Más allá de Khashoggi: las misiones clandestinas contra disidentes de Arabia Saudita

Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero de Arabia Saudita, autorizó una campaña secreta para silenciar a disidentes del reino. La campaña, iniciada más de un año antes del asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi, incluyó episodios de vigilancia, secuestro, detención y tortura de sauditas, de acuerdo con funcionarios estadounidenses que han leído informes confidenciales de inteligencia acerca del caso.

Algunas de las misiones clandestinas fueron llevadas a cabo por miembros del mismo equipo que asesinó y desmembró a Khashoggi en Estambul en octubre de 2018, lo cual sugiere que su asesinato fue una parte particularmente atroz de una campaña más generalizada para silenciar a disidentes sauditas, según los funcionarios y socios de algunas de las víctimas del reino.

Los funcionarios dijeron que miembros del equipo que asesinó a Khashoggi, al que agentes estadounidenses llamaron el Grupo Saudita de Intervención Rápida, estuvieron involucrados en por lo menos una decena de operativos que comenzaron en 2017.

Algunos de esos operativos involucraron la repatriación forzada de sauditas desde otros países árabes, así como la detención y tortura de prisioneros en palacios que pertenecen al príncipe heredero y a su padre, el rey Salmán, según señalaron los funcionarios y personas asociadas a las víctimas.

Entre los sauditas detenidos por el grupo estuvo una profesora de lingüística universitaria que escribía un blog acerca de las mujeres en Arabia Saudita, quien intentó suicidarse el año pasado después de que la sometieron a torturas psicológicas, a decir de los informes estadounidenses de inteligencia y de personas que recibieron datos sobre la situación.

Los funcionarios estadounidenses entrevistados que han revisado los informes comentaron que la carga de trabajo para el equipo saudita era tan constante que, en junio del año pasado, el encargado del grupo le preguntó a un asesor del príncipe heredero si recibirían bonos para la festividad que marca el final del Ramadán, Eid al Fitr.

Los detalles acerca de los operativos provienen de funcionarios estadounidenses que han leído evaluaciones confidenciales de inteligencia acerca de la campaña saudita, así como de sauditas con conocimiento directo de algunos de los operativos. Hablaron con la condición de mantener su anonimato, pues temen represalias por revelar información clasificada o, en el caso de los sauditas, enfurecer al gobierno del reino.

Un portavoz de la embajada saudita en Washington dijo que el reino "se toma muy en serio cualquier alegato de malos tratos de los acusados que esperan ser enjuiciados o de los prisioneros que cumplen sus sentencias".

El portavoz añadió que las leyes sauditas prohíben la tortura y hacen rendir cuentas a quienes cometan ese tipo de abusos de poder; comentó que los jueces no pueden aceptar confesiones obtenidas bajo coacción. El portavoz afirmó que el fiscal público del reino y la Comisión Saudita de Derechos Humanos están investigando las "acusaciones recientes".

El gobierno saudita insiste en que la orden para asesinar a Khashoggi, periodista disidente que vivía en Estados Unidos y escribía para The Washington Post, no provino del gobierno en Riad. Según funcionarios sauditas, la decisión de matarlo fue tomada por el equipo en ese momento y los responsables están siendo procesados. Turquía y las agencias estadounidenses de inteligencia señalan que el asesinato fue premeditado.

El reino dice que once sauditas enfrentan cargos criminales por el asesinato y que los fiscales están buscando la pena de muerte para cinco de ellos, pero los funcionarios no han identificado públicamente a los acusados.

Después del asesinato de Khashoggi, los funcionarios sauditas admitieron que el servicio saudita de inteligencia tenía una orden vigente de traer al país a los disidentes. Lo que no admitió fue que se había formado un equipo específico para llevarla a cabo.

Arabia Saudita tiene un historial de perseguir a los disidentes y otros ciudadanos sauditas en el extranjero, pero la represión escaló drásticamente después de que Mohamed bin Salmán fue declarado príncipe heredero en 2017, cuando se movió rápidamente para consolidar su poder. Puso de lado al príncipe Mohamed bin Naif, quien supervisaba los servicios de seguridad, y el joven príncipe heredero quedó a cargo de supervisar las agencias de inteligencia.

Desde entonces, las fuerzas sauditas de seguridad han detenido a decenas de clérigos, intelectuales y activistas que eran percibidos como una amenaza, así como a personas que hubieran publicado comentarios críticos o sarcásticos acerca del gobierno en Twitter.

"No lo habíamos visto a esta escala", dijo Bruce Riedel, ex analista de la CIA que ahora trabaja en Brookings Institution. "En el pasado no se habría considerado que valiera la pena asesinar a un disidente como Jamal Khashoggi".

