México aprueba una Guardia Nacional de sesenta mil elementos que, según sus críticos, es más de lo mismo

El congreso mexicano aprobó el 28 de febrero la creación de una Guardia Nacional de sesenta mil elementos para combatir la crisis de seguridad pública del país, una fuerza que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convertido en un pilar de su plan para enfrentar al crimen organizado y frenar el aumento de la violencia.

El voto puso fin a meses de disputas legislativas respecto de la naturaleza de la guardia y quién la controlaría, con la implacable presión de los defensores de los derechos humanos y los grupos de la sociedad civil para limitar la influencia del ejército sobre esta fuerza de seguridad, y advertencias de que podría representar una mayor militarización de la vigilancia policial en México.

Al final, el Congreso decidió que la Guardia Nacional tendrá una naturaleza explícitamente civil, más que militar, y que estará bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conformada por civiles.

La composición de la Guardia Nacional será un híbrido, que combinará a elementos de la Policía Federal con miembros de las unidades de vigilancia de las secretarías de la Defensa y la Marina. Aunque los miembros militares podrán mantener sus rangos, los que sean acusados de cometer abusos serán enjuiciados en tribunales civiles. El comandante de la Guardia Nacional podría ser un miembro del ejército, pero estará bajo el mando de un civil.

El voto casi unánime en la Cámara Baja del congreso siguió a un voto unánime de la misma propuesta en el Senado el 21 de febrero. La propuesta, que involucra reformas a más de una decena de artículos de la constitución mexicana, todavía tiene que ratificarse mediante una mayoría simple en los congresos estatales del país para entrar en vigor.

El hecho de que una autoridad civil sea quien supervise a la guardia ayudó a apaciguar a algunos críticos a quienes preocupaba que una Guardia Nacional abiertamente militar representara la continuación de una estrategia fallida que se remonta a más de una década.

En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra el narcotráfico y desplegó al ejército para que encabezara la lucha. Mantuvo una estrategia que continuó su sucesor, Enrique Peña Nieto, de dejar acéfalos a los cárteles, al enfocarse en capturar o eliminar a sus líderes.

No obstante, esa estrategia ayudó a fragmentar a las grandes organizaciones criminales en grupos más pequeños y violentos, que se diversificaron para cometer una mayor gama de delitos. Este paisaje delincuencial cada vez más complejo ha conducido al recrudecimiento de la violencia: hubo más homicidios en México el año pasado que en cualquier año del que se tenga registro.

Inicialmente, López Obrador hizo campaña con la promesa de romper con sus predecesores y sacar al ejército de las calles para regresarlo a los cuarteles.

Poco antes de asumir la presidencia, propuso en cambio la formación de una Guardia Nacional, comandada por el ejército, que estaría a cargo de "prevenir y combatir la delincuencia" en todo México.

No obstante, algunos grupos de la sociedad civil argumentaron que la propuesta de López Obrador equivalía a una repetición de la estrategia fallida de desplegar la fuerza militar para combatir la delincuencia. Los críticos hicieron notar que el ejército tiene un historial de abusos a los derechos humanos y que no está capacitado para el enfoque de servir y proteger a nivel local que la crisis de seguridad pública en México exige.

Los grupos de la sociedad civil aspiraban a que el gobierno hiciera una fuerte inversión en las fuerzas policíacas del país y mejorara la capacidad de las agencias de procuración de justicia para llevar a cabo investigaciones penales exhaustivas que den lugar a sentencias.

Un día después de que López Obrador presentara su propuesta para crear la Guardia Nacional, la Suprema Corte de Justicia del país vetó una ley de 2017 que habría expandido y formalizado los poderes de vigilancia del ejército.

Sin embargo, el plan aprobado por el congreso el jueves permitirá al ejército continuar activo en la lucha por la seguridad pública mientras la Guardia Nacional se prepara para empezar a operar. Tras un periodo de transición de cinco años, el ejército abandonará las calles.

El secretario de Seguridad de la nación, Alfonso Durazo, comentó que espera que se obtenga la aprobación de las legislaturas estatales en cuatro meses y que, después de ese plazo, empezará la nueva fuerza. Sus filas iniciales se conformarán con la absorción de 18.000 agentes de la Policía Federal, 35.000 de la policía militar y 8000 de la policía naval.

Para fin de año, dijo, esperaba aumentar la fuerza a 150.000 elementos a través de un intenso reclutamiento y capacitación. La Guardia Nacional se desplegará de manera permanente en todo el país.

No obstante, algunos analistas mencionaron que la guardia no será lo suficientemente grande para ganar la batalla por la seguridad.

"Esta guardia pronto enfrentará la dura realidad y será seriamente desafiada", afirmó Abelardo Rodríguez, profesor de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Los grupos más grandes de la delincuencia organizada, explicó, tienen una potencia de fuego impresionante que en ocasiones ha sobrepasado a las fuerzas armadas mexicanas.

El secretario de Seguridad reconoció que el tamaño de la fuerza era una fracción de lo que el país necesitaba. Idealmente, dijo Durazo, la Guardia Nacional debería estar compuesta por al menos 360.000 elementos.

"Estamos echando mano de lo que tenemos disponible", dijo, "y tratando de garantizar paz y tranquilidad de los mexicanos, esperando que en algunos años construyamos una fuerza leal, disciplinada, que sirva de ejemplo en el mundo".

Algunos analistas de seguridad cuestionaron si la nueva entidad será lo suficientemente radical para romper con la Policía Federal existente —en cuanto a su composición, capacitación y estrategia— a fin de cambiar la situación de la seguridad.

"Operativamente, no cambia nada", afirmó Jaime López Aranda, analista de seguridad en Ciudad de México, quien observó además que la Guardia Nacional será otra versión de lo que México ha tenido desde hace años: un modelo híbrido de vigilancia civil y militar.

En cuanto a su evaluación de si la Guardia Nacional tendrá impacto en la delincuencia y la violencia, López Aranda respondió: "Por supuesto que no. Es la misma gente que va a hacer exactamente lo mismo".

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