Día Mundial del Reciclaje: dos millones de personas en América Latina buscan su sustento en el reciclaje inclusivo

Silvio Ruiz Grisales tenía 12 años cuando las urgencias económicas de su hogar en Bogotá, que compartía con su madre y una hermana, lo impulsaron a dejar la escuela y dedicarse a la recolección de residuos para su reciclaje.

“El reciclaje me permitió salir de la miseria. En casa no teníamos con qué comer”, recuerda ahora con 51 años desde la capital colombiana. “Ha sido una vida en la profesión. Por fortuna, la organización ha sido el vehículo para construir un proyecto de vida”.

Cuando Ruiz comenzó con el reciclaje, el oficio era objeto de estigmatización y persecución política. Hoy, en cambio, el reciclaje inclusivo ha dado importantes (aunque aún incipientes) pasos para convertirse en una solución ambiental a la vez que económica. Y en ello, como dice Ruiz, la organización de los propios recicladores, principalmente en cooperativas, ha sido la clave en distintas ciudades de América Latina.

Se llama reciclador de base a quien trabaja directamente en la recolección de residuos en calle o, lamentablemente, en vertederos. Pese a la altísima tasa de informalidad de la actividad, se estima que en la región 2 millones de personas obtienen su sustento de la recuperación y comercialización de materiales reciclables.

El Día Mundial del Reciclaje es una buena oportunidad para advertir el panorama del reciclaje inclusivo en la región y qué tienen en común aquellas iniciativas que han logrado un mayor desarrollo.

¿Qué es el reciclaje inclusivo?

Es aquel que promueve la inclusión de recicladores de base en la gestión de los residuos. Reconoce el valor económico, social, ambiental, político y cultural del oficio de las y los recicladores y facilita su inclusión y remuneración en los nuevos modelos de gestión de residuos, según señalan en la Fundación Reciclaje Inclusivo.

“Entre fines de los 90 y principios del 2000 comienza a generarse conciencia sobre el acto del reciclaje y surge la figura del reciclador, llamado cartonero, ciruja o con distintos nombres según el país, pero en general despectivos”, explica Álvaro Alaniz, consultor en reciclaje inclusivo para programas de alcance latinoamericano, coordinador técnico en la Red Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE) y fundador de la Fundación Reciclaje Inclusivo.

“Aún creemos que la basura es algo lejano, sucio, que no tiene que ver con nosotros. Como si los basurales se generaran por un meteorito”, analiza al respecto. Pero advierte que “poco a poco se va superando la estigmatización”.

“Brasil es el país de la región más desarrollado en reciclaje inclusivo. Argentina y Colombia también tienen algunos modelos interesantes. Estos países son los que van a la vanguardia, sobre todo gracias a leyes nacionales que reconocen a los recicladores. En menor medida, el reciclaje se está desarrollando en Chile, Ecuador y Perú”, agrega.

Hoy, según datos de Latitud R, una plataforma que promueve el reciclaje inclusivo en la región, en América Latina solo se recicla el 4,5 % de los residuos sólidos que se generan, mientras que el 45 % se dispone inadecuadamente.

La unión hace la fuerza

Alaniz destaca un factor clave que impulsa las políticas públicas: las asociaciones de recicladores.

Carolina Palacio, responsable de relaciones internacionales de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) y soporte a la Alianza Global de Recicladores, destaca algunos ejemplos que avalan los dichos de Alaniz: “En Colombia, la Asociación Nacional de Recicladores (ANR) logró que su servicio sea reconocido y se lo pague por tonelada recuperada y para conformar un salario. En Brasil, el Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) fue parte de una ley de residuos que dio lugar a la logística inversa: las empresas pagan por los residuos que generan y aportan al reciclaje inclusivo en todo Brasil. En Ecuador, la RENARRC, una red de recicladores nacional, también logró el reconocimiento de los y las recicladoras en su país. En la Argentina tenemos la UTEP, que es el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. La FACCYR es la rama cartonera del sindicato, una federación que agrupa cooperativas de cartoneros, que logró dar ingresos e infraestructura a los cartoneros del país”.

Palacio remarca que, “en estos casos, las políticas públicas son pensadas por ellos mismos, propuestas por sus propias organizaciones. Si no, no sirven”.

En esto también coincide Luis Miguel Artieda, gerente de Operaciones de Latitud R: “Es crucial la tarea de las organizaciones de recicladores en dos aspectos. Uno en términos productivos, porque para que sea rentable necesitás volumen, algo que no se puede hacer en forma atomizada. Y, por otro lado, es clave la representación. Las organizaciones de los recicladores le pusieron voz a un colectivo que buscaba ingresos de manera digna”.

