Cómo trabajan dos organizaciones sociales para que los trabajadores y trabajadoras informales puedan vacunarse contra la COVID-19

La pandemia por la COVID-19 continúa afectando los medios de subsistencia en todo el mundo y, al momento, la única manera para salir de ella es mediante la vacunación. Si bien miles de millones de personas ya se han aplicado al menos una dosis, la distribución de las vacunas avanza a un ritmo muy dispar entre continentes e incluso entre países de una misma región. Esta inequidad, si bien afecta a la población general, impacta especialmente en quienes trabajan en la informalidad—recicladores urbanos, empleadas domésticas no registradas y vendedores ambulantes, entre otros—.

Para estas personas no es una opción no ir a trabajar porque dependen de ingresos diarios: la mayoría vive del día a día. No tienen la espalda económica para detener su trabajo. Por eso, distintas organizaciones del mundo trabajan para destrabar barreras y que consigan vacunarse. Con personas que recorren casa por casa, mesas de información en puntos clave y otras estrategias, se trata de llegar a las personas que no tienen las competencias digitales o la conectividad necesaria o la documentación al día, para hacer el trámite de inscripción en línea y el seguimiento hasta recibir el turno.

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO por su sigla en inglés) desarrolló un relevamiento en distintos países sobre la vacunación contra la COVID-19 de trabajadores y trabajadoras informales. De ahí se desprende que para la segunda mitad de 2021 la cobertura en esta población fue, en general, baja, a pesar de que los empleadores y las autoridades locales a menudo obligaron a vacunarse.

¿El motivo? “Los trabajadores se enfrentaron a barreras para acceder a la vacunación que fueron desde la falta de disponibilidad de vacunas causada por las desigualdades en la distribución hasta la falta de dispositivos, conectividad y conocimientos tecnológicos para inscribirse para ser inoculados. Más la falta de documentos en el caso de las personas inmigrantes o —en el caso de la Argentina específicamente— de las que no tenían el DNI tarjeta. Y, por último, la circulación de noticias falsas o malintencionadas que provocan temor y reticencia a las vacunas”, explica Federico Parra, coordinador para América Latina del programa de recicladores y miembro del comité de Wiego que trabaja por acceso justo a vacunas.

A su vez, Wiego es una red de organizaciones que nuclean a personas con empleos informales, activistas e investigadores que buscan visibilizar las necesidades de los empleados y las empleadas informales del mundo.

“Para acceder a las vacunas, en general, las personas con empleos informales —a pesar de ser recicladores o empleadas domésticas— no son consideradas como esenciales sino por su edad o situación de comobilidad y siempre que tengan sus papeles al día. Por eso, como los que brindan estos trabajos suelen ser inmigrantes informales, para quienes esta es la única opción laboral, en muchos países no acceden a las vacunas”, informa Parra.

Otra barrera para esta población, sigue Parra, “se relaciona con la logística de entrega, mantenimiento y uso de los inoculantes que suele demandarles recorrer largas distancias para llegar al vacunatorio, sumado al tiempo de espera sin la garantía de que accederán a la vacuna”.

El informe elaborado por esta red destaca el trabajo de al menos seis organizaciones de distintas partes del mundo, dos de ellas de la Argentina. En el país, donde la mitad de los trabajadores son informales —según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina— la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) articularon con los Gobiernos de nación y de las provincias para encontrar soluciones particulares a cada obstáculo detectado.

Promotoras de la salud

“La muerte de varios colegas fue la señal que nos advirtió que debíamos hacer algo acerca de la vacunación”, cuenta Débora Contreras, coordinadora de Salud del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Villa Fiorito —ubicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora— y miembro de la UTEP.

“Empezamos a pensar en cómo podíamos promover la vacunación y cómo combatir las campañas de desinformación que circulaban en las redes sociales. Así fue que articulamos con la salita que está cerca del barrio y organizamos cuadrillas de promotoras de la salud que empezaron a recorrer las casas acercando información y ayudando a la inscripción y seguimiento del trámite de vacunación. Luego, implementamos este modelo en distintas jurisdicciones del país”, explica Contreras.

Las promotoras de salud se capacitaron —por videoconferencias, debido al aislamiento dispuesto como medida preventiva— con médicos de la mutual del MTE y también del Gobierno nacional. Recorrieron los barrios para, entre otras cosas, contarles a los vecinos cómo debían aislarse las personas contagiadas y cuidarse las demás, saber cuántos y por qué le tenían miedo a la vacuna y dar información veraz para contrarrestar los datos falsos a los que accedían a través de las redes.

“Al principio la resistencia a vacunarse era alta. Decían que se iban a morir, que los iba a matar, que les iban a poner un chip para controlarlos. Muchos se preguntaban si no estarían experimentando con nosotros debido a la celeridad con que salió la vacuna”, detalla Contreras.

