Transparencia de datos: ¿cómo se cuentan las muertes por COVID-19?

Casi desde el inicio de la pandemia de COVID-19 ha sido recurrente la discusión acerca del número de defunciones causadas por esta enfermedad. En este mismo marco, otro aspecto discutido es si la cantidad de personas fallecidas representa o no un exceso de mortalidad. En ese dudar se encarama una duda sobre la transparencia de datos.

El debate es inevitable porque no suele considerarse cómo se obtiene la información, ni su diferente finalidad y, desde luego, no se inquiere sobre el proceso requerido ni los sistemas utilizados. La investigación a cargo del especialista Óscar Zurriaga del Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València, revisa las elecciones internacionales en términos de conteo.

Un sistema es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), gestionada en España por los servicios de salud autonómicos y el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y del que se nutre el Ministerio de Sanidad, se dirige a la actuación inmediata. Por ello, trabaja con información muy cercana al momento del evento, y mejora su calidad posteriormente. Necesita, en un primer momento, identificar a todos los fallecidos posibles por la enfermedad (es decir, trata de ser un sistema con gran “sensibilidad”). Posteriormente busca incrementar su especificidad (tratando de identificar a aquellos que, de acuerdo con la información disponible, han fallecido realmente a causa de la enfermedad).

Por ello, los sistemas de vigilancia han habilitado procesos para contrastar los casos de personas consideradas como casos de COVID-19 que hubieran fallecido y buscan información complementaria, a través de la consulta de las historias clínicas o mecanismos similares, para poder confirmar el fallecimiento y atribuirlo o no a la enfermedad.

Es aquí en donde se debate el tema de los índices. Porque a veces la información ha sido, o es, escasa o inexistente. Esto dificulta poder asignar el fallecimiento a la enfermedad. No es lo mismo morir “con” COVID-19 que morir “por” coronavirus. Y se pueden dar las dos circunstancias, máxime en una enfermedad con mayor afectación en personas vulnerables que, previamente a padecerla, ya tenían una mayor probabilidad de fallecer que otras personas.

Mortalidad real

Para la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la “Guía para la codificación de la COVID-19 como causa de muerte”. En ella se establecían dos códigos “de emergencia”: el “U07.1 COVID-19, virus identificado”, que se asigna al diagnóstico confirmado mediante prueba de laboratorio, y el “U07.2 COVID-19, virus no identificado” asignado cuando existe diagnóstico clínico o epidemiológico pero la confirmación de laboratorio no es concluyente o no está disponible.

Es importante esta distinción, ya que en el caso del código U07.2, existe una probabilidad no desdeñable de que pueda incluir fallecimientos que se hubieran producido igualmente sin la existencia de la COVID, o incluya casos incluso con pruebas de laboratorio con resultado negativo y clínica inespecífica. Esto puede originar una sobreestimación de fallecimientos atribuidos a esta causa.

Con ello, se realizan dos análisis: la estimación del número de defunciones semanales durante el brote de COVID-19 (estadística experimental) que, básicamente, provienen de los registros civiles, sin distinguir causas. Y las causas de muerte que han ido siendo codificadas, y de las que se han publicado recientemente las acaecidas durante los primeros meses de la pandemia (enero 2020-mayo 2020).

Hay, entonces, diferentes fuentes que pueden utilizarse. Lo que se observa es que el año 2020, es el que más fallecimientos presenta en el siglo XXI. Las defunciones por enfermedades infecciosas han aumentado en 2020 un 1.687,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior y, dentro de ese grupo, las codificadas con U07.1 representan el 67,5 %, con una tasa de mortalidad de 68,8 por 100.000 habitantes.

Se están resaltando las diferencias sin ver las coincidencias. Entre ellas hay que destacar que un volumen importante de casos ha sido identificado por todos los sistemas, trabajando con una fortísima presión y escasos recursos. Y que cuando se han producido discrepancias, estas han sido en ambos sentidos, ya que también hay casos identificados que no tienen asignado en el CMD/BED un código U07.1, y a veces tampoco ni U07.2, y nadie se plantea dejar de considerarlos casos de personas fallecidas “por” COVID-19.

