A la revolución bolivariana se le acabó la energía

Con solo un vistazo a las fotografías de satélite de la NASA tomadas la noche del 7 de marzo, es posible observar la fuente inmediata del apagón nacional que dejó paralizada a Venezuela durante una semana: dos pequeños incendios, peligrosos por haberse iniciado muy cerca de algunas líneas esenciales de transmisión de energía eléctrica.

Si la imagen se abre, es posible observar Caracas, la capital de Venezuela, sumida en total oscuridad. El lunes 25 de marzo, otro apagón volvió a oscurecer Caracas y otras 16 entidades. El gobierno venezolano ha dicho que los apagones son culpa de múltiples ciberataques, pero por décadas —durante las presidencias de Nicolás Maduro y su antecesor, Hugo Chávez—, el sistema eléctrico ha sido desatendido.

Para identificar las causas reales por las que Venezuela tardó al menos cuatro días de marzo en restablecer el suministro de energía eléctrica, hace falta una visión más amplia que incluya a Estados Unidos. Sin duda, Chávez y Maduro son responsables de haber puesto al país en esta situación. No obstante, las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense han dejado al régimen de Maduro sin la capacidad de resolver la crisis eléctrica por su cuenta.

Las causas del primer apagón ahora son muy claras. Un informe exhaustivo escrito por el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela muestra que el apagón ocurrió a consecuencia de un incendio iniciado cerca de las tres líneas de transmisión de energía eléctrica del complejo hidroeléctrico de Guri, en la región sureste de Venezuela. Ese complejo cuenta con varias represas y estaciones eléctricas que producen en conjunto un 80 por ciento de la energía exportada al sistema nacional; por lo tanto, su desconexión puede producir un apagón nacional.

La falta de poda adecuada de la vegetación pudo haber aumentado las probabilidades de incendio, aunque este tipo de fenómenos pueden iniciarse casi en cualquier lugar. También hay que recordar que no se trató del primer apagón nacional ocurrido en Venezuela. En suma, el problema no radica tanto en el hecho de que haya ocurrido un apagón, sino en que las autoridades tardaron más de cuatro días en resolverlo.

Para reanudar el funcionamiento del sistema, es necesario activar los generadores de la represa y subestaciones ubicadas en lugares distantes del país. El problema es que solo alrededor de una quinta parte de la capacidad de generación térmica del país estaba en operación al momento del apagón, por lo que fue prácticamente imposible cubrir con generación térmica el faltante de la hidroeléctrica. Al parecer, la falta de una fuente de energía alternativa y de trabajadores especializados, así como el deterioro del equipo y algunas deficiencias sencillas en la administración, se conjugaron para prolongar el apagón.

Sin embargo, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos también han jugado un rol. En primer lugar, una de las razones por las que algunas de las plantas eléctricas no estaban en operación es la falta de combustible para su funcionamiento. Muchas de estas plantas utilizan diésel, que Venezuela importaba de Estados Unidos antes de que el gobierno de Donald Trump prohibiera su venta en enero. Así que no es ninguna sorpresa que muchas de las plantas térmicas del país que emplean diésel hayan estado inactivas un mes después.

Peor aún, el enorme sector eléctrico de Venezuela depende en gran medida de partes y servicios obtenidos a través de empresas internacionales. General Electric (GE) y Siemens fabrican la mayoría de los generadores eléctricos empleados en la industria petrolera de Venezuela y gran parte del equipo principal utilizado en las plantas hidroeléctricas del país. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela, en agosto de 2017, dejaron al gobierno sin la capacidad de pagarle a estos proveedores extranjeros.

Por lo tanto, el país se vio imposibilitado de mantener o remplazar sus generadores eléctricos y comenzó a explotar más las fuentes hidroeléctricas del país, con el consiguiente aumento del riesgo de sobrecargar el sistema. La producción petrolera de Venezuela también se fue en picada: la tasa de disminución en la producción se disparó a más del triple tras las sanciones de 2017. Esta presión agravó la crisis de efectivo del gobierno.

De cualquier forma, tampoco se puede concluir a la ligera que las sanciones hayan sido algo más que un factor secundario en las causas de los cortes masivos de electricidad que sufre Venezuela. Es evidente que la escasa inversión, la falta de mantenimiento y la crisis económica del país, acentuadas por la corrupción y los absurdos subsidios a la electricidad, son las principales causas. En este sentido, Chávez y Maduro sin duda son los principales responsables del derrumbe del sector eléctrico.

Para tener una conversación significativa sobre el efecto de las sanciones, es vital distinguir entre las causas del fenómeno y sus soluciones. Si bien puede decirse que la responsabilidad por los apagones, en general, recae en Chávez y Maduro, es imposible resolverlos si no se eliminan las restricciones que le impiden al gobierno contratar a empresas extranjeras y pagarles para que se encarguen del mantenimiento y las reparaciones del sistema eléctrico del país. No solo Maduro sino también Juan Guaidó y Donald Trump controlan las palancas necesarias para resolver la crisis energética actual.

Las sanciones estadounidenses más recientes a la industria petrolera venezolana les impiden legalmente a las empresas de Estados Unidos realizar negocios con la petrolera estatal de Venezuela. Al mismo tiempo, las empresas que no son estadounidenses están amenazadas de sanciones secundarias si hacen negocios con el régimen de Maduro. La mayoría de las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos y Europa se encuentran bloqueadas o bajo control de personas designadas por Guaidó, por lo que Maduro no puede utilizarlas para pagar los servicios de empresas que necesitaría contratar para mantener la red eléctrica del país y hacer las reparaciones necesarias.

Si no se resuelve pronto el estancamiento político del país, la única opción para evitar que la crisis eléctrica continúe y se agrave será que las facciones políticas venezolanas rivales convengan en actuar de manera conjunta para aportar y manejar los recursos necesarios. Un primer paso podría ser que ambos bandos convengan en designar a una fuerza de trabajo independiente.

Cualquier propuesta de cooperación entre las facciones políticas del país será anatema para sus partidarios de línea dura, y es probable que se descuente por ser, en el mejor de los casos, irrealista. Sin embargo, incluso en tiempos de guerra, los ejércitos abren paso para proteger a quienes no participan en el combate y permitir el paso de organizaciones de ayuda para rescatar a los heridos. A menos que los actores políticos del país logren ponerse de acuerdo y pongan la vida de los ciudadanos comunes y corrientes por encima de sus propios objetivos políticos, los venezolanos enfrentarán tiempos todavía más sombríos.

Francisco Rodríguez es economista jefe de Torino Economics y dirigió la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional. Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero electricista, es ex vicepresidente de generación y transmisión de energía en la empresa venezolana Cadafe.

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