Cómo se trabaja para recuperar los 20 millones de envases plásticos de productos químicos que se tiran en el campo cada año

Debido al proceso de intensificación y tecnificación de la agricultura en los últimos 25 años, se ha producido un aumento en el uso de insumos y, entre ellos, de los productos fitosanitarios que llegan al campo en envases plásticos. En la Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación estima que esto genera alrededor de 20 millones de envases vacíos (17 millones de kilos de plástico, aproximadamente) cada año.

Una gran cantidad de estos envases no recibe el tratamiento apropiado y permanecen dispersos en el campo. Es bastante común verlos abandonados alrededor de los molinos de agua, en las cunetas de los caminos vecinales o en algún arroyo. También suelen ser vendidos ilegalmente, lo que representa tanto un riesgo de contaminación directa e indirecta del ambiente como un peligro para la salud.

Para regular la gestión de estos envases vacíos, de modo que no impliquen riesgos para la salud humana o animal y el ambiente, en 2016, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.279, que se promulgó en 2018.

La norma persigue dos objetivos principales:

Garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no afecte la salud de las personas ni el ambiente.

Asegurar que el material recuperado de los envases que hayan contenido fitosanitarios no sea empleado en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal y que no tengan efectos negativos sobre el ambiente.

La ley también establece obligaciones para todos los actores que intervienen en toda la cadena, desde la producción hasta el uso del insumo, pasando por la comercialización. Pero responsabiliza a las empresas que comercializan estos agroquímicos de retirar estos envases del medioambiente y de descartarlos adecuadamente.

Entonces, las 107 compañías que producen el 90 % de los fitosanitarios que se utilizan en el país (el otro 10 % lo fabrican unas 300) ―entre las que se encuentran Bayer, Syngenta, Atanor, Red Surcos y Corteva― financian la Asociación Campo Limpio, que ofrece una solución al manejo de los bidones.

Desde hace tres años, la organización incentiva la creación de centros de almacenamiento transitorio (CAT) en las provincias. Los CAT son lugares construidos y habilitados para recibir los envases vacíos y limpios que devuelven productores y aplicadores de agroquímicos.

Campo Limpio ya instaló 54 CAT en diez provincias argentinas y en otras seis (que adhirieron a la ley recientemente) hace campañas de retiro de envases. En 2021 recuperó más de 2,4 millones de kilos de plástico. Es decir, el 14 % de lo que se usa en un año.

Los datos indican que todavía queda mucho por hacer. De las tres provincias que más usan agroquímicos ―Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe― aún falta que Santa Fe reglamente la ley. Además, el desafío no solo está en recuperar los envases utilizados recientemente, sino también los que se han descartado en las últimas décadas.

En los últimos tres años, la cantidad de plástico que la asociación ha recuperado se ha incrementado exponencialmente. En 2019, primer año en el que funcionó Campo Limpio, recuperó 236.364 kilos y en 2020, 1.100.812 kilos. En total, desde que comenzó a operar hasta febrero de 2022, sacó del campo 4.178.730 kilos de plástico (5.799.177 envases).

Viejas prácticas vs. nuevas soluciones

La principal dificultad para sacar los envases de los campos tiene que ver con las prácticas culturales que los productores agrícolas y aplicadores de fitosanitarios han sostenido durante años: la quema; el enterramiento; el descarte en caminos vecinales, ríos o arroyos y la venta ilegal de los bidones. Y, también, con la falta de espacios para acumularlos.

De hecho, para instalar un CAT es necesario que la provincia se adhiera a la ley y hasta ahora lo han hecho 16 (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Mendoza, San Luis, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz), de las cuales diez tienen por lo menos un centro. En las otras seis se hacen campañas de retiro de envases, que consisten en promocionar que determinado día un camión estará disponible para recibirlos. “Estamos trabajando con los Gobiernos provinciales con el objetivo de que para fin de año las 23 provincias se hayan adherido a la ley y tengan aprobado el sistema de gestión de Campo Limpio”, dice Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales de la organización.

En tanto, la ley obliga a los productores agrícolas y aplicadores a reducir los residuos de los envases —a través del triple lavado o lavado a presión—, almacenarlos temporalmente en lugares apropiados de modo que no afecten al ambiente o la salud y entregarlos dentro del plazo de un año de adquirido el producto.

Además, la norma prohíbe toda acción que implique abandono, vertido, quema o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional así como la comercialización o entrega de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del sistema autorizado. Sin embargo, esas cosas siguen ocurriendo.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aclaran que “la problemática de los envases vacíos de fitosanitarios afecta a gran parte de la población”. Y que “existen riesgos muy grandes asociados, principalmente, con la reutilización indebida de estos envases”.

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) reconoce en su web que “muchas veces el productor no cuenta con la información necesaria para gestionar los envases, los cuales terminan dispersados por el campo o siendo manipulados por recicladores no habilitados para manejar este tipo de plásticos”.

Al respecto, la ley es clara cuando especifica que quienes comercialicen los productos deben entregar a los usuarios toda la información referida a su gestión, que debe incluir como mínimo el plazo de devolución de los envases vacíos y los métodos adecuados de almacenamiento en el campo y de transporte. Además, deben colaborar con las compañías productoras de agroquímicos en lo que respecta a la administración y gestión de los CAT.