Artieda concluye que “un paso básico es reconocer a los recicladores como trabajadores y que pueden ser parte de la solución al problema de los residuos”.

Por su parte, Alaniz agrega que, además de las organizaciones de recicladores, otros actores importantes son los llamados Estados comprometidos y otras organizaciones de la sociedad civil que “tienen mucho que aportar: brindar experiencia técnica, mostrar modelos de intervención”. Y que en el crecimiento del reciclaje inclusivo ayudan las inversiones de capitales privados, que aumentaron en el último tiempo y colaboraron para sobrellevar la crisis que la pandemia generó en el sector.

De la persecución a un salario, de Bogotá a toda Colombia

“Hace unos 35 años el país tomó la decisión de cerrar los vertederos a cielo abierto. Los técnicos y políticos vieron la basura, pero no a los recicladores, por lo que no hubo soluciones sociales ni laborales. Los recicladores salieron a las calles y la sociedad rechazó su presencia: hubo violencia e incluso asesinatos”, recuerda Ruiz al trazar la evolución del reciclaje inclusivo en Colombia.

“Esto obligó a que los recicladores buscáramos la organización. Fue a través de cooperativas y asociaciones para defender primero el derecho a la vida y luego incursionar en la gestión de residuos sólidos con nuestra alternativa de reciclaje social”, sigue.

Ruiz señala como un hito la constitución de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) en 1987: “Empezamos a tener una voz”. Luego, eso se tradujo en la creación de la Asociación Nacional de Recicladores (ANR). Pero la lucha por los derechos de los recicladores recién comenzaba.

En 2002, la ciudad de Bogotá llamó a una licitación internacional para el manejo de basura. El plan del Gobierno municipal era entregar el reciclaje a empresas privadas de aseo. “Los recicladores intervinimos ante los jueces de la República y ganamos sentencia de acciones de tutela para garantizarles a los recicladores el acceso seguro a las basuras y que sean reconocidos como prestadores del servicio público de aprovechamiento y al pago de la tarifa”, explica Ruiz.

Sin embargo, fue recién después de 11 años que llegó el reconocimiento económico en Bogotá en 2013. Y, en 2016 —otra vez ante el empuje de las cooperativas de recicladores—, un decreto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hizo que la ley se aplicara a nivel nacional y que se les pagara un salario con un tarifario establecido a todos los recicladores.

“El ingreso de las familias de recicladores, aunque aún no alcanza el salario mínimo, mejoró alrededor de un 40 %”, concluye Ruiz sobre el proceso.

Al referirse a casos como los de Colombia o la Ciudad de Buenos Aires, Artieda analiza: “Hay una suerte de nuevo paradigma. Cambiamos de considerar al reciclaje como algo que se financia solo privadamente, lo cual es un mito, a una actividad financiada públicamente. Se considera un servicio de interés público, que debe ser remunerado a través del Estado”.

“Se tiene la idea de que el reciclaje es un negocio hiperrentable, pero esto se basa en pagar precios por debajo de la cadena al primer nivel de la cadena, los recicladores”, agrega.

La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires

“El avance del reciclaje inclusivo en la Ciudad de Buenos Aires es un proceso complejo que involucró conflictos, lucha, negociaciones, diálogo entre el Gobierno de la Ciudad y de la gestión de los residuos. También hubo alianzas con organizaciones ambientalistas”, explica Pablo Schamber, antropólogo e investigador del CONICET, especialista en reciclaje.

“Pondría la Ciudad de Buenos Aires al frente de cualquier otra experiencia. Por un lado, porque el reciclaje inclusivo abarca todo el territorio de la ciudad, no solo algunas zonas o barrios, como suele suceder con una experiencia piloto. Y, también, porque hay 12 cooperativas que tienen a su exclusivo cargo el servicio de la recolección de residuos secos y la gestión de los centros verdes. No conozco ninguna otra ciudad de este tamaño en la que, mediante un proceso de licitación, se haya entregado la exclusividad de la recolección de residuos”, agrega Schamber.

El Gobierno porteño subsidia parte de los ingresos de unos 6.500 cartoneros que trabajan en las 12 cooperativas que señala Schamber, mientras que el resto de sus ingresos varían en función de las ventas de los materiales recolectados. El denominado “incentivo” que aporta el Gobierno oscila los 150 dólares.

El investigador señala que “haciendo muchísimas salvedades, me animaría a decir que se recicla al menos un 10 % de lo que la ciudad genera”. Y contextualiza: “Es un buen valor, aunque es difícil comparar. Sin dudas es mejorable”.

