Las claves del juicio a los independentistas catalanes

MADRID — El juicio será algo nunca visto en España, parte de un conflicto que desató una crisis constitucional y casi termina por despedazar al país: los líderes del movimiento independentista catalán comparecerán frente al Tribunal Supremo de España para enfrentar cargos que incluyen rebelión y desacato a órdenes judiciales.

El juicio, que empieza el 12 de febrero en Madrid, seguramente reavivará los debates y despertará más emociones en torno a un intento fallido de declarar independencia de manera unilateral en 2017. El proceso será seguido de cerca tanto en España como en otros países de Europa que tienen movimientos separatistas, como el Reino Unido y Bélgica.

El proceso judicial se debe a la crisis desatada durante la segunda mitad de 2017 en Cataluña, región autónoma al noroeste, que se volvió el principal tema de la política española. El gobierno regional catalán convocó un referéndum independentista y lo mantuvo e impulsó pese a que las cortes españolas y el gobierno nacional declararon que la convocatoria era ilegal.

En un intento de prevenir el voto, que no rindió frutos, Madrid envió a oficiales de la policía nacional a la región, donde se enfrentaron en las calles contra multitudes de miles de personas. La mayoría de los catalanes que no respaldan el independentismo no acudieron a votar, en respuesta a una exhortación del gobierno central, y ganó el voto a favor de separarse. El resultado de inmediato fue calificado como nulo por Madrid.

Unas semanas después, la mayoría separatista del parlamento regional de Cataluña decidió declarar la independencia, una acción también anulada por las cortes españolas y la cual llevó al gobierno central a invocar un artículo constitucional con el cual disolvió la Generalitat y el parlamento catalán para establecer una administración directa sobre la región, la cual mantuvo durante siete meses.

Doce personas deberán comparecer ante el Tribunal Supremo; la mayoría son exfuncionarios del gobierno regional que participaron en la organización del referéndum y en la declaración de independencia.

El de mayor prominencia es Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y dirigente de Esquerra Republicana, partido de izquierda separatista; podría ser condenado a hasta veinticinco años de prisión si lo hallan culpable.

Uno de los políticos que no acudirá ante la corte es Carles Puigdemont, expresidente catalán e impulsor del separatismo desde hace mucho tiempo que actualmente está viviendo en un exilio autoimpuesto en Bélgica.

Las autoridades españolas imputaron a veinte catalanes a finales de 2017 por su papel en el impulso independentista. Sin embargo, varios de ellos, Puigdemont incluido, ignoraron los citatorios y huyeron de España. Han logrado evitar que prosperen las solicitudes de extradición con las cuales forzosamente enfrentarían el juicio.

En marzo, Puigdemont fue arrestado temporalmente en Alemania, donde una corte falló en contra de extraditarlo por el principal cargo en su contra, de rebelión.

De la docena de personas que irán a juicio esta semana, nueve ya llevan más de un año en prisión dado que se les negó la fianza, un hecho que otros independentistas en Cataluña han criticado.

Quienes defienden a los políticos independentistas también argumentan que deberían ser enjuiciados en Barcelona y no en Madrid, pues afirman que las cortes españolas están sesgadas.

Sin embargo, el gobierno central y los jueces españoles se han pronunciado en defensa de la imparcialidad del poder judicial español. El jueves 7 de febrero, Pedro Sánchez visitó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ubicado en Estrasburgo, el primer jefe de gobierno español en hacerlo. Ahí enalteció el historial judicial del país.

Se espera que comparezcan alrededor de quinientos testigos, incluyendo a Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español durante 2017.

Un pánel de siete magistrados del Tribunal Supremo presidirá el proceso; uno de los jueces escribirá los fallos, que deben ser aprobados por la mayoría.

No hay un plazo para alcanzar un veredicto. Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y quien no formará parte del pánel, estimó hace poco que podría durar unos tres meses. Los magistrados después deliberarán y Lesmes indicó que no habría decisiones judiciales antes de finales de junio.

El complicado caso en contra de los independentistas catalanes ha sido dirigido por un juez del Tribunal Supremo, aunque en otras cortes de Madrid y Barcelona se desarrollan también otros casos vinculados a lo sucedido en 2017.

En uno de ellos comparecerá Josep Lluís Trapero, el exjefe de los policías catalanes Mossos, ante la Audiencia Nacional en Madrid, por cargos de sedición. En Cataluña hay decenas de alcaldes investigados por haber permitido el voto en el referéndum.

Alrededor de veinte policías españoles también están a la espera de juicio en Cataluña, acusados de haber usado fuerza desproporcionada para prevenir que los votantes participaran en el referéndum del 1 de octubre. Los dos oficiales ya enjuiciados fueron absueltos.

El juicio ha quedado al centro del debate, con cobertura de televisoras y de más de 600 periodistas con acreditaciones, en medio de trabajas políticas y tensiones sobre el futuro de Cataluña.

El independentismo es un tema que ha dividido a la sociedad catalana y también ha reformulado la política de toda España.

Los principales partidos de oposición del país, de derecha, han acusado a Sánchez, el presidente del gobierno, de hacerles concesiones indebidas a los partidos independentistas catalanes con el fin de mantener el apoyo parlamentario para su gobierno de minoría. El domingo 10 de febrero decenas de miles de manifestantes de derecha se reunieron en Madrid para protestar en contra de Sánchez y sus planes para lidiar con el tema catalán. Pidieron la convocatoria de nueves elecciones generales.

Sánchez llegó al poder en junio de 2018 con la promesa de renovar el diálogo con el liderazgo catalán. Pablo Casado, el líder del conservador Partido Popular, tachó hace poco al presidente del gobierno de "felón" y lo llamó el "mayor traidor" de la legalidad por "ceder a la presión de aquellos que quieren romper España".

Además, es probable que el juicio del Tribunal Supremo le dé una plataforma a Vox, partido de ultraderecha que irrumpió en la escena al conseguir escaños parlamentarios de Andalucía, en diciembre. Los abogados de Vox han presentado sus propios cargos en contra de los políticos independentistas con el fin de reforzar los casos de la fiscalía y con los que tendrán un pie en el proceso.

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, el independentista Quim Torra, mantiene el poder con dificultades; hace poco la coalición de los dos principales partidos separatistas se desmoronó. Torra ha prometido que seguirá con el impulso independentista pero no ha presentado detalles sobre cómo planea hacerlo.

Si los políticos son declarados culpables, pueden apelar ante el Tribunal Constitucional. Si su apelación fracasa, pueden acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ubicado en Francia.

En septiembre del año pasado, la representante del gobierno central español en Cataluña, Teresa Cunillera, también sugirió que Sánchez podría usar el perdón presidencial para Junqueras y los otros si es que son declarados culpables. Sin embargo, los partidos de oposición han prometido tumbar cualquier posible perdón político.

Aún queda la posibilidad de que haya otro juicio, si es que las autoridades españolas reactivan los pedidos de arresto europeos de Puigdemont y de otros para intentar tramitar de nueva cuenta la extradición.