Vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental: de qué se trata el Acuerdo de Escazú

El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental y es la base del Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

En el documento, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), se sentaron las bases para el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, entre otros grandes temas.

La pandemia por SARS-CoV-2 nos deja un planteo fundamental ante una crisis de valores impostergable. Debido a la cuarentena que vivimos como medida preventiva a la pandemia de COVID-19, los abrazos a nuestros familiares hoy tienen otra valoración y la posibilidad de ver a nuestros seres queridos adquirió una nueva dimensión, de la misma manera que reivindicamos y reconocemos a la solidaridad y la empatía como protagonistas para salir adelante y superar la situación.

Sin embargo, durante la cuarentena, otro aspecto se hizo evidente y adquirió una relevancia inusitada: nuestra relación con el medio ambiente y con la sobreexplotación extractiva, contaminante e insostenible que deteriora cada vez más los ecosistemas y nos expone a la emergencia de enfermedades zoonóticas, además de degradar el medio ambiente en que vivimos.

A nivel local, los constantes desmontes y deforestación en el norte de nuestro país, el conflicto con la minería, los incendios en las islas del Delta, la pesca ilegal en el mar Argentino y la pesca indiscriminada durante la bajante histórica del Rio Paraná, fueron y son acontecimientos que matizan la cuarentena generando un amplio repudio viralizado dentro de la sociedad, ONGs y activistas ambientales.

Esta situación se extiende en el espacio y el tiempo cuando recordamos los incendios intencionales y devastadores que representaron la pérdida de más de 2,5 millones de hectáreas sólo en el mes de agosto de 2019 en el Amazonas, los conflictos con la megaminería en varios países de América Latina, que provocaron en nuestro país el desastre de Jáchal, la tala para madera ilegal y desforestación descontrolada para agroindustria en la región, las inundaciones e incendios debido al cambio climático en nuestro país, y, lo mas preocupante, el asesinato de activistas ambientales que defienden los recursos de tierra y agua frente a los intereses de minería, agronegocios y combustibles fósiles.

La OMS estima que la degradación ambiental es responsable de 23% de todas las muertes en el mundo y de acuerdo a la ONG Global Witness, el año 2019 representó un récord, de una tendencia en aumento, con 212 asesinatos registrados de activistas ambientales, a pesar de que muchos casos no son documentados o son silenciados con amedrentamientos.

Más de dos tercios de estos asesinatos ocurrieron en América Latina, principalmente en Colombia, lo que nos convierte en la región mas peligrosa a nivel mundial. El medio ambiente comienza a ser un nuevo punto de conflicto para los derechos humanos por la demanda continua de productos como madera, minerales y aceite de palma. Según el informe de Global Witness, el 40% de los defensores asesinados eran indígenas, a pesar de que estas comunidades representan solo el 5% de la población mundial, sus territorios representan el 20% del planeta, de acuerdo a la ONU. Cada vez se utilizan métodos más violentos para apropiarse de las tierras, debido a que están generalmente intactas con una vasta riqueza en recursos naturales que las coloca en la mira de los intereses explotadores de grandes industrias.

Todos estos acontecimientos causan impotencia y repudio generalizado ante los hechos de vandalismo y sobreexplotación ambiental y ponen en relieve la orfandad y falta de herramientas de las comunidades locales a la hora de frenar estos abusos. En el marco de este reclamo silencioso que cada vez se hace mas fuerte surge el Acuerdo de Escazú como un instrumento internacional que articula el derecho a vivir en un ambiente sano como derecho humano.

El “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido Acuerdo de Escazú por la cuidad Costarricence donde fue adoptado en marzo de 2018, es un nuevo acuerdo vinculante de derechos ambientales para América Latina y el Caribe y un instrumento jurídico pionero que promueve la democracia ambiental integrando a grupos históricamente excluidos y comunidades más vulnerables, dando respuestas a algunos de los conflictos más urgentes del desarrollo que explota intensivamente los ecosistemas en la región.