Tanto Schamber como Palacio coinciden en que el reciclaje inclusivo también tiene perspectivas de mejora en el resto de la Argentina.

“Crecimos mucho a nivel nacional, con apoyo sencillo, pero bien direccionado a las necesidades reales de los cartoneros. Se ha podido apoyar con uniformes, elementos de protección personal. Incluso en algunas cooperativas se pudo apoyar con enfardadoras y balanzas, y en otras hasta con camión”, destaca Palacio. Y aclara que estos apoyos responden a la política de FACCYR.

El valor de las alianzas

“Nuestra apuesta es tejer redes. Nos dimos cuenta de que distintos aliados, en distintos países, hacían proyectos que iban más o menos en la misma dirección. Por eso apostamos a articular esas fuerzas”, destaca Artieda sobre el trabajo de Latitud R, la plataforma latinoamericana lanzada en octubre, que funciona como continuidad de la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, un grupo de ocho empresas y organizaciones lideradas por la Fundación Avina.

Latitud R trabaja sobre cuatro ejes: acelerar la formalización laboral de los recicladores de base, trabajar junto con Gobiernos para el desarrollo e implementación de políticas públicas, concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la separación en origen y producir conocimiento y datos abiertos al servicio de la toma de decisiones estratégicas. La plataforma realiza mañana, martes 18, un conversatorio virtual que contará con la participación de representantes de empresas y organizaciones que reflexionarán sobre los desafíos que afrontan América Latina y el Caribe en la transición hacia una economía circular inclusiva.

Sobre las ventajas del trabajo a nivel regional y en alianzas, Artieda destaca: “La plataforma permite articular conocimiento y recursos. La implementación de proyectos sí se hace a escala nacional o local. La ventaja para un reciclador de base es el acceso a recursos, conocimiento y capacitación (que además es impartida por los mismos recicladores)”.

La Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo ha trabajado con 17.000 recicladores de base en 17 países, y aspira a llegar a los 40.000. También se han recuperado 300 mil toneladas de residuos. Además, ha asistido técnicamente a 100 Gobiernos y generado inversiones en reciclaje inclusivo por 32 millones de dólares.

¿Qué se necesita para crecer?

Todos los especialistas coinciden en que aún queda camino por desandar en el desarrollo del reciclaje inclusivo.

En el horizonte, en aquellos casos donde la cuestión está más avanzada, Latitud R apuesta a incentivar a la industria a demandar más residuos. “Hay material que no tiene mercado y su recolección merma. O simplemente no se recuperan porque no les es rentable, o por una mala relación volumen/precio. Puede ocurrir que no haya tecnología para hacerlo en masa y barato. Para dar segunda vida estos materiales se necesita innovar, por eso montamos una aceleradora de negocios, para financiar a empresas que brinden soluciones tecnológicas que permitan reutilizar estos materiales”, aplica Artieda.

Un ejemplo de estos materiales que no suelen ser demandados por la industria son los plásticos que no son PET. Pero ya hay tecnología para convertirlos en madera plástica. Por ello, la ARB, en Bogotá, cuenta con una unidad de negocios abocada a ese fin. “Compramos maquinaria que permite, mediante empaques multilaminados como los de snacks, construir piezas de madera plástica, simulando textura y color de la madera forestal, con mucha versatilidad y buena duración en el tiempo. Incluso llegando a viviendas y recicladores”, explica Ruiz, que es líder de la ARB y de la ANR.

Claro que muchos lugares de la región necesitan aún resolver problemas más básicos.

Por ejemplo, Palacio destaca en la Argentina la necesidad de “una ley de envases o de responsabilidad extendida del productor que incluya a los cartoneros en la gestión de esos envases y residuos es lo que necesita el reciclaje inclusivo para crecer en la región”.

En una línea similar, los referentes consultados en esta nota coinciden en que son las políticas públicas las que dan estabilidad al crecimiento del reciclaje inclusivo. De hecho, quienes contaron con un grado de formalidad pudieron hacer frente de mejor modo (por contar con incentivos o salarios) a las dificultades que trajo la pandemia: el trabajo de los recicladores fue uno de los últimos en habilitarse en tiempos de restricciones sanitarias, y los residuos, como consecuencia de la crisis económica, disminuyeron drásticamente.

Con esa idea cierra Ruiz: “Hay que llevar la experiencia, adaptada a cada realidad y contexto, a los países de la región. Que se reconozca el trabajo de los recicladores, su aporte a la gestión de residuos, que se reconozca económicamente sus servicios y se pague la tarifa. Y replicar proyectos de economía circular, en los cuales los recicladores sean parte activa de las soluciones”.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.