Con datos de fin de año ya relevados, la agencia EFE ponía en el tapete el debate en torno a los balances en España donde el Gobierno mantenía la cifra acumulada por debajo de 50.000 mientras otros esgrimen también datos oficiales para hablar de más de 70.000.

Cada número es una persona

¿Cuándo se anota una muerte en esta estadística oficial? Hasta noviembre -indica el cable de EFE- se hacía cuando el fallecido había perdido la vida después de un diagnóstico positivo de coronavirus confirmado mediante PCR. Eso podía incluir a personas que daban positivo en covid aunque murieran por otra causa y excluía a quienes fallecían de coronavirus pero no se había comprobado con un test.

El Gobierno español era consciente del problema, pero en los primeros meses de pandemia ese recuento se ajustaba a los protocolos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que, a su vez, se regían por directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS): La persona que da diagnóstico positivo por COVID-19 y muere es computada como fallecida por coronavirus.

Debates similares se dieron en Italia. Allí el número de muertos por coronavirus es probablemente mucho más alto de lo informado, dijo aseguró la oficina de estadísticas ISTAT en un análisis que apunta a miles de decesos que no se han atribuido oficialmente al COVID-19. En su segundo informe sobre el impacto de la epidemia en la tasa de mortalidad de Italia, ISTAT dijo que desde febrero hasta fines de año hubo casi 84.000 muertes más en comparación con el promedio de los cinco años anteriores. De este “exceso de muertes”, 57.647 -o el 69%- fueron registradas oficialmente por el Ministerio de Salud y la Unidad de Protección Civil como atribuidas al nuevo coronavirus. El informe del ISTAT, elaborado junto al Instituto Nacional de Salud, dijo que no es posible concluir que el exceso de mortalidad sea enteramente resultado del COVID-19, debido a problemas metodológicos y dificultades para determinar la causa precisa de los decesos.

Gran Bretaña ocupó el puesto 27 entre 100 países en un nuevo Índice de Transparencia de Datos Covid de Total Analysis, una plataforma de datos con sede en Londres, detrás de Estados Unidos, Dinamarca y España. Un dato que se produce pocos días después de que el gobierno británico admitiera que no podía proporcionar de inmediato un número de cuántas personas se habían vacunado contra el coronavirus, aunque luego publicó cifras provisionales que muestran que 137. 897 personas recibieron su primera dosis.

En junio la OMS cambió su criterio y aconsejó contabilizar también a aquellos fallecidos de los que se sospechara de forma certera que el coronavirus había contribuido a su muerte sin otra enfermedad que la explicara, aunque no hubiera confirmación con una prueba de laboratorio.

Cambiar de golpe el sistema de cómputo habría distorsionado tanto el seguimiento estadístico de la pandemia como las comparaciones entre evolución y la de países entre sí. Finalmente, el 4 de noviembre, se corrigió el método de recuento y, en consonancia con los nuevos criterios, se actualizaron las bases de datos.

La evaluación de Total Analysis surge de la recopilación de datos de más de 200 países desde el inicio de la pandemia, que luego compara con los promedios regionales y globales para ayudar a evaluar la credibilidad de los datos, la premisa de la evaluación es que cuanto menor sea la calificación de un país, mayor será el margen de subregistro de los casos positivos de coronavirus.

El índice se compone de más de 40 variables en cuatro sectores clave: gestión (frecuencia y regularidad de carga, consistencia, coordinación y centralización); transparencia (investigación, política y acción gubernamental, credibilidad y análisis de los datos); uso de datos (acceso a plataformas, presentación, visualización, análisis y dinámica); y por último, cobertura (casos, positividad, fallecidos, recuperados y hospitalizados). En este índice Argentina ocupa el puesto 42, junto a Suiza y Uruguay.

Una transparencia promedio no mide que se oculte información de manera consciente, sino con sumar o no los casos “sospechosos” de COVID-19, Bélgica, el país más transparente de todos según Total Analysis, es el único del mundo que ha decidido sumar estos casos sospechosos a los contagios y muertes confirmados.

Bélgica es hoy el país con más muertos cada 100.000 habitantes del mundo. El costo que asume ese país por su transparencia es un modelo no dispuesto a ser imitado por otros.

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