Con o sin vacunas, el mundo endurece las estrategias y las autoridades buscan “personalizar” la pandemia

Para detener la propagación del coronavirus, no alcanzará de inmediato con la llegada de las vacunas. Si en algunas cuestiones la ciencia aún no se ha puesto de acuerdo, en otras sí. En el caso de la convivencia con el virus no hay muchas divergencias: el almanaque es predecible, se luchará durante casi todo el próximo año contra el Sars-Cov-2.

Probar, rastrear y sobre todo aislar serán focos de las estrategias sanitarias, además de la vacunación. Por eso, los gobiernos ahora quieren asegurarse de que las personas enfermas respeten la cuarentena que se les pide que cumplan, y tener bien identificadas aquellas inmunizadas.

Las autoridades sanitarias buscan “personalizar” la epidemia y evitar las cuarentenas o confinamientos forzados de todas las poblaciones. El impacto económico, coinciden los gobiernos, ya no es sostenible. Credenciales de vacunación o pasaportes de inmunidad, multas, penas de prisión, controles de las fuerzas de seguridad aleatorios, diferentes diseños que ya han adoptado países europeos y asiáticos para controlar, hasta la inmunidad que se logre con la ayuda de las vacunas, las segundas y terceras olas del virus.

El “pasaporte” para los inmunizados

El potente arsenal de vacunas que puede acabar con el coronavirus recién está arribando. Cuántas habrá, cuándo llegarán, cuáles son las más eficaces, habrá otra generación son los interrogantes.

Con la primera vacuna a Margaret Keenan, una mujer de 90 años, el 8 de diciembre quedó marcado como histórico en el calendario del Reino Unido, y probablemente del mundo comenzó la campaña de vacunación más importante y desafiante que se haya visto jamás en el Reino Unido, y un primer ensayo para lo que luego inició los Estados Unidos.

Después de Maggie, como se la conoce, el primer hombre fue William Shakespeare, de 81 años. Lo que pocos saben es que ambos recibieron tras el pinchazo una tarjeta en la que se indica la fecha actual, el número de lote del antiviral recibido y la fecha de su segunda y última dosis, siete días después de la cual estarán, según Pfizer y BioNTech, protegidos contra el virus.

Esta cartilla o tarjeta es precisamente la fuente de un debate nuevo desatado en el Reino Unido, y probablemente lo pase en el resto del mundo. Algunos aseguran que en la práctica se convertiría en un “pasaporte” para moverse libremente, mientras que quienes no lo tengan quedarían de alguna manera en “stand by” a la espera de entrar al lote “afortunados”.

Como en la mayoría de los países, en Reino Unido la vacuna contra el COVID-19 se propone como “no obligatoria”. Sin embargo, y más allá de las declaraciones del Primer Ministro, Boris Johnson, que “no habrá vacunación obligatoria”, la polémica se desató. Contrariamente a los dichos del inquilino de Downing Street, las autoridades sanitarias inglesas recomiendan a quienes se vacunen que lleven siempre consigo la tarjeta. Esta “sugerencia” ha despertado cierto temor. Incluso la propia ficha de la cartilla indica en su parte frontal: “Asegúrate de mantener esta tarjeta en tu bolso o cartera”.

Fue precisamente el secretario de Asuntos Exteriores, James Cleverly, uno de los que disparó la confusión, al responder cuando se le preguntó si las tarjetas son un “pasaporte”, y dijo que “se trata de desbloquear la vida de las personas, de desbloquear la economía, de asegurarnos de proteger vidas y proteger los medios de vida”.

También el ministro de Sanidad, Matt Hancock, defendió a las tarjetas entregadas a los pacientes después de recibir la vacuna y aseguró que son solo “un procedimiento estándar del sistema de salud inglés”. Incluso algunos consideran que los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo, entretenimiento o la gastronomía, podrían pedir la credencial a sus clientes pese a que no sea una recomendación oficial.

El grupo de derechos humanos Liberty teme que estas tarjetas fomenten la creación de lo que llaman “un país de dos niveles” donde solo algunos tengan total libertad, y advierten de la posibilidad de que se desarrolle un mercado negro de documentación falsa.

Pero no sólo Reino Unido planea esto. Al recibir el primer cargamento con 60.000 dosis de vacunas, el premier de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que el Gobierno prevé dar un “pasaporte verde” a todos aquellos que se vacunen, lo que les permitirá moverse libremente y obtener un certificado para acceder “a eventos, centros comerciales” y a “todo tipo de servicios”. Esto “nos ayudará a volver a la normalidad rápidamente” y a “cambiar toda la situación” de manera sustancial, agregó.

