Borja Adsuara: “Hasta que no estuvieron seguros de que no iba a ser reelecto, Twitter y Facebook no se atrevieron con Trump”

“¿Has visto el hilo de Jack Dorsey de hoy?”, preguntó Borja Adsuara Varela, abogado español, experto en libertad de expresión y derechos de autor en internet, quien ha llamado censura, sin ambages, a la decisión de las grandes plataformas digitales de suspender las cuentas de Donald Trump y los servicios de operación a Parler, luego del asalto al Capitolio en Washington DC.

Adsuara, profesor en la Universidad Villanueva e impulsor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en España, ha leído el hilo del director ejecutivo de Twitter y se ha tomado con reservas la parte en que @Jack no se sentía “orgulloso” de “haber tenido que prohibir” a Trump: “Está muy bien ‘promover una conversación saludable’ pero, si se suprimen contenidos y se suspenden cuentas que no son claramente ilegales, eso no deja de ser un #eufemismo; se trata, simple y llanamente, de #censura”, le contestó.

“Hay una cosa que es de Perogrullo pero se nos está olvidando —subrayó en diálogo con Infobae—: que en un estado de derecho el principio es el de legalidad. Es lo que nos da seguridad jurídica tanto a los usuarios como a las plataformas, que sólo están obligadas a borrar contenidos ilegales. ¿Pornografía infantil? Es ilegal. ¿Apología del terrorismo? Es ilegal. ¿Degollamientos jihadistas? Es ilegal. ¿Que Trump diga ‘Vayamos por la avenida Pensilvania al Capitolio’? Tendrá un juez que decidir si eso es un golpe de Estado”.

Además, eso no sucedió en una publicación de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch o Snapchat —entre otras que suspendieron las cuentas el presidente saliente de los Estados Unidos—: “Trump lo dijo en un mitin. ¿Algún juez pidió su detención por incitar a la rebelión y a tomar el poder? ¿Mark Zuckerberg sabe más que todos los jueces de Estados Unidos? ¿Dorsey?”

Si bien todos los derechos tienen límites, y el derecho a la libertad de expresión no es la excepción —la injuria, la calumnia, el delito de odio no están amparados—, el camino a seguir hubiera sido presentarse ante un tribunal y pedir una medida cautelar para suspender cada cuenta. “Si el juez lo ordena, tú estás cubierto”, explicó.

“¿Por qué no lo han hecho? ¿Y por qué todas las plataformas se han puesto de acuerdo para censurar? Si censuras a uno del gobierno —o de la oposición, lo mismo da— y le quitas a sus seguidores la forma de hablar entre ellos, estás influyendo en procesos electorales. Eso es muy grave. Eso realmente me parece un golpe de estado. Que unas grandes corporaciones sean las que decidan es lo que me parece un golpe al estado democrático de derecho”.

El debate sería menos opaco si no se centrara en una figura tan divisiva como Trump, observó Adsuara. Mucha gente —tanta, que perdió la reelección a la Casa Blanca— celebraría si lloviera todos los días de las vacaciones de Trump, su equipo perdiera y lo dejaran sin postre por el resto de su vida. “La gente está de acuerdo con lo que le ha pasado”, se asombró el experto. “Yo podría estar de acuerdo, pero que lo diga un juez, no un CEO”.

Si censurasen a Biden, ¿nos parecería igual de bien?

A Trump, además, no le han censurado una publicación, señaló el consultor de estrategia digital para organismos públicos, fundaciones y empresas: le han suspendido las cuentas “por lo que pueda decir en los días que faltaban hasta el 20 de enero”, día de la asunción de Joe Biden. “¡Esto ya es Minority Report, te sancionan por lo que puedas hacer!”

El episodio le recordó a la ley de vagos y maleantes que existía en España: “Sólo por la pinta que tenías te podían meter en la cárcel. Ahora, antes de que Trump cometa una burrada, le suspendes las cuentas. Lo peor es que la gente lo piensa de verdad. Hoy me ha dicho uno: ‘Es que si hubieran cogido desde el principio a Hitler no hubiera pasado lo que pasó'. Si lo matan al nacer, tampoco”, se burló.

