La Unión Europea debate nuevas directivas sobre los derechos de autor: cuáles son los artículos más controversiales y sus consecuencias

Entre fines de marzo (26 o 27) y abril (el 4 o bien entre el 15 y 18) el Parlamento Europeo votará las nuevas directivas sobre derechos de autor. Es la primera actualización que se hará de esta normativa desde 2001. El primer borrador de LA iniciativa se hizo público en septiembre de 2016 y desde ese entonces se ha estado discutiendo. A fines de este mes se hará la votación en plenario, donde se expedirán los 751 miembros.

Se puede aprobar tal como está o bien se puede votar quitar los artículos controversiales o hacer modificaciones. El Consejo deberá aceptar luego esos cambios o bien puede dejar en espera el proyecto hasta después de las elecciones de la Unión Europea, en mayo.

Una vez aprobada la directiva, los países de la Unión Europea tienen que reglamentarla. Tienen hasta dos años de tiempo para generar esta reglamentación.

Los cambios que se proponen están generando grandes controversias y debates en diferentes sectores, porque cambiarían radicalmente el modo en que se accede a la información digital.

Los artículos en disputa

Artículo 11, "impuesto por enlace"

El artículo 11 autoriza a empresas editoriales y medios a cobrarles a los buscadores, agregadores u otros sitios si reproducen más que "algunos pequeños extractos o palabras" de sus portales de noticias o contenido. La directiva, en este sentido, crea un nuevo derecho de autor.

Este artículo fue modificado y ahora, a diferencia de lo que ocurría en la versión original, se le otorga a los medios la posibilidad de renunciar al cobro forzoso de licencias. "Parece que la directiva les da a los editores la libertad de otorgar licencias gratuitas, lo que facilita que los medios de todos los tamaños ganen dinero obteniendo más lectores", analizó Kent Walker, vicepresidente de Asuntos Globales de Google en un comunicado publicado en el blog oficial de la compañía.

Argumentos en contra

Una de las críticas que se hace es la imprecisión o vaguedad de la normal. No queda claro qué serían "pequeños extractos" y si eso aplicaría también al uso de enlaces. "Tendremos que esperar y ver cómo interpretan los tribunales lo que 'muy corto' significa en la práctica; hasta entonces, el hipervínculo (con fragmentos de código) estará sumido en la incertidumbre legal", detalla Julia Reda, alemana e integrante del Parlamento Europeo en su blog .

Eso luego dependería de la interpretación eventual que se haga de la norma y su reglamentación. Los detractores de esta iniciativa creen que esto limitaría la difusión y distribución de información en la web.

"En España, donde se aplicó una iniciativa similar, Google cerró su servicio de Google News", explica a Infobae, Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social, Magíster en Propiedad Intelectual de Flacso y presidenta de Fundación Vía Libre, una agrupación que promueve los ideales del software libre y los aplica a la libre difusión del conocimiento y la cultura.

"En principio nosotros no estamos de acuerdo con la creación de nuevos tipos de propiedad intelectual. Entendemos que el acceso a la información y la diversidad de publicaciones de medios y audiencia hacen a la riqueza del debate público y una medida de este tipo sería poco constructiva en términos de acceso a la información", profundiza.

Argumentos a favor

Los que apoyan esta iniciativa sostienen que es una forma de restaurar el equilibrio en el ecosistema digital. "Los titulares de derechos -sean autores, editores, productores, artistas- llevan años contemplando con estupor cómo terceros se enriquecen utilizando las obras de las que son titulares sin que ellos tengan participación alguna en esos negocios", analiza el abogado Javier Díaz de Olarte, jefe del Departamento Jurídico del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) en un artículo publicado en el sitio de la
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), una entidad que nuclea las empresas periodísticas, editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web de la Argentina.

El abogado explica en el artículo que el derecho entraría en vigencia luego de dos años desde su publicación y que no se aplicaría de manera retroactiva, es decir en obras que hayan sido publicadas antes de la entrada en vigor de la directiva.

