¿Es la suspensión de las patentes la solución a la escasez de vacunas?

En medio de la segunda ola de COVID-19 que azota al mundo y mientras los países se esfuerzan por hacerse de vacunas para inmunizar a sus poblaciones, a principios de mes, el gobierno de Joe Biden anunció su apoyo a la exención de las protecciones de patentes para las vacunas, una medida destinada a aumentar los suministros para que las personas de todo el mundo puedan recibir las vacunas.

Cada segundo, una persona recibe la vacuna contra el coronavirus en los países ricos. Mientras, la mayoría de los países pobres no aplicaron ni una dosis, según denunció Naciones Unidas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es uno de los mayores defensores de la suspensión temporal de las patentes sobre las vacunas producidas por Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. La propuesta original viene de dos potencias emergentes con una pujante industria farmacéutica: la India y Sudáfrica, quienes en octubre solicitaron que se suspendan las patentes sobre equipamiento médico, tratamientos y vacunas para eliminar trabas en la producción de las zonas más pobres del planeta.

En este contexto, la mayoría de los países donde se llevaron a cabo las investigaciones y el desarrollo de las vacunas se oponen, incluida la Unión Europea (UE). El bloque propuso, en cambio, que las farmacéuticas vendan sus desarrollos a precio de costo, así como otras medidas destinadas a facilitar la exportación de las dosis.

En la misma vereda, las empresas productoras y las farmacéuticas también rechazan la liberación de las patentes.

La decisión final aún no tiene fecha prevista. Y tanto los defensores de la propuesta como sus detractores reconocen que esta medida no hará que haya más vacunas en el corto plazo, y que probablemente no ayude a dar por terminada la pandemia a más velocidad de la que ocurriría si los países compran las inyecciones a las empresas productoras.

Es más, muchos creen que es posible que empeore la situación.

“Retirar el obstáculo de las patentes es sólo el primer paso”. Rachel Cohen es directora para Norteamérica de DNDi, una organización cofundada por la OMS, Médicos Sin Fronteras y varios institutos de investigación para llevar medicamentos para enfermedades olvidadas a países en desarrollo y consideró que “el siguiente paso es conseguir que las empresas cedan su conocimiento y los secretos industriales para producir las vacunas; y finalmente conseguir financiación para establecer fábricas donde elaborarlas sin patentes. Todo esto llevará meses, pero puede hacerse. Es una decisión política”.

De todas las vacunas que ya se están aplicando, sólo el 0,2% llegó a países pobres, según informó la OMS en abril. En buena parte se debe a que las vacunas de ARN mensajero son formulaciones que por su forma de conservación (necesitan una refrigeración a temperaturas de 70 grados bajo cero) hacen que sea imposible distribuirlas en muchas zonas rurales de África, Asia y América.

Según explicó el presidente de la compañía Pfizer, Albert Bourla, en una carta abierta en la que expresaba su rechazo a levantar las patentes, “el problema no es la falta de infraestructuras, sino de materias primas: no hay viales, bolsas estériles, reactivos ni enzimas necesarias para elaborar la vacuna”.

El producto de Pfizer requiere 280 ingredientes y materiales que proceden de 19 países diferentes. Y según él, “si los países en desarrollo comienzan a producir sus propias inyecciones entrarán al mercado y comprarán esas materias primas”. “Entidades con poca o ninguna experiencia en fabricar vacunas demandarán estas materias primas que necesitamos, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de todos”, explicó Bourla en su carta.

Zoltán Kis es bioingeniero en el Centro de Producción de Vacunas Futuras del Imperial College de Londres, un proyecto destinado a desarrollar un punto de fabricación de vacunas contra nuevos virus emergentes. Puntualmente, Kis estudió la tecnología necesaria para producir vacunas de ARN. “Las instalaciones y los procesos necesarios realmente no son más complejos que los de otras vacunas producidas en cultivos celulares -opinó-. Las verdaderas limitaciones son la falta de expertos, materias primas y el equipamiento de un solo uso”.