Disuadir por vía de multas y prisión

Para disuadir a los pacientes ya sus contactos estrechos de romper su aislamiento, varios países europeos no dudan en sancionar las conductas de riesgo con fuertes multas. España está por este camino: el incumplimiento de la cuarentena puede ser sancionado con multas que oscilan entre los 30.000 y los 60.000 euros según la región. Para los reincidentes, la factura puede llegar hasta los 600.000 euros.

La idea es compartida en el Reino Unido, donde los confinamientos o cuarentenas deben ser considerados una obligación. Quebrar la norma puede implicar sanciones de entre 1.000 y 10.000 libras, para las personas reincidentes. Las infracciones son algo más económicas en Italia, donde los multados deberán pagar hasta 206 euros. Los moscovitas,en Rusia, se enfrentan a una multa de 80.000 rublos, o alrededor de 900 dólares.

Por su parte, el gobierno francés está preparando un proyecto de ley para definir los límites de la cuarentena impuesta a los pacientes con coronavirus. “Debemos ser más restrictivos con respecto a quienes tienen el virus”, enfatizó Emmanuel Macron a fines de noviembre.

Un mensaje similar fue transmitido por el primer ministro, Jean Castex. El gobierno debería presentar rápidamente su propio proyecto de ley sobre el tema.

Estas sanciones económicas pueden venir acompañadas con penas de prisión. En Moscú, puede sumarse una pena de hasta 5 años de prisión. También en Italia, el incumplimiento de la cuarentena se castiga con tres meses de prisión. En Hong Kong, la pena aumenta a seis meses, al igual que en Bélgica, donde los refractarios corren el riesgo de entre ocho días y seis meses de prisión.

Grecia es un país europeo con penas severas. Al infringir voluntariamente el período de aislamiento, los ciudadanos se arriesgan a 5 años de prisión, si no causan ninguna contaminación. Pero si llegan a contagiar pueden enfrentar hasta 10 años de prisión. Si la persona infectada muere, la pena puede ascender a 15 años de prisión. Si muere más de una persona, se incurre en cadena perpetua.

Aislamientos obligatorios

Aislar a la persona contagiada es la política sanitaria más deseada. Y una estrategia eficaz en un lugar específico, en un lugar para que no deba concurrir la policía a chequear es lo ideal. Ésta es la solución que ha tomado China, con pocos contagios diarios actualmente.

Los casos positivos se aíslan automáticamente en hospitales. En Wuhan, se erigieron centros sanitarios de campaña dedicados a este fin, mientras que los casos de contacto se habían colocado en hoteles o gimnasios hechos para la ocasión.

Muchos países se inclinaron, con distinto grado de éxito, a esta política. Sin embargo, incluso aquellos en los que optaron por pagar un subsidio por aislamiento, el éxito fue dispar.

En aquellos, fundamentalmente asiáticos, donde se complementa el aislamiento con la tecnología, los resultados son distintos. Pulsera electrónica, rastreo, reconocimiento facial, se imponen.

En Hong Kong, la cuarentena para todas las personas que llegan al territorio se lleva a cabo bajo la vigilancia de un brazalete electrónico. Al llegar a su casa, se invita a la persona a caminar por el domicilio para completar las coordenadas del espacio. Se envía una alerta a las autoridades policiales y sanitarias si la persona abandona este perímetro.

Polonia también ha probado una aplicación que envía mensajes de texto varias veces al día a los que los destinatarios deben responder geolocalizándose a través de una selfie. En Corea del Sur también se han impuesto brazaletes electrónicos a pacientes que ya han violado la cuarentena. El resto de pacientes son seguidos mediante una aplicación en la que deben informar dos veces al día de su estado de salud.

Drones con cámaras térmicas

La Policía de Bélgica utilizará drones con cámaras térmicas en varios municipios del noreste del país para controlar que se respetan las normas anticovid durante las fiestas navideñas, y en particular que se acata la prohibición de lanzar fuegos artificiales.

Las cámaras térmicas que llevarán instaladas los drones permitirán a los agentes controlar a las personas que salgan al exterior y además uno de esos aparatos portará un megáfono para dirigirse a la gente en caso de incidente, indica Efe de la agencia local Belga.

La multa en Bélgica por no respetar las restricciones contra el coronavirus, como el toque de queda nocturno o la limitación de los contactos sociales, asciende a 250 euros.

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