“A los que están a favor de lo que han hecho las redes sociales porque se trata de Trump, les digo: imagínense que Zuckerberg y Dorsey fueran muy amigos de Trump —y muy amigos en el sentido de que Trump les ha prometido un marco regulatorio muy favorable— y entonces, desde antes de las elecciones, censurasen a Biden y a los seguidores demócratas, y manipulasen a la opinión para que todo resulte favorable a Trump. ¿Nos parecería igual de bien?”

El problema no es qué le pase a Trump, quien insistía en que había ganado unas presidenciales que perdió, por un fraude electoral que no tuvo lugar. El problema, dijo Adsuara, es que eso le puede pasar a cualquiera porque no está regulado qué pueden hacer y qué no pueden hacer las redes sociales. Lo cual les da a sus CEOs un enorme poder, además del económico.

“Yo tengo una cuenta de Twitter desde hace más de 10 años y soy muy tuitero. Tengo unos 215.000 tuits y 23.000 seguidores: si me cierran mi cuenta, aparte de perder todo el histórico de 10 años, ¿afecta mi libertad de expresión o no?”, planteó. En su hilo del 14 de enero, Dorsey decía que como su servicio hay otros y la gente puede elegir uno a su gusto: “¿Qué, a Google+ me voy a ir?”, se rió Adsuara. “Pierdo mis 23.000 seguidores. Tengo que empezar de cero en otra red donde no hay nadie, porque ellos están ahí”.

Que en su hilo de aclaraciones Dorsey escribiera que entre los objetivos de Twitter está “una existencia más pacífica en la Tierra” le pareció ya un poco demasiado: “Es un mensaje entre mesiánico y missiánico, de miss de concurso de belleza”, comentó. “¿Su misión es la paz en el mundo? Yo me conformo con que cumpla la ley”.

Desarrolló: “Twitter no está aquí para alcanzar la paz en el mundo. Está aquí para que nos comuniquemos los usuarios y para que retiren contenidos que sean ilegales”. Ilegales, “no ‘peligrosos’”, distinguió el jurista, miembro de la Comisión de Propiedad Intelectual española y patrono de la Fundación España Digital.

¿La casa se puede reservar el derecho de admisión?

Una empresa privada pone sus normas, los medios no están obligados a publicar todo, el usuario acepta los términos de servicio: esos tres argumentos, contó Adsuara, surgieron ante él una y otra vez en las discusiones de estos días. Y debió dedicarse a rebatir los tres, una y otra vez también.

“Las empresas privadas no pueden poner las normas que quieran”, explicó. “Por ejemplo, en el ámbito laboral, no pueden decirles a sus trabajadores: ‘Oye, este mes no te pago’. Hay tiendas que venden alcohol y tabaco pero tienen prohibido hacerlo a menores de edad. ¿Como soy una empresa privada puedo poner las normas que quiera, y como tú me caes simpático, chico, te voy a vender tabaco y alcohol?”. No lo pueden hacer. El derecho de admisión, que todo el mundo lo usa en los bares, en los restaurantes, tiene límites. No se puede decir: ‘En este bar no entran negros’. Es ilegal, va contra los derechos fundamentales”.

El segundo argumento más popular que enfrentó el experto es que las redes sociales son como medios de comunicación y pueden decidir qué se publica y qué no: “No es así. Los periódicos tienen línea editorial y responsabilidad. Si mando un artículo y no me lo publican, no puedo decir que me hayan censurado. En cambio, Twitter o Facebook son plataformas neutrales de comunicación entre usuarios, donde no hay una línea editorial”.

El detalle abre un abismo: “Nuestra cuenta de Twitter es como una web y la plataforma, como WordPress o Blogger. A nadie se le ocurre que en WordPress se dedicaran a poner en cada publicación ‘Me parece que este post es de dudosa veracidad’. No lo harían, ni en Blogger. No se meten en lo que tú publicas en tu blog o en tu web. Y sin embargo, hemos aceptado que las redes sociales primero entren a verificar si la información que colgamos está bien o mal o es dudosa”.

El tercer argumento, que el usuario ha accedido voluntariamente a los términos de servicio, le parece casi ridículo: “No es que los hayas aceptado: es que no te queda otra”, sinceró Adsuara. “Cuando uno se hace miembro de la plataforma firma un contrato de adhesión, no uno entre particulares al mismo nivel, porque existe una situación del poder. Son contratos como los del teléfono o los de los bancos, que se ha demostrado que tienen cláusulas que pueden ser abusivas y que un tribunal las puede anular. Y si quieres que la compañía de agua te dé agua, no puedes decir ‘Esta cláusula no me gusta, quiero negociarla’: tienes que decir que aceptas las condiciones, y se acabó”.

