Cómo seguirán las pruebas en Alemania para bajar el costo del transporte público y otras experiencias europeas

Desde que Rusia invadió Ucrania a fines de febrero, el Gobierno de Alemania —un país con 83 millones de habitantes— lanzó varios paquetes de ayuda con el foco puesto en la reducción del consumo energético, para aliviar a su población por el incremento de los precios del petróleo y la inflación en general, que alcanzó un 7,9 % interanual en agosto. Entre las medidas aprobadas por la Cámara Alta en mayo, una de las más destacadas fue una fuerte baja del precio del transporte público por 90 días para alentar su uso. El abono único mensual de 9 euros, casi un décimo de su valor habitual, tuvo vigencia desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto.

El Gobierno, a cargo del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, está formado por una coalición con los liberales del FDP (Partido Democrático Libre) y el partido ecologista de centroizquierda, Verdes. En este acuerdo, la lucha contra el cambio climático quedó establecida como la gran prioridad de la gestión. Mejorar la matriz de consumo energético del país ya estaba en la agenda. A esto se le sumó el conflicto en Ucrania. Por eso hace meses que Alemania, una de las economías más grandes de Europa, busca liberarse de la dependencia de los suministros rusos.

El sistema de transporte público en Berlín es excelente. Los colectivos, subtes, tranvías, trenes urbanos y ferris trasladan personas a cualquier punto de la ciudad, las 24 horas. Hasta la llegada de estas medidas, su precio era alto. Cada pasaje costaba 3 euros y solo servía para un viaje. Un abono mensual para todas las opciones disponibles en la ciudad costaba casi 86 euros.

El nuevo abono habilitó a las personas a usar los medios de transporte públicos regionales y municipales del país. El billete incluyó los viajes en trenes de cercanías, urbanos, regionales, tranvías, subterráneos, colectivos, teleféricos, funiculares, y transbordadores de servicio público. Su finalidad: acercar nuevos pasajeros al transporte público, que en Alemania usa cada vez más tecnologías sustentables, y alejarlos de sus autos y del consumo de combustible y el impacto ambiental que generan. A su vez, bajar la carga financiera del costo de los viajes a los millones de ciudadanos que los utilizan todos los días para ir a estudiar, trabajar o pasear.

Junto con esta medida para el fomento del uso del transporte público, la Cámara Alta de Alemania lanzó otras que también apuntan a paliar los efectos de la inflación. Entre ellas, la quita de la tasa ecológica al consumo eléctrico.

A favor y en contra

La mayoría de los funcionarios del Gobierno de Berlín estuvieron de acuerdo en implementar esta prueba. Pero el hecho de que no hubiera un plan concreto para después del 31 de agosto, generó críticas y dudas.

Al responsable de transportes de Brandeburgo, Guido Beermann, le pareció una medida muy precipitada. También cuestionó la posibilidad de que Berlín terminara siendo quien absorbiera los costos extra de la emisión de esos abonos, teniendo en cuenta la enorme baja de ingresos por transporte que esto generaría.

Las empresas públicas de transporte se lamentaron por haberse enterado de la novedad a través de la prensa. Tampoco estaban preparadas para la repentina multiplicación de pasajeros.

Varios de los actores señalaron que las medidas costarían unos 15 mil millones de euros al país. Aunque pudiera parecer una apuesta razonable para Alemania, se cuestionó que eso solo cubriría tres meses y con un futuro imprevisible.

Del otro lado, el ministro federal de Transportes, Volker Wissing, resaltó la enorme oportunidad para el transporte de las personas y el cambio climático que generaría el abono de 9 euros.

En la misma línea, el ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, indicó que este paquete del Gobierno buscaba proteger al país “de los impactos negativos de la guerra” y adoptar nuevas medidas para diversificar las fuentes de energía.

También hubo elogios por parte de las organizaciones para el ambiente, muy fuertes en Alemania. La Federación por el Medioambiente y la Defensa de la Naturaleza (BUND), por ejemplo, apoyó esta prueba piloto por sus efectos en la baja de la contaminación.

España con trenes gratis

Como ya se publicó en esta sección, desde 2020 Luxemburgo tiene un plan de transporte público gratuito. En el país más accesible de Europa en términos de costos de autos y combustibles —su parque automotor es inmenso en relación con su población y superficie—, esta política apunta a cambiar el paradigma nacional de movilidad, bajar las emisiones y tener un impacto social, ya que el costo del transporte era muy alto.

A dos años de su implementación, el tráfico bajó, el transporte público libre funciona y las personas están ahorrando un promedio de 500 euros al año o más.

En el mismo continente, España lanzó un plan de cuatro meses en el que viajar en algunos trenes —los regionales y de cercanía que opera RENFE— es gratis desde el pasado 1 de septiembre y mira con atención los resultados y nuevas decisiones que se tomen en Alemania.

El plan busca proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos ante una inflación de más del 10 % anual, la mayor desde mediados de los años ochenta.

