Un barrio de Rosario se convirtió en una innovadora experiencia sociourbana tras más de diez años de conflicto por la tierra

De un horizonte de desalojo a un proyecto de urbanización popular. De correr tras el camión que llevaba agua tres veces por semana a poder abrir una canilla. De no tener dirección postal a aparecer en el mapa, en sentido literal y metafórico. Las 2.200 familias que hoy viven en Nuevo Alberdi, una de las zonas más pobres de Rosario, tienen un horizonte distinto de la mano de un mega plan de transformación sociourbana que diferentes actores estatales, sociales y políticos llevan adelante con una inversión inicial que ronda los mil millones de pesos. Ese territorio, donde la frontera de lo urbano y lo rural se entremezcla, es uno de los 358 barrios populares de la Argentina que ya están siendo intervenidos de manera estructural y por etapas en un ambicioso proyecto de urbanización con metas a largo plazo e interacción pública y privada: toda una rareza para el acá y el ahora.

En Nuevo Alberdi, un barrio de 500 hectáreas ubicado en el extremo noroeste de la ciudad, ya se están haciendo obras tempranas financiadas por Nación para llevar agua, luz y cloacas a sus 6 mil habitantes. En una segunda etapa se construirán nuevos bloques de vivienda y su población se multiplicará por 10: en total, unas 60 mil personas vivirán en un polígono que tendrá zonas residenciales desarrolladas por capitales privados, áreas de vivienda social, sectores productivos y hasta un humedal urbano a la vera del canal Salvat.

Después de un largo conflicto de más de una década por la tenencia de la tierra entre empresas de desarrollos inmobiliarios y las familias instaladas desde hace años en la zona, tanto la Ley Nacional N.° 27.453 de Integración Socio urbana de Barrios Populares de 2018 —que prohíbe los desalojos—-, como una una ordenanza local de ordenamiento territorial de mediados de este año pusieron punto final al litigio al destinar parte de esas tierras a usos privados y otra gran porción a usos públicos.

Con 51 años y 46 de ellos como habitante de Nuevo Alberdi, Edit Peralta no puede ni quiere ocultar su entusiasmo: “Después de tantos años de ver el barrio olvidado, que llegue esto es hermoso. Yo me cansé de pisar barro, de no tener luz, y ver que se progresa es maravilloso”. Deja de hablar, piensa un segundo y agrega: “Antes, mi documento decía que vivía en zona rural, pero ahora tengo una dirección como corresponde. Al fin se dieron cuenta de que somos gente”.

Otra ciudad

Como en todas las ciudades de países en desarrollo, en Rosario hay porciones importantes de su territorio y de sus habitantes fuera de los sistemas formales: sin trabajo en blanco y con nulo o escaso acceso a pavimento, iluminación, agua potable, gas de red, cloacas, escuelas, espacios verdes, internet, centros comerciales, bancos, universidades y oferta cultural y deportiva. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante el primer semestre de 2021 la mitad de la población rosarina era pobre o indigente: unas 522.992 personas, sobre un millón de habitantes.

El destino de Nuevo Alberdi hasta hace poco parecía inexorable: alojar nuevos barrios privados como los que llenaron la periferia durante las dos últimas décadas. Oscar Bragos es profesor de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rosario (UNR) y participa de este proyecto de urbanización a través del Instituto de Gestión de Ciudades (IGC). “Se trata de pensar un territorio en clave urbana y ambiental desde la coordinación con distintos organismos públicos. La idea madre es terminar con la fragmentación y avanzar en la construcción de una ciudad distinta que no esté diseñada para que los pobres y los ricos estén cada vez más distantes” explica.

En una sociedad ultrafragmentada por la pobreza y la violencia como la argentina en general y, en particular, la rosarina —su tasa de homicidios es de 16 cada 100 mil habitantes, más del triple que el promedio nacional, según datos de 2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación— este proyecto abre una ventana para “pensar la ciudad de otra manera”. “Se busca mejorar la calidad de vida generando un gran polígono de interacción sociourbana que cuente con conectividad, servicios, equipamiento , espacios públicos y mixtura socioeconómica” sintetiza Bragos.

Censo y plan de acción

Todo proyecto tiene un comienzo y la transformación de Nuevo Alberdi está ligada al trabajo territorial de Ciudad Futura, un partido político de presencia local nacido como movimiento social con fuerte anclaje en ese barrio. “Este es un proyecto de integración y expansión que parte de un lugar históricamente excluido y se abre a un nuevo proceso de urbanización que amplía los límites de la mancha urbana. Estamos felices y orgullosos por eso” explica Caren Tepp, concejala de Rosario que conoce desde hace más de una década cada rincón del territorio, al que llama “polígono” y cuya forma lleva tatuada en su brazo derecho.

Desde ese partido, que hoy tiene una bancada con cinco integrantes en el Concejo Municipal, militaron activamente contra los desalojos, impulsaron normativas locales para impedir que esas tierras se convirtieran en barrios privados y organizaron el censo que relevó las necesidades de las 2.200 familias. “Los habitantes de Nuevo Alberdi empiezan a estar en el sistema, a aparecer en el mapa. La lucha de la urbanización es reconocer que las familias viven en ese pedacito de tierra, que allí armaron una casa y que a partir de ahora van a poder dar un domicilio para presentarse a un trabajo”, argumenta Tepp, sentada en el patio de la escuela de gestión social ética, creada por Ciudad Futura en 2011 y reconocida por el Ministerio de Educación de Santa Fe en 2018.

