Una política del Gobierno de Paraguay apuesta a la creación de huertas familiares en los sectores de extrema pobreza

Entre 702 y 828 millones de personas en el mundo no tuvieron alimentación suficiente el año pasado. Es decir, el 9,8 % de la población mundial sufrió hambre durante 2021, según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 (SOFI, por sus siglas en inglés) que presentaron en conjunto cinco agencias de Naciones Unidas (ONU). Una de ellas, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aseguró que el objetivo de la ONU de erradicar el hambre en 2030 se aleja cada vez más.

En Latinoamérica y el Caribe, el informe estima que el 7,8 % de la población no accedió a alimentos saludables y que le hayan permitido una vida activa entre 2019 y 2021.

El estudio también sostiene que a pesar de la crisis económica “se puede hacer mucho con los recursos existentes”. Y recomienda que los Gobiernos busquen formas más eficientes de gestionar sus presupuestos, que promuevan la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos y saludables, y de esta manera ayuden a mejorar las dietas de sus poblaciones.

En ese sentido, los expertos de la ONU resaltan que los sectores que más ayuda económica reciben son los del arroz, el azúcar y las carnes, mientras que la producción de frutas y hortalizas consigue menores apoyos, especialmente en algunos países de ingresos bajos.

En este contexto, Paraguay implementó hace casi dos años el Proyecto Mi Huerta con el objetivo de mitigar la inseguridad alimentaria —que según el informe afecta al 8,7 % de su población— y generar ingresos a las familias rurales en situación de extrema pobreza.

La iniciativa, que promueve la conformación de huertas familiares, ya alcanzó a más de 5.700 familias de trece Estados ubicados en el sudeste del país. El 90 % de las personas beneficiadas por el programa son mujeres, la mayoría de las cuales son consideradas jefas de hogar.

En Paraguay, el 70 % de la población vive de la agricultura y una sequía de tres años —entre los efectos de la crisis de cambio climático— el aumento del costo de vida y las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 profundizaron la escasez de alimentos y la situación de pobreza.̭

Mi Huerta forma parte del Programa Tekoporã (que en guaraní significa “vivir mejor”), la política más importante de protección social que tiene el Estado paraguayo desde 2005, que alcanza a 165.000 familias. En el marco de ese programa, ya 55.000 familias (aproximadamente un 30 %) habían desarrollado huertas.

Mario Varela, ministro de Desarrollo Social de Paraguay, sostiene que el Programa Mi Huerta “no solo es totalmente posible de replicar en otros países, sino que es necesario para brindar mejor alimentación y promover la capacidad emprendedora. Esto último es indispensable porque los presupuestos públicos tienen cada vez más demandas sociales que atender —salud, educación, protección social— y las ayudas en ese sentido se ven cada vez más recortadas. Por eso, creo que esta es una buena opción para replicar en otros países de la región”.

Verduras y hortalizas

A una hora de viaje en auto desde Asunción, la capital de Paraguay, está la ciudad de Luque. Ahí, en una vivienda pequeña, vive Liz Yegros con su hijo de ocho años, su pareja y otro familiar. Ella tiene 27 años y se convirtió en hortelana cuando se sumó a Mi Huerta y empezó a cultivar vegetales a fines de 2021 para reducir los gastos de su familia y consumir alimentos más sanos.

Repollos, tomates, lechugas, acelga son algunas de las verduras que cultiva Liz y que no solo benefician a su familia sino también a varios vecinos de su comunidad, ya que diariamente vende lo que le sobra para generar ingresos extras en su hogar.

Cada mañana, Liz dedica unas horas al cuidado de los cultivos, riega, abona y hace prevención de plagas, entre otras actividades. “Nosotros casi ya no compramos verduras, comemos las que tenemos en nuestra huerta”, dice Liz.

La instalación de este tipo de huertas comenzó de manera incipiente en el marco del Programa Tekoporã ―puesto en marcha en 2005― que transfiere dinero a las familias en extrema pobreza, con el fin de asegurar alimentación, salud y educación al tiempo que ellas se comprometen a que sus niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela y reciban vacunación.

El programa prevé asistencia económica por seis años para cada familia. En ese tiempo, con la ayuda de personas que hacen de guías familiares se busca facilitar el cumplimiento de las corresponsabilidades, crear capacidades de trabajo familiar, comunitario y lograr el autosostenimiento, es decir, que no dependan del Estado. Los y las guías promueven la instalación de huertas entre las familias que se dedican a la pequeña agricultura, pero también en todas aquellas que tienen un espacio en el que cultivar aunque no estén en el rubro.

Las personas que hacen de guías ayudan a buscar la información y capacitación mínima para producir frutas y verduras. Al tiempo que destacan la importancia de que se incorporen estos productos a la alimentación.

Capacitación y guías

En 2020, cuando las economías debieron cerrarse por la pandemia, la instalación de huertas ya estaba consolidada y el Ministerio de Desarrollo Social decidió buscar financiación para darles mayor impulso y asegurar alimentos y algún ingreso extra a las familias en situación de extrema pobreza.

Así fue que se creó la iniciativa Mi Huerta, con el aporte de 2.468.948 dólares por parte de la empresa binacional (Paraguay-Brasil) Itaipú. Dinero que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por su sigla en inglés) recibió y gestionó para la compra de herramientas, insumos y el pago de capacitaciones que el Ministerio de Desarrollo Social repartió e implementó en los territorios. De esta manera, 1.477 familias —de 5 departamentos del sudeste paraguayo—, que ya habían instalado sus huertas comenzaron a recibir alambre, mediasombra, herramientas y plantines —que, dicen en el proyecto, aseguran mejor producción que las semillas— con el fin de hacer crecer sus huertas. Los requisitos que debían cumplir era tener un terreno mínimo de 12 metros por 12 metros que pudiera destinarse a la producción de verduras y hortalizas y agua potable para regar.

A su vez, el programa financió la capacitación que dio el Ministerio de Agricultura y Ganadería a las casi 800 personas que hacen de guías. Ahí aprendieron buenas prácticas en la producción de huertas orgánicas que luego transmitieron a las familias. Por ejemplo, desarrollaron un calendario de cultivos, aprendieron cómo hacer compost, cómo producir fertilizantes y plaguicidas orgánicos.

La apuesta fue considerada un éxito y en 2021 Mi Huerta se amplió a 13 departamentos y alcanzó a 5.776 familias. UNOPS, que hace el seguimiento del programa, afirma que el 90 % de esas huertas se encuentran produciendo.

En este momento, el Ministerio de Desarrollo Social espera la aprobación de una nueva financiación de Itaipú, con la que prevé incorporar a más familias al proyecto durante 2022.

Pensando en que el programa pueda ser replicado en otros lugares, desde el ministerio destacan la importancia del acompañamiento de los y las guías para brindar orientación de forma constante y mejorar todo el hábitat familiar, desde la calidad de los alimentos que consumen hasta los hábitos relacionados con la salud.

En el caso del Programa Tekoporã, cada guía atiende a unas 130 familias. Sin embargo, no se cuenta con la cantidad necesaria a nivel país para el acompañamiento a los hogares protegidos. Para el 2022, el Ministerio solicitó la ampliación del presupuesto para la contratación de más guías, pero la propuesta fue denegada.

En cuanto al impacto de las huertas en la economía de las familias, el ministro especificó que “una familia que trabaja una huerta desde 2020 puede haber recaudado unos 1.000 dólares vendiendo en ferias la producción excedente”.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.