El experto aportó una visión escéptica del potencial de suspender las patentes. “Si el coste de las vacunas fuese de 10 dólares, por ejemplo, vacunar a toda la población del planeta costaría en torno al 0,07% del Producto Interior Bruto Mundial. Recordemos que la mayoría de los países perdieron un 10% de su PIB por la pandemia, con lo que el precio de vacunar es minúsculo en comparación -planteó-. Desarrollar vacunas a partir de las patentes liberadas costaría más o menos lo mismo, así que la solución más plausible es negociar con los dueños de las patentes para que fabriquen más y vendan a un precio justo”.

Alain Alsalhani, farmacéutico de Médicos Sin Fronteras, analizó: “Hay una asunción general de que producir estas vacunas es demasiado complejo, pero realmente algunas de las empresas que las fabrican ya realizaron transferencia de tecnología en casos concretos”.

La inmensa mayoría del conocimiento que sustenta las vacunas contra el COVID-19 se acometió en centros de investigación públicos y fue financiado con dinero público. La fórmula para crear moléculas de ARN mensajero estable fue lograda por Katalin Karikó y Drew Weissman en la Universidad de Pensilvania. En tanto la proteína del coronavirus en la que se basan la mayoría de las vacunas se desarrolló en un laboratorio público de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU.

Las nanopartículas que usan Pfizer y Moderna, por caso, también salen de laboratorios financiados con dinero público, entre ellos el de Norbert Pardi, en la Universidad de Pensilvania. Las compañías farmacéuticas perfeccionaron la técnica de producción y pusieron sus infraestructuras, imprescindibles para fabricar miles de millones de dosis. Lo más importante, según los especialistas, es que una suspensión de patentes puede no afectar solo a las vacunas del COVID, sino a muchos más tratamientos: desde vacunas contra el cáncer a inmunizaciones contra otras 30 enfermedades.

“Está habiendo mucha discusión, pero tenemos muy poca información”, opinó por su parte Benjamín Martínez, experto en patentes biotecnológicas y profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. “La petición original de la India y Sudáfrica son cinco líneas, dos párrafos. No se sabe a qué países afectaría la suspensión, durante cuánto tiempo, qué patentes incluiría -evaluó-. Desde un punto de vista teórico tal vez no se pueda hacer porque no está habiendo un abuso por monopolio y en algunos casos se está vendiendo casi a precio de coste”.

Mario Gaviria es químico de la Universidad de Michigan y acaba de publicar un primer estudio que intenta aclarar cuántas patentes hay detrás de las vacunas de ARN y quiénes son sus dueños. Su equipo detectó al menos 89, aunque probablemente sean muchas más. Su trabajo muestra un gráfico con una maraña de patentes compartidas entre grandes empresas como BioNtech, Moderna, Acuitas —que produce las nanopartículas de grasa— incluso Tesla, la compañía de Elon Musk, que comparte con Curevac una para crear fábricas de ARN móviles. Los principales jugadores de este entramado son empresas de países desarrollados. En algunos casos comparten amigablemente las patentes y en otros están sumidas en litigios para impedir su uso.

En este punto, uno de los argumentos de la industria farmacéutica se basa en que suspender las patentes dañaría la innovación. “Mucha de la tecnología de las vacunas contra el COVID la hicieron pequeñas empresas biotecnológicas. Sin la protección de las patentes probablemente no lo habrían conseguido”, analizó David Curiel, un investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, quien está trabajando en una vacuna similar a la de AstraZeneca pero que no requeriría refrigeración, algo idóneo para los países en desarrollo.

Mientras se dirime este complejo debate, la OMS decidió perseguir una vía alternativa para que los países en desarrollo fabriquen sus propias vacunas de ARN sin depender de las patentes ni del conocimiento de las grandes farmacéuticas. Se basan en la cooperación de científicos de instituciones públicas y privadas que conocen cómo se fabrican estos productos. La idea es crear centros de intercambio de conocimiento y formación en países menos favorecidos, idealmente en aquellos que ya tienen una infraestructura de producción de fármacos.

“Ya nos contactaron diez grupos de investigación y expertos de pequeñas empresas biotecnológicas de los EEUU, Europa y Canadá dispuestos a asesorar y dirigir el proyecto”, aseguró Martin Friede, jefe de investigación de vacunas de la OMS. A la vez, la India —donde una empresa ya desarrolló una vacuna de ARN mensajero que se encuentra a punto de iniciar ensayos clínicos—, Sudáfrica y Senegal también mostraron interés en acoger las futuras fábricas.

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