También explica que este derecho no afectaría a los usos privados y no comerciales que se hicieran entre particulares ni a los enlaces. "La directiva establece que los estados miembros ordenarán mecanismos para que los autores de las obras que se incorporen a la publicación de prensa participen de forma apropiada en la remuneración que perciban los editores por este concepto", detalla en el texto.

Artículo 13, filtros de contenido y el "anti meme"

El artículo 13 dice que todos los sitios y aplicaciones donde los usuarios pueden publicar material audiovisual o música deben hacer todo lo posible para evitar que se suban copias no autorizadas de trabajos que estén alcanzados por copyright o derecho de autor.

Esto responsabilizará a sitios como YouTube, Facebook, Twitter y cualquier plataforma similar por el contenido que suban los usuarios y que no cuenten con un permiso o licencia correspondiente. Ante esta situación, las plataformas deberían tener licencia para la difusión de cualquier tipo de contenido sobre el cual haya derechos de autor.

Argumentos en contra

Las licencias sobre obras pueden ser difíciles de obtener, por otra parte hay muchos derechos que están en disputa, a lo que se le suma el volumen de obras que existe: es tanto el caudal que las compañías podrían optar directamente por instrumentar mecanismos automáticos para eliminar, de antemano, cualquier contenido que pudiera contrariar esta directiva.

YouTube ya cuenta con un sistema que es el Content ID, que les ofrece a los dueños de copyright la posibilidad de reclamar su autoría sobre contenido publicado en esa plataforma. El sistema permite bloquear el video o monetizarlo por medio de anuncios. En caso de que se aprobara la normativa todas las plataformas, si no pueden obtener licencias, deberían generar mecanismos automáticos (y sin que medie ninguna denuncia del autor) para borrar o eliminar contenido sobre el cual haya derechos de autor.

Los detractores de la norma dicen que esto mataría la innovación, que no se va a poder generar innovación digital. En la directiva no se especifica cómo se llevará a cabo pero algunos sostienen que esto implicaría el desarrollo de "bots de censura automática", justamente por lo mencionado anteriormente.

"Se está generando la obligación de diseñar, desarrollar lo que se llama copyright bots, es decir, sistemas de inteligencia artificial entrenados para detectar el uso de obras bajo copyright e inmediatamente eliminar o impedir que se suba ese contenido, de manera automáticamente y sin que tenga que mediar la denuncia de un particular damnificado", subraya Busaniche.

La especialista dice que esto afectaría a la difusión cultural y la libertad de expresión de diferentes maneras. "Existen infinidad de usos posibles de obras bajo copyright que no infringen la propiedad intelectual como obras vinculadas con la parodia, la enseñanza, la cita. Hay muchos usos legítimos que se van a ver impedidos porque estos sistemas, los copyright bots no tienen la capacidad de distinguir un uso legítimo por lo tanto todo los contenidos serán dados de baja de manera automática", analiza Busaniche.

El artículo 13 fue bautizado como el "anti meme" porque no queda del todo claro si los memes, que suelen estar basados en imágenes sobre las que hay derechos de autor, estarían alcanzados por la directiva. Algunos esgrimen que se los exceptuaría porque serían considerados parodias, pero otros sostienen que podrían ser alcanzados y que, además, aunque fueran exceptuados, los filtros automáticos no podrían diferenciar una parodia de otro tipo de contenido.

Argumentos a favor

Por su parte, Díaz de Olarte sostiene que tanto el artículo 11 como 13 tienen la misma finalidad: generar una norma que proteja los derechos de autor y a los creadores de contenido, tanto autores como medios o editoriales.

"A hoy la situación de desequilibrio es escandalosa. La directiva intenta solucionar esa situación creando mecanismos legales que permitan conciliar el desarrollo de modelos negocios digitales con el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de que los titulares perciban una remuneración por esos usos de sus obras", concluye.