Crear conciencia

Mariela Andrian es representante de la comercializadora de semillas y fertilizantes Daser Agro en la localidad de Victoria, Entre Ríos, y gestiona uno de los CAT de Campo Limpio desde diciembre de 2021. Ella coincide en que “falta concientizar a los productores”.

“A veces, dejan los envases tirados o los queman. Otras veces, los venden a personas que los van a buscar a los campos, que luego a su vez los venden a centros de reciclados. Esta es una práctica ilegal. La ley dice que el bidón es propiedad del fabricante”. Por eso, precisamente, “Campo Limpio es una organización formada por las principales empresas de agroquímicos”, agrega.

“Los recolectores informales, que pagan entre 50 y 70 pesos por envase, —sigue Andrian— los llevan a plantas de reciclado sin saber qué va a pasar con el producto”. Y, muchas veces, cuenta Medina, “terminan moliendo el plástico y vendiéndolo a fabricantes de cucharitas, juguetes, heladeritas. Toda vez que nosotros hemos identificado que terminan en esos elementos, lo hemos denunciado a la autoridad competente”.

Al respecto la ley especifica que no se puede usar este plástico reciclado para contenedores destinados a entrar en contacto con alimentos o bebidas, como, por ejemplo, envases, vajillas o utensilios. Tampoco para contener fármacos o cosméticos ni en la producción de juguetes o útiles escolares, etc. Además, que estos envases se mezclen con la basura urbana “aumenta la posibilidad de que las personas que manipulan residuos en estos basurales les den un uso que no es viable. Por ejemplo, almacenar agua”, dice Medina. Y agrega: “El plástico de los bidones es de alta calidad y puede ser reutilizado para fabricar varillas, tejas para techos, caños para industria y domésticos (que no conduzcan agua), postes, mobiliario, etc.”.

Cuando se instala un CAT en las afueras de una localidad, explica Medina, “rápidamente detectamos que en los basurales ilegales de la ciudad se reduce la cantidad de envases de fitosanitarios y también la cantidad de denuncias por el descarte de estos envases en caminos, ríos o arroyos. De hecho, cada vez que alguien denuncia que hay envases tirados, nos ocupamos de sacarlos”.

Cómo sacar los bidones

Los envases de agroquímicos no pueden ser reutilizados para comercializar fitosanitarios. “Por las características de los productos, las normas no lo permiten. Pero, INTA y SENASA están evaluando la implementación de un sistema que ya funciona en otros países y que consiste en que cada productor tenga en su predio un envase de 1000 litros y que vaya un camión y descargue el agroquímico ahí”, cuenta Medina.

Por eso, es importante que los envases de tipo A, que son aquellos que se pueden lavar, se lleven a los centros de acopio tras un triple lavado y perforado. También se llevan los envases de tipo B, que son las cajas de cartón o aquellos recipientes que no se pueden lavar. “El 97 % de los envases que se vuelcan en el mercado pueden ser lavados y reciclados. Solo un 3 % va a disposición final, como residuos peligrosos, y se incinera. De todos modos, quienes reciben los envases son operadores habilitados por las provincias para reciclarlos o eliminarlos”, detalla Medina.

El triple lavado consiste en ponerle agua al envase, sacudirlo durante 30 segundos y devolver ese agua al tanque de la máquina pulverizadora. Así, tres veces. Luego, se perfora la base para evitar la reutilización. También se puede hacer un lavado a presión; algunas pulverizadoras tienen un sistema para hacerlo. Una vez realizada esta limpieza y perforación, el envase debe ser llevado a un CAT o, durante una campaña itinerante, al camión que los recibe.

A su vez, “el operario del CAT debe estar capacitado para detectar con la vista qué bidones están lavados y cuáles no”, explica Andrian. Y cuenta que ella llegó a la gestión del CAT no solo porque lo estipula la ley, sino porque ya tenía la inquietud de tomar un compromiso más fuerte con las buenas prácticas agrícolas y el cuidado del medioambiente. Dice: “No somos el fabricante de los fitosanitarios y tampoco somos productores, pero tenemos responsabilidad. Por eso, hace algunos años empezamos a desarrollar con otras entidades de productores y la universidad, a pulmón, charlas sobre estos temas. Pero esto no era suficiente; cuando pudimos avanzar en la instalación del CAT, lo hicimos”.

La concientización de los vendedores de fitosanitarios es importante. “A nuestros empleados tratamos de capacitarlos para que cada vez que puedan les marquen a los clientes cuáles son las buenas prácticas que deben implementar y las consecuencias que puede tener no cumplirlas. Así, cada vez son más los que traen los envases”, dice Andrian.

De todos modos, aún quedan muchos envases en el campo. “En el CAT todavía no recupero la cantidad de envases que vendo yo sola, cuando se recibe lo que mandan todos los comerciantes”, dice Andrian. Y explica: “Aún dependemos de la buena voluntad de las personas y hay muchas que se suman y otras muchas que no. Por eso se requiere de un trabajo en conjunto, público y privado, para incentivarlos”.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional informan que de acuerdo al marco normativo se trabaja “en la creación de un sistema de trazabilidad para el monitoreo permanente de los envases. A su vez, cada provincia tendrá su propio seguimiento”.

Medina confirma que Campo Limpio está trabajando con el ministerio en el sistema de trazabilidad y que en el transcurso del próximo año ya debería concretarse. Una vez que ese sistema esté funcionando, acota, “el productor tendrá un año para devolver los envases y no podrá comprar fitosanitarios si no entrega los usados en la campaña anterior”.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.