El Grupo Saudita de Intervención Rápida contaba con la autorización del príncipe heredero y era supervisado por Saud al Qahtani, un asesor de alto nivel cuyo trabajo oficial era ser el zar de los medios en la corte real, señalaron los funcionarios estadounidenses. Maher Abdulaziz Mutreb, un agente de inteligencia que ha viajado al extranjero con el príncipe heredero y es adjunto de Al Qahtani, dirigía al equipo en el terreno. Otro operador del equipo era Thaar Ghaleb al Harbi, miembro de la guardia real que fue ascendido en 2017 por su actuación durante un ataque contra un palacio de Bin Salmán.

Un funcionario saudita dijo que Mutreb y al Harbi fueron enjuiciados por cargos relacionados con la muerte de Khashoggi, mientras que Al Qahtani está bajo arresto domiciliario, tiene prohibido viajar y es objeto de una investigación. No está claro si el equipo aún está operando.

Cuando el príncipe heredero encerró a cientos de príncipes, empresarios y ex funcionarios en el Ritz-Carlton de Riad en 2017 bajo cargos de corrupción, Al Qahtani y Mutreb trabajaron en el hotel donde ayudaron a presionar a los detenidos para que cedieran bienes y activos, de acuerdo con socios de los detenidos que vieron ahí a los dos hombres vinculados al equipo de intervención.

Testigos comentaron que muchos de los detenidos en el Ritz fueron sometidos a abuso físico y que uno murió cuando estaba custodiado en el hotel. No se sabe si los miembros del equipo de intervención rápida participaron en esos actos de abuso. El gobierno saudita ha negado que se llevara a cabo algún tipo de tortura o violencia física en el lugar.

Fue hasta después del asesinato de Khashoggi que comenzó a revelarse el alcance de los operativos del equipo. Mutreb y Al Harbi estaban en el consulado saudita en Estambul cuando Khashoggi fue asesinado, de acuerdo con funcionarios turcos.

Las agencias estadounidenses de inteligencia no parecen tener pruebas concluyentes de que el príncipe heredero haya ordenado directamente el asesinato, pero han recopilado datos que sugieren un patrón a partir de operativos similares de sauditas que trabajan bajo la autoridad del príncipe. En diciembre, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) emitió un informe que indica que, en 2017, el príncipe le dijo a un asesor de alto nivel que usaría "una bala" para acabar con Khashoggi si no regresaba al reino y dejaba de criticar al gobierno.

El Grupo Saudita de Intervención Rápida también parece haber participado en la detención y el abuso de alrededor de una decena de activistas por los derechos de las mujeres, que fueron detenidas el año pasado. Varias de las activistas, que hicieron campaña para eliminar la prohibición a que las sauditas conduzcan, eran reconocidas: Aziza al Yousef, una profesora de informática retirada, Eman al Nafjan, la conferencista en materia de lingüística, y Loujain Alhathloul quien había estado en la cárcel porque intentó manejar su auto para entrar al reino desde los Emiratos Árabes Unidos.

En un inicio las mujeres no fueron detenidas en prisión, sino que las retuvieron informalmente en lo que parecía ser un palacio abandonado en la ciudad portuaria de Yeda, de acuerdo con Alia, la hermana de Alhathloul. Cada mujer fue encerrada en una habitación pequeña con las ventanas cubiertas. Algunas de las mujeres eran llevadas a un sitio en el piso de abajo de las habitaciones con frecuencia, para ser interrogadas en sesiones que incluían golpizas, choques eléctricos, ahogamiento simulado o waterboarding y amenazas de violación y muerte.

Alia Alhathloul escribió en un artículo de opinión para The New York Times que Al Qahtani estuvo "presente en varias ocasiones" cuando su hermana fue torturada, y que amenazó con matarla y echar su cuerpo al sistema de drenaje.

Al Nafjan intentó suicidarse por la brutalidad del tratamiento, de acuerdo con la evaluación estadounidense de inteligencia.

Fue hasta después de que las mujeres fueron trasladadas a una prisión oficial, Dhahban en Yeda, que dejaron de atacarlas físicamente y permitieron que sus familiares las visitaran, de acuerdo con Loujain Alhathloul. El juicio en contra de esta activista comenzó el 13 de marzo. No se permitió que asistieran periodistas ni diplomáticos a la sesión.

Un funcionario saudita dijo que Alhathloul, Al Yousef y Al Nafjan están siendo procesadas "en relación con actividades que amenazaban la seguridad nacional del reino".

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