluna dijo que la nueva ley universal hace valer un grado de responsabilidad al obligar a que se reporte el abuso, incluida la conducta inapropiada de líderes de la iglesia, y que brinda vías de reporte para asegurarse de que las quejas lleguen al papa o a las autoridades eclesiásticas relevantes.
“Nadie en el liderazgo está sobre la ley”, dijo Scicluna, y agregó: “No hay inmunidad”.
Scicluna dijo que décadas de experiencia han mostrado un “interés mal enfocado en proteger a la institución”, mientras que la nueva ley establece “la divulgación como la principal política de la iglesia”.
La ley no requiere que se reporte a las autoridades civiles —como muchos críticos, especialmente en Estados Unidos, han exigido— aunque permite que las conferencias episcopales nacionales promulguen dichas políticas. Scicluna dijo que “sería positivo” que las personas acudieran a la policía.
Los jerarcas de la iglesia han argumentado que un requerimiento universal para hacerlo sería impensable, porque en algunas partes del mundo, reportar el abuso sexual infantil —particularmente el abuso entre personas del mismo sexo— resultaría en la muerte de sacerdotes.
Scicluna dijo que la ley universal tenía que ser un factor en el gran conjunto de culturas representadas en más de doscientos países.
“No puede ser demasiado estricta”, dijo. “Porque de otra manera será inoperante”.
Poco después de ser electo en 2013, Francisco dijo que remediaría la erosión de confianza causada por los escándalos de abuso, pero el cambio ha sido lento. Francisco ha dado traspiés ocasionales, al decir en algunos momentos que él creía a los obispos más que a las víctimas, al cancelar la creación de un nuevo órgano de la iglesia con el objetivo de hacer que los obispos rindieran cuentas y al fallar en emprender acciones decisivas.
Muchas víctimas de abuso sexual han dicho que esta conversación les parece hueca. Su ira se ha desbordado el último año, entre los reportes de los jurados y las investigaciones sobre el abuso eclesiástico extendido en Estados Unidos, en donde uno de los principales cardenales del país, Theodore McCarrick, fue finalmente expulsado del sacerdocio por Francisco debido a sus abusos. Los escándalos también se han registrado en Chile y Australia, en donde el cardenal George Pell, un exasesor cercano de Francisco y alto jerarca del Vaticano, fue sentenciado en marzo a seis años en prisión por abuso sexual.
Los enemigos de Francisco dentro de la iglesia, quienes piensan que su enfoque inclusivo es dañino, han aprovechado la crisis por los abusos como un instrumento para afectar su papado, al exigir en cierto momento la renuncia del papa por su encubrimiento de las acciones de McCarrick y las de otros clérigos abusadores. Esa acusación no ha sido probada.
En respuesta a la presión, Francisco convino este año una reunión histórica en el Vaticano con líderes globales de la iglesia para educarlos sobre el fenómeno extendido que muchos de ellos todavía negaban, restaban importancia o parecían entender de manera equivocada.
La oficina de prensa del Vaticano dijo que la ley anunciada el jueves era producto de la reflexión durante y después de la reunión de febrero y que representaba “un compromiso mayor de la iglesia”.
Simpatizantes de Francisco, incluidos sus expertos en abordar el abuso sexual, dijeron que, a menos que el papa cuente con la cooperación de los obispos, la ley corría el riesgo de ser ignorada, lo que erosionaría su autoridad y dejaría al flagelo del abuso sin ser atendido.
“Deseo que este compromiso se implemente de manera plenamente eclesial”, escribió Francisco en la ley, “y que sea una expresión de la comunión que nos mantiene unidos, mediante la escucha recíproca, y abiertos a las aportaciones de todos los que están profundamente interesados en este camino de conversión”.
Las víctimas de abuso infantil y sus defensores, muchos de los cuales buscaron la expulsión del sacerdocio de los clérigos ofensores y los prelados que los encubrieron, dijeron que consideran profundamente decepcionante el resultado de la reunión de febrero en el Vaticano.
La nueva ley temporal le da a las diócesis de la iglesia un año para establecer oficinas y procedimientos para facilitar el reporte de abusos y para salvaguardar la privacidad y reputación de las víctimas de abusos.
Mediante las regulaciones, los sacerdotes y otros líderes de la iglesia con conocimiento de una acusación creíble de abuso son requeridos a reportarlo “inmediatamente” a sus superiores. El arzobispo local o prelado estará a cargo de la investigación, y se puede crear un fondo para financiarlo.
Hay críticos a que un clérigo de alta jerarquía en una región encabece una investigación, pues argumentan que eso permitirá a la iglesia investigar mejor a los obispos y hacer responsables a sus integrantes.
La ley permite que los arzobispos incluyan a expertos en la materia —o “personas calificadas”, en el léxico de la ley— para ayudar en las investigaciones. En ciertos casos un líder de la iglesia podría incluso delegar una investigación a una persona laica. Si un prelado considera que existe un conflicto de interés, debe recusarse y escalar la investigación al departamento vaticano correspondiente.
El investigador debe, de acuerdo con la ley, solicitar “información a las personas y a las instituciones, incluso civiles, que puedan proporcionar elementos útiles para la investigación”.
Francisco deja en claro que de ninguna manera la iglesia debe intervenir con las autoridades civiles.
“Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales”, escribe, “en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes”.
A los críticos les preocupa que sin un solo departamento dedicado a los casos de abuso, la infame burocracia vaticana impedirá respuestas efectivas.
No obstante, Francisco aclara que no puede haber esfuerzos para silenciar a las supuestas víctimas.
“Al que hace un informe no se le puede imponer alguna obligación de guardar silencio con respecto al contenido del mismo”, escribe, aunque aclara que “A la persona investigada se le reconoce la presunción de inocencia”.
Scicluna dijo en una breve entrevista el jueves que cuando se trata de la ecuación completa de resolver el abuso, la ley se relacionaba con las primeras partes de reportar y acusar.
Por ahora, la parte penal de la ecuación “permanece y da lugar a un mayor desarrollo”, dijo. Agregó: “Si eres culpable y has sido condenado por el abuso sexual de menores, no puedes ejercer el ministerio”.
Al preguntarle si él esperaba que Francisco emitiera tal desarrollo en la ley eclesiástica, respondió: “Espero que sí”.
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