La particularidad de los términos de servicio es tal que da lo mismo que uno los lea o no antes de clickear en “aceptar”: no se entienden. “Yo los he leído, y soy abogado, y aun así. Porque los abogados de Twitter y las demás plataformas usan unos términos tan ambiguos que podrían ahorrarse todo y poner ‘Puedo hacer lo que me dé la gana’”.

Y no sólo con la libertad de expresión de los usuarios: también con su propiedad intelectual. Los contenidos son de cada persona pero las redes “se autoconceden una licencia de explotación gratuita para toda la vida, de cesión a terceros, de modificación de tu contenido, para el mundo mundial... Eso es una expropiación”, sintetizó Adsuara. “Me parece que es muy grave porque, en el fondo, es un pulso entre las grandes corporaciones internacionales y el Estado de derecho”.

¿En qué consiste la libertad de expresión en el siglo XXI?

—Cuando pensamos en la libertad de expresión pensamos en la protección del individuo frente al estado. ¿Habría que ampliarla a la protección contra las corporaciones?

—He tenido la misma conversación con una amiga, que es fiscal, y nos hemos enfadado. Ella dice que la censura en la constitución española solo se refiere a censura de la administración frente a los ciudadanos. Sí, tiene razón, pero en 1978 era la única censura que existía; igual que en el siglo XV solo estaba la censura eclesiástica para poder publicar. Pero en el siglo XXI hay otras formas de censura.

—¿Cuáles?

—La constitución española dice que prohíbe cualquier tipo de censura: la censura previa y el secuestro de ediciones, que es la censura a posteriori. O te impiden publicar algo o una vez publicado te lo retiran: lo que hacen las redes sociales es el secuestro de una publicación. Si te cierran la cuenta es algo parecido a la muerte civil.

—¿Hay que cambiar las leyes fundamentales?

—Yo creo que no. El Código Civil español dice que la forma de interpretar las normas es de acuerdo al momento en que han de ser aplicadas. Que es el siglo XXI.

Si en los países que sufrieron dictaduras en el siglo XX, como España y muchos en América Latina, se piensa en la oficina de censura previa, donde un grupo de burócratas cortaba escenas de películas, prohibía libros o creaba listas negras de artistas, el escenario es en realidad muy distinto, argumentó Adsuara: “La capacidad de una red social con sus algoritmos hace que el alcance de la censura pueda ser muchísimo mayor al de cualquier gobierno”.

¿Por qué no actuaron antes contra Trump?

Adsuara no se conmovió cuando las redes sociales se presentaron como defensores de la libertad de los estadounidenses. “Para estar en China, accedieron a los pedidos del gobierno de colaborar en la identificación de los disidentes por las búsquedas que hacían”, recordó.

—¿Por qué cree que actuaron?

—Porque ya había acabado el recuento de votos. Antes no se atrevieron. Hasta que no estuvieron seguros de que no iba a repetir Trump no se atrevieron. Porque Trump ya les había amenazado con revisar la legislación estadounidense, la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, de 1996. Estas cosas no pasan de la noche a la mañana, ni sin haber hablado con la nueva administración.

—¿Puede tener que ver que en este momento las compañías estén siendo investigadas por abuso de posición dominante?

—Estoy convencido. Porque tanto en Estados Unidos como en Europa, donde se los investiga, si van solo a un debate económico tienen las de perder: es evidente que están haciendo abuso de una posición dominante. Las fiscalías dicen que se han convertido en los porteros de internet, los que deciden quién pasa y quién no pasa. En cambio si son los guardianes de la decencia, los que limpiamos las redes sociales de escoria, a lo mejor les permiten seguir haciendo lo mismo. Se agarran a eso, pero sin dudas tiene que ver con el derecho a la competencia. Entonces se han levantado: “Nosotros hemos echado a este indeseable, hemos dejado de alojar a Parler en las tiendas de Google y de Apple y en los servicios en la nube de Amazon”.

—¿Qué pasa con el discurso de odio o las fake news?