Los interesados en este abono (más de 500 mil hasta el 31 de agosto), solo pagan un depósito de 10 o 20 euros —según el paquete—, que pueden recuperar haciendo un mínimo de 16 viajes hasta finales de diciembre. Según RENFE, el pase gratis va a cubrir cerca de 75 millones de viajes. El Gobierno español también anunció una partida de 220 millones de euros para que los municipios bajaran los precios de los abonos de todos los transportes públicos en un 30 %. La iniciativa representa una ayuda social y también busca reducir el consumo de combustibles, más caros que nunca en toda Europa desde fines de febrero.

Los primeros resultados

“Nuestra mejor idea hasta el momento”. Así calificó el canciller Scholz la medida tomada en Alemania. Según la Asociación de Empresas de Transporte Alemanas (VDV, su sigla en alemán), se vendieron 52 millones de abonos de nueve euros en todo el país y se disminuyeron las emisiones de carbono en 1,8 millones toneladas. Para esta organización, la medida fue un éxito y en sus cálculos, 1 de cada 10 personas eligió el tren en lugar del auto por lo menos para uno de sus viajes diarios. Esta proporción sube al 17 % si se consideran todos los medios de transporte públicos.

Solo durante julio hubo un 42 % más de viajes que en el mismo mes de 2019, tal como refleja un informe de la Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis).

Al promediar agosto, Scholz sostuvo que “la medida tuvo un impacto masivo, reflejado en la enorme cantidad de personas que aprovecharon la oportunidad”.

Se estima que el plan también sirvió para desacelerar la inflación, que hoy es de casi un 8 % y creen que podría haber sido mucho mayor.

Según la misma oficina de estadísticas, el abono de 9 euros logró más afluencia al transporte ferroviario, especialmente en regiones turísticas rurales con distancias de 30 o más kilómetros y un alto nivel de turismo en comparación con 2019.

Pero los viajes en el transporte por autopista en toda Alemania se mantuvieron casi al mismo nivel que en el mismo período de 2019. El tráfico urbano de autos bajó muy poco, solo un 3 % en Munich, por dar un ejemplo.

“Tenía esperanza de que el aumento de los viajes en tren repercutiera en una disminución de viajes en coche, un medio de transporte mucho más contaminante. Ahora, sabemos que no, que el significativo crecimiento de los viajes en tren solo reflejó una demanda adicional”, escribió en Twitter, el experto en movilidad Prabin Joel Jones.

En esa misma línea se expresó Lars Feld, profesor de la Universidad de Friburgo: “El abono de nueve euros permitió viajes adicionales y apenas sacó a los automovilistas de las rutas. La red de transportes se sobrecargó y hubo retrasos. Fue una medida cara y generadora de muchos problemas para Alemania”, sentenció.

¿Cómo sigue esto?

Los medios de comunicación alemanes hicieron todo tipo de crónicas sobre esta experiencia. Entre ellas, la de una persona que aseguraba haber recorrido más de 11.000 kilómetros durante los tres meses que duró el programa. Su relato representa a una enorme proporción de la población que pidió la extensión de esta ayuda para los próximos meses. Una opción complicada para el equilibrio que necesita el Gobierno.

“¿Viajaste más de 11.000 kilómetros por 27 euros? Eso no es sostenible”, respondió a aquellas declaraciones el ministro de Finanzas Lindner, según contó Financial Times. “Mantener vigente esta medida durante un año costaría al estado 14.000 millones de euros; casi la mitad de los 30.000 millones de euros de ayuda excepcional pensados para bajar el precio de los trenes”, explicó.

Por su parte, la agencia medioambiental de Alemania, señaló que las emisiones de carbono tienen un costo (180 euros por tonelada) y que reducirlas es también ahorrar dinero para solventar el plan.

Por su parte, Stefan Gelbhaar, portavoz de Verdes para asuntos vinculados al transporte, consideró que el programa alivió el tráfico en algunas ciudades y probó que cuando la oferta y el precio son adecuados, las personas eligen el transporte público.

Del lado de quienes no apoyan la continuidad del plan, se señalan los trenes atestados de pasajeros, falta de espacio para subir con bicicleta y retrasos. También sostienen que mantener los abonos tan baratos representaría menos presupuesto para mantener y mejorar las redes de transporte, más deficientes en zonas rurales donde todavía faltan conexiones entre servicios. De hecho, las ventas de abonos en estas zonas fueron las más bajas por la falta de transporte público.

En la primera semana de septiembre y después de más de veintidós horas de debate, los tres partidos de la coalición de gobierno alemana acordaron un nuevo paquete de ayuda por 65.000 millones de euros para que ciudadanos y empresas pudieran seguir enfrentando las subas en los precios de la energía y la inflación.

Entre las nuevas medidas, se anunció un sucesor del abono de transporte público subvencionado, que oscilaría entre los 49 y los 69 euros, según los acuerdos que el Gobierno central logre con los Estados federados.

Aunque el precio sería menor que el de casi 86 euros anterior a este plan, el gran desafío ahora pareciera ser cómo se va a lograr volver atrás la dinámica de toda esa gente que estuvo usando el tren como primera opción durante tres meses.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.