Uno de los objetivos del relevamiento fue enumerar qué obras eran prioritarias y la mayoría de los vecinos opinó de forma parecida: cambiar el acceso que oficia de puerta de entrada al barrio, un descampado mal iluminado que es uno de los sitios que más temor genera por su estado de abandono. Así, el ingreso a Nuevo Alberdi se convertirá en una plaza con juegos y espacios deportivos y tendrá un centro de acceso a la justicia, cajeros automáticos y una sede de la Universidad Popular de la UNR, que montará una escuela de oficios.

“Nunca tuvimos una plaza en la zona rural, yo tenía que atravesar dos barrios para ir a la escuela. Siempre recuerdo eso de mi infancia: no tener nada de lo que otros tenían” dice Ayelén Acevedo, de 28 años, nacida y criada en el barrio.

Cuando el Estado está

Los diferentes niveles del Estado tienen una responsabilidad clave en este proyecto, tanto desde lo que significó la sanción de la Ley N.° 27.453 de Integración Socio urbana de Barrios Populares en 2018, como mediante la asignación de recursos y la creación de estructuras institucionales. Fernanda Miño, a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, así lo entiende: “Desde 2016 hasta acá encontramos herramientas para hacer de la mejora de los barrios una política de largo alcance. La ley fue una de las llaves que abrió la puerta a este tipo de proyectos. Fue muy charlada y debatida, pero hoy vemos los resultados”.

La sanción de la ley durante la gestión presidencial de Mauricio Macri fue precedida por un gigantesco trabajo territorial de movimientos sociales que luchaban para evitar desalojos. Fueron las organizaciones las que impulsaron el primer relevamiento en la historia argentina de barrios populares, villas y asentamientos luego inscriptos en un registro nacional de barrios populares: son 4.416, de los cuales 358 ya están siendo intervenidos a través de una cogestión entre municipios, provincias, el Estado nacional, organizaciones y universidades.

“La ley abrió la posibilidad de hacer una política que hoy se empieza a descubrir. Lo que tanto se trabajó empezó a tener un fin, un alcance más masivo”, dice la funcionaria. El trabajo en estos barrios, detalla, tiene tres patas: la integración social y urbana con provisión de servicios básicos, el Programa Mi Pieza de mejoramiento masivo de hogares “para que las mujeres de barrios populares puedan tener una pieza más en sus casas” y la regularización de lotes sociales con servicios “para poder proyectar también las futuras generaciones”.

“Es muy emocionante recordar cuando en 2016 empezamos a relevar los barrios populares de todo el país. Yo era relevadora de mi propio barrio, La Cava, y estar viendo tan rápido los frutos de ese inmenso trabajo en proyectos como los de Nuevo Alberdi es algo que no podía ni imaginar”, apunta Miño, quien agrega que “gracias a la definición del Gobierno nacional de destinar el 15 % del aporte de las grandes fortunas al FISU (Fondo para la integración socio urbana)” se está avanzando con obras “sin precedentes” para barrios populares como La Rubita en Resistencia (Chaco), Las Tropas en Gualeguaychú (Entre Ríos) o el Sector K y D en Ushuaia (Tierra del Fuego).

La nueva cara de Nuevo Alberdi

En la parte urbana de Nuevo Alberdi, donde vive la mayoría de las familias (unas 1.600) ya comenzó el tendido de redes de agua y cloacas. A eso se le sumará la renovación del ingreso y el rediseño de las calles principales para permitir el acceso de transporte público, la construcción de un centro comercial a cielo abierto, una canchita de fútbol de césped sintético y áreas verdes con forestación nativa.

El barrio tendrá más y mejor oferta educativa con una nueva sede de la escuela ética, la primera de gestión social de la provincia, y una escuela primaria diseñada con criterios post-COVID. La conectividad es una demanda clave: “Creemos que no solo se trata de tener cosas fundamentales como agua, cloaca y luz, sino también, en el siglo XXI, tener acceso a internet”, dice Tepp. Otro de los chiches urbanos de esta futura nueva ciudad será la creación de la primera “plaza comestible” de toda la región, con árboles frutales y zona de aromáticas.

El humedal urbano

Por ausencia o por exceso, el agua siempre fue un problema para los vecinos que desde hace décadas habitan esta porción del territorio. Por eso, las obras para evitar inundaciones como las que ocurrieron en los últimos cuarenta años serán prioritarias. “El objetivo es mitigar los riesgos evitando las ocupaciones en los bordes del canal Salvat, que funciona como un humedal urbano. Ahora será pensado como un corredor biológico, un buffer antinundación”, explica Bragos.

Esa zona contará con una nueva avenida que terminará en un sector destinado a la producción de alimentos, con un tambo y una cooperativa láctea gestionados por Ciudad Futura. “El proyecto apunta a la construcción de una ciudad de proximidad con mixtura de usos y cuidado ambiental en base a una mayor densidad edilicia y a polígonos donde se concentrará la movilidad”, dice el arquitecto y resume: “La forma de hacerlo es una nueva ingeniería urbana en la que lo público y lo privado se complementan y no se excluyen”.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.

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