El artículo 13 tuvo reformas, tras un acuerdo alcanzado por Francia y Alemania, para justamente evitar que estos filtros perjudiquen a plataformas más pequeñas. En la nueva versión, se exceptúa del alcance de esta directiva a las plataformas y aplicaciones que estén disponibles hace menos de tres años, que tengan un facturación anual inferior a 10 millones de euros y que cuenten con menos de cinco millones de visitantes únicos al mes.

Sin embargo, Reda dice que esta modificación igual sigue siendo perjudicial. "Incontables apps y sitios que no reúnen todos estos criterios necesitarían instalar filtros de subida, agobiando a sus usuarios y operadores", remarca Reda.

La división de la torta publicitaria entre los medios y las grandes plataformas

"Detrás de esto en definitiva, hay un tema comercial: por qué puede cobrarse y qué debe circular gratis. Y saber que cuando algo es gratis, en definitiva alguien lo paga. Que el contenido de un medio se estime en dinero no necesariamente implica afectar el derecho de información, pero debe haber reglas claras y fruto de una discusión pública ponderando el derecho del medio a ser una empresa comercial, el derecho de información y la extensión del copyright", analiza el abogado Sergio Mohadeb, especializado en derechos del consumidor y editor del sitio web Derecho en Zapatillas, en diálogo con Infobae.

Se dice que en esta nueva economía digital, los grandes ganadores son las grandes plataformas como Google, Facebook o Amazon, que absorben la mayor parte de la pauta digital. Sin embargo, las plataformas aseguran que ellos son parte de un engranaje que propicia un sistema colaborativo y de distribución de ingresos.

Desde Google sostienen que la derivación de tráfico significa mayor posibilidad de monetización para el medio. La compañía asegura que desde Google se derivaron 11 mil millones de clicks en todo el mundo el último año y que eso significó la distribución de cerca de 13 mil millones de dólares entre generadores de contenidos (desde grandes medios hasta influencers o youtubers).

Ese número sale de los banners, pre-rolls en videos y cualquier formato de publicidad que surja del sistema de ingresos compartidos con Google donde los creadores obtienen un porcentaje de la publicidad y la empresa de Mountain View, otro de menor volumen. La compañía subraya que la mayor cantidad de porcentaje de lo que se obtiene por ese tipo de publicidad servida automáticamente por Google la reciben los creadores de contenido y que ellos se lleva una ración menor.

Muchos medios reconocen que no es lo mismo el impacto de Google y Facebook en sus finanzas, ya que esta red social, como otras similares, concentran o encapsulan el contenido en sus sitios y no propician, activamente, la distribución del contenido como hace el buscador.

Por otra parte, los medios cuestionan que las grandes plataformas tienen acceso privilegiado a una gran cantidad de datos de usuarios que les generan muchos ingresos indirectos que no se distribuyen y quedan concentrados en pocas manos.

Qué pasa en Argentina y el resto de América Latina

Argentina y el resto de América Latina está pendiente de lo que pueda ocurrir en Europa y esto se podría tomarse como precedente, sobre todo teniendo en cuenta que en la región hay planes para actualizar la normativa sobre responsabilidad de intermediarios y derechos de autor.

El año pasado, en el marco de las controversias que surgieron por el uso de datos por parte de redes sociales y plataformas así como la difusión de fake news, varios directivos y dueños de los principales medios periodísticos que son parte de Adepa se reunieron para repensar el rol de los productores de contenido, la distribución de ingresos que surge de la pauta digital y el uso de la propiedad intelectual.

Se comenzaron a analizar estrategias para proteger el ejercicio del periodismo profesional, según destacó la entidad en un comunicado. Esto refiere tanto a mecanismos para asegurar la calidad periodística y combatir la difusión de noticias falsas como a generar oportunidades que ayuden a financiar los medios de comunicación que generan fuentes de empleo.
La polémica está planteada y los argumentos están sobre la mesa. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación.

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