—Echando a los seguidores de Trump lo único que van a conseguir es que Trump, que tiene millones, acabe creando una plataforma. Estamos hablando de la mitad de los votantes de los Estados Unidos: el problema no es Trump, el problema son sus seguidores. Dividir a la población no es bueno para la convivencia, porque al solo hablar entre ellos se irán radicalizando cada vez más. En mi familia recorremos todo el arco parlamentario, de Vox a Podemos. A veces tenemos discusiones muy apasionadas y luego de enfadarnos pues nos damos una abrazo y un beso, y ya: eso es la convivencia. No necesito que venga Dorsey a moderarme. Y si hay gente muy pesada, que quieren que le hagan casito, pues hay herramientas para silenciarles o bloquearles. Además, ¿quién decide qué es discurso de odio o fake news?

—¿Quién?

—En España pasó algo durante la pandemia. El presidente del gobierno y los partidos que apoyan al gobierno, cuando comenzaron a escucharse muchas críticas sobre la gestión, dijeron que eso eran bulos y que había que perseguirlos, y pidieron informes a la guardia civil de quiénes estaban creando los fake news para desprestigiar al gobierno. ¿Qué me quieren decir? ¿Que toda crítica al gobierno va a ser considerada desinformación? Es muy grave. Nos metemos en una espiral muy peligrosa. Al final, la única seguridad jurídica la dan las leyes aprobadas en un parlamento democrático y los jueces interpretando las leyes.

¿Hay que regular las redes sociales?

Desde que en Europa se aplica el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) las plataformas digitales no pueden hacer cualquier cosa; ahora, adicionalmente, se ha propuesto un Reglamento de Servicios Digitales que lo actualizaría. También en los Estados Unidos se ha hablado muchas veces de reformar la ley que data de 1996, y quizá por eso en 2019 Silicon Valley marcó un récord de dinero empleado para hacer lobby en Capitol Hill.

Adsuara cree que el camino es una legislación como el RGPD: “Los representantes de la sociedad debe fijarles las normas de lo que pueden y lo que no pueden hacer”. En España él participó, en 2000, de la transposición local de la Directiva Europea de Comercio Electrónico, “pero 20 años es mucho tiempo, y más en internet”, apuntó. “En el 2000 no existían estas redes sociales, había otras; y precisamente hay que actualizar porque no queda claro el papel moderador de las redes sociales, tanto para censurar contenidos como para recomendar contenidos”.

Porque ese, que es el negocio central de las redes sociales, tampoco está regulado: “Nos recomiendan contenidos adictivos que mantienen nuestra atención para que pasemos más tiempo y veamos más publicidad. Eso hay que revisarlo. Tienen que ser algoritmos mucho más transparentes, que se deberá supervisar”.

Y entonces también se podrán poner límites a la capacidad de censura de las redes. Por ahora, en los Estados Unidos —cuyo sistema jurídico es abierto, no de código, y por eso se litiga mucho y se lee la jurisprudencia— podría surgir una multitud de pleitos a partir del caso @RealDonaldTrump, además del que Parler ha iniciado a Amazon. A Adsuara no le asombraría que en esos fallos se comenzara a aclarar el futuro legal de Facebook, Twitter, YouTube y demás.

Con respecto a lo sucedido, él no tiene dudas: “En un tema tan importante, por el sujeto, que es el presidente de los Estados Unidos, y porque un golpe es una cuestión de seguridad nacional, ¿no hubiera sido bueno —a lo mejor, no sé, llámame loco— ir a un juez?”, ironizó. “No es un tío que ha puesto un pezón femenino en Instagram (porque masculinos puedes poner sin problema): es el jefe del ejército de los Estados Unidos y lo están acusando de incitar a un golpe de Estado. ¡Menos mal que están Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, porque no hay jueces en los Estados Unidos! ¿El estado de derecho no tiene mecanismos legales para protegerse de un tema tan grave como es un asalto al Capitolio o un supuesto golpe de estado?”

A él la situación le preocupa porque el derecho lo apasiona, pero también porque es un ciudadano. “Esto va contra lo que nos ha costado siglos conseguir: la seguridad jurídica y un estado democrático basado en el principio de la legalidad. ¿Ahora hay unas normas internas que están por encima de los derechos fundamentales, y la declaración universal de derechos no vale para nada? Para tener un gobernante prefiero al que tenemos antes que al CEO de una de corporación, porque es el que hemos elegido. Nadie ha votado a Dorsey o a Zuckerberg”.

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