Ante estos temores, las promotoras diseñaron afiches digitales y produjeron videos con médicos que hicieron circular por WhatsApp. También contaban sus propias experiencias: lo que habían sentido después de vacunarse.

A los temores se sumaron otras dificultades. Algunos vecinos no sabían manejar un celular, no tenían datos o no sabían llenar el formulario de inscripción. Otros no tenían actualizado el DNI y no contaban con el número de trámite que que se pide para completar el registro y acceder a la vacunación.

Luego, las promotoras —que empezaron siendo cinco y hoy son veinticinco solo en Villa Fiorito— detectaron que no llegaban los mails. Entonces, ofrecieron sus contactos para hacer el seguimiento del llamado a vacunarse, recorrieron casa por casa pidiendo los números de trámite de los DNI para rastrear desde sus propios celulares los turnos de vacunación y acompañar a las personas que lo requerían.

El movimiento también consiguió que se reconociera como personal esencial a trabajadores y trabajadoras informales. “Porque estábamos al frente de comedores o necesitábamos salir para conseguir el dinero con el que subsistir”, dice Contreras.

El trabajo doméstico esencial

En la Argentina, el trabajo en casas particulares representa el 5,6 % del empleo total y el 22 % de las mujeres asalariadas del país, según la Organización Internacional del Trabajo. Al mismo tiempo, existe una alta tasa de informalidad: se encuentran registradas 648.000 trabajadoras domésticas y se calcula que 1,3 millones no lo están y, por lo tanto, no acceden a derechos laborales ni a protección social.

En este contexto, al comienzo de la pandemia, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) dedicó gran parte de sus energías a que se reconociera al empleo doméstico como un trabajo y que no se obligara a las trabajadoras de casas particulares a asistir a su empleo durante el aislamiento dispuesto para evitar contagios.

“Luego, cuando se habilitó el rubro, desde el sindicato trabajamos con nuestro equipo jurídico, médicos y el Área de Comunicación para desarrollar un protocolo de COVID. Por ejemplo, se estipularon las condiciones sanitarias en las que debía darse el trabajo, qué elementos debía proveer el empleador y cómo debía viajar la trabajadora. Muchos ministerios adhirieron e incluso lo promovieron como propio”, cuenta Carmen Britez, secretaria de Organización y Actas de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y vicepresidente de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, que agrupa sindicatos de distintas partes del mundo.

Cuando salieron las vacunas, las barreras para acceder a ellas eran las mismas que relata Débora Contreras del MTE. La UPACP articuló con diferentes sectores del Estado para pedir la vacunación para las trabajadoras de casas particulares y luego hacer campañas de registración.

“A nivel nacional, colocamos mesas en las 36 delegaciones que tenemos en todo el país para hacer la inscripción y brindar información certera. Porque muchas trabajadoras no tenían acceso a internet, no sabían cómo llenar un formulario o hacer seguimiento de la inscripción en línea. También dudaban sobre la eficacia de la vacuna”, detalla Britez.

Recomendaciones

En el mundo, hay 2.000 millones de personas con empleos informales que son consideradas esenciales para la recuperación económica (la OIT, por ejemplo, viene publicando documentos que demuestran el impacto en la economía de la crisis de los cuidados, un sector en el que gran parte del trabajo es informal y no remunerado). Si no se las protege contra la COVID-19, la sociedad tampoco quedará protegida: eso prolongará la pandemia y retrasará y perturbará la economía, tanto en el ámbito local como mundial. Por eso, desde Wiego entienden que la vacunación es una inversión y en el informe brindan tres recomendaciones de políticas públicas:

Eliminar las barreras legales, financieras, informativas y logísticas para acceder a la vacunación. Estas acciones deben formar parte de un paquete integral de respuestas de salud pública a la pandemia de COVID-19.

Proporcionar a los trabajadores y trabajadoras las protecciones sociales necesarias, iguales a las de sus contrapartes en la economía formal, para apoyar la vacunación y proteger su salud y sus medios de subsistencia. Esto debe incluir la provisión de licencias pagas por enfermedad.

Asegurar que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de base cuenten con los recursos y el apoyo adecuados, dada su capacidad para llegar a cada casa en la comunidad local.

Por su parte, Parra resalta la importancia de que los Gobiernos provean más información “porque la desinformación se mueve muy rápido a través de las redes sociales”. Y agrega: “Muchas organizaciones nos dicen que sus miembros no creen en la vacuna y que no pueden obligarlos a vacunarse. En esos casos, recomendamos que tomen información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la bajen a un lenguaje sencillo para que el trabajador o la trabajadora pueda tomar decisiones superando los mitos en torno a la vacunación”.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.