El documento de Escazú tiene tres pilares fundamentales: El derecho del público a la información en temas ambientales que determina que cualquier persona tiene derecho a acceder a la información pública en manos del Estado. Para ello el Estado debe promover la elaboración de informes en formatos y lenguajes accesibles para todos los interesados y hacer que la información sea disponible con restricciones excepcionales, contempla, además, mecanismos de revisión independientes para facilitar la transparencia.

El derecho del público a participar en las los procesos de toma de decisiones ambientales que propone la participación del público y las comunidades locales en la toma de decisiones en materia de gestión y actividad ambiental y en sus revisiones desde etapas tempranas, promoviendo un Estado proactivo en la convocatoria especialmente de grupos locales y/o vulnerables con mecanismos alternativos de solución de controversias.

Y el acceso a la justicia en asuntos ambientales que asegura el derecho a impugnar y recurrir en situaciones donde se vulnere los derechos anteriormente mencionados, y el derecho a un recurso operativo en daños ambientales que afectan negativamente los derechos humanos de las comunidades estableciendo las garantías y condiciones para que el acceso a la justicia sea efectivo con posibilidad de medidas cautelares y medidas reparatorias del daño. Es el primer acuerdo que empodera a los defensores del medio ambiente estableciendo obligaciones que garanticen un entorno seguro y propicio para actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad promoviendo todos sus derechos humanos en asuntos ambientales.

El Acuerdo Escazú incluye un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos y, además, evaluaciones independientes de desempeño ambiental, como prioridad para la gestión racional de productos químicos y desechos, ya que, si bien los productos químicos contribuyen al desarrollo, su manejo inadecuado puede crear fuentes peligrosas de contaminación para las comunidades y el medio ambiente.

Ya existe un referente al Acuerdo de Escazú y es el Convenio de Aarhus que incluye actualmente los 27 países de la Unión Europea y otros 51 Estados de Europa y Asia Central como Estados parte. Este convenio regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Contempla, además, el Registros de Emisiones y Transferencias de Sustancias Contaminantes (Protocolo de Kiev). El Convenio de Aarhus, al igual que el Acuerdo de Escazú, no representan sólo un acuerdo medioambiental, sino también un acuerdo sobre la responsabilidad del gobierno, la transparencia y la capacidad de respuesta. La experiencia del Convenio de Aarhus, vigente desde el 30 de octubre de 2001, demostró ser viable y positiva para el desarrollo de la democracia ambiental, revelando que la participación es un proceso vital para el éxito de las iniciativas. El Convenio de Aarhus ha sido un modelo en las aspiraciones del Acuerdo Escazú que fue adaptado a las necesidades y particularidades de nuestra región.

Argentina lideró desde el 2013 el proceso de negociación que ocurrió en el marco de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). El Acuerdo se abrió para firmas durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018. Actualmente ha sido firmado por 22 países (incluida Argentina) y se necesita que 11 países ratifiquen para que el acuerdo entre en vigor. Hasta la fecha 9 países han ratificado y nuestro país tiene plazo para hacerlo hasta el 26 de septiembre próximo. Ratificar el Acuerdo de Escazú representaría para nuestro país, la adquisición de un nuevo instrumento de resolución democrática de conflictos ambientales cada vez más frecuentes y visibles.

Sin una gestión segura de sustancias y materiales, sería imposible lograr igualdad, justicia y dignidad humana para todos. Colocar los derechos humanos en el centro de la acción ambiental es crucial, asumiendo que el desarrollo sostenible sólo puede lograrse con la participación de todos los sectores involucrados preservando los ecosistemas en una convivencia armónica y respetuosa con las demás formas de vida que habitan nuestro planeta.

(*) La autora, Lorena Haurigot, es bióloga, doctora en Química Biológica y Microbiología Molecular y especialista en fauna silvestre

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