Las medidas que tomaron Canadá, Australia y Nueva Zelanda para quitarles las armas a los varones violentos y cuáles podría replicar la Argentina

Cuando en 1992 el odontólogo platense Ricardo Barreda mató a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas, estaba en su casa y usó su escopeta.

Ocho años después, en Berisso, Roberto Oscar Azcua, de 48 años, asesinó de cinco disparos a su ex cuñada. Tenía antecedentes penales y usó su revólver calibre .38.

Un viernes a la noche de 2013, en Esquel, Daniel Orlas acribilló de seis balazos a su ex esposa. La mujer se había separado, entre otras razones, porque su ex marido la golpeaba.

El primer día de 2021, en su casa de La Rioja, el policía Marcos Suasnada usó su arma reglamentaria para matar a su mujer.

Los femicidios en la Argentina son una verdadera emergencia. El año pasado hubo uno cada 29 horas. Y, como vimos en la enumeración con la que arranca esta nota, las armas de fuego son uno de los principales instrumentos con los que se cometen. De hecho, en 1 de cada 4 casos el crimen es ejecutado con un arma de fuego. Los datos, ya escalofriantes, asustan mucho más si pensamos en manos de quiénes están las 1.600.000 armas que hay en el país: el 99% de los usuarios registrados en el país son varones.

El problema es compartido en muchas partes del mundo. Por eso, varios países coinciden en una pregunta que desencadena distintas respuestas y varias soluciones posibles: ¿qué puede hacer el Estado para desarmar a los varones violentos?

“Puede intervenir en tres dimensiones: restringir el acceso a las armas; limitar y controlar sus usos e intervenir en casos de denuncia de violencia de género”, enumera Aldana Romano, licenciada en Ciencia Política y activista de la Red Argentina para el Desarme.

Desde hace varios años Romano analiza el modo en que las armas convierten la violencia doméstica en letal. En el último trabajo, titulado Cuando el macho dispara, elaborado junto con un equipo de investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), reúne políticas públicas de varios países que encontraron respuestas para minimizar ese riesgo.

“Hay algunas iniciativas muy interesantes, especialmente en Australia. Y también existen acciones muy acertadas en Canadá y Nueva Zelanda”, enumera Romano.

Empecemos por las medidas que tomaron estos últimos dos países para directamente limitarles el acceso a un arma a los varones violentos. En Canadá, la solicitud debe incluir los datos de la pareja actual o de los últimos dos años. A esas personas se las notifica antes de otorgarles la licencia y se les da una línea telefónica gratuita para que llamen en caso de que tengan una objeción o miedo por su seguridad.

“En Nueva Zelanda la solicitud debe incluir los datos del cónyuge o de otra persona que la haya conocido en los últimos 20 años. Y la Policía debe entrevistar a dos personas (una debe ser el cónyuge, si lo tiene) para obtener información para determinar si la solicitud debe ser aceptada”, describe Romano, que hoy es la directora ejecutiva de INECIP y colabora con la Red Internacional de Acción Contra las Armas Ligeras, movimiento mundial contra la violencia armada, conformado por 250 organizaciones de la sociedad civil de 90 países.

Pero el caso “modelo” que menciona Romano es el de Australia, porque trabaja sobre tres dimensiones del problema: les niega la posibilidad de tener armas a las personas que hayan tenido una orden de restricción por violencia doméstica en los últimos cinco años. Además, ordena condiciones seguras para guardar el arma, y pacta inspecciones para verificarla. Y establece la suspensión de la licencia. Por ejemplo, eso disponen en el estado de Nueva Gales del Sur, si hay “causas razonables” para creer que la persona cometió o amenazó con cometer violencia doméstica y personal, incluso aún cuando no haya habido condena.

La regulación más restrictiva en este sentido la tiene el estado norteamericano de New Hampshire, donde la Policía está obligada a secuestrar el arma si existen causas probables para creer que un portador ha ejercido violencia de género. “Se ha demostrado que si la ley obliga a secuestrar el arma en un entorno donde se ha denunciado violencia de género, disminuyen los femicidios”, concluyen en el INECIP.

La evidencia por ahora es incipiente, pero auspiciosa. “En Estados Unidos se realizaron investigaciones para medir el impacto de las medidas de restricción asociadas al secuestro del arma y se demostró que existe una reducción de entre el 9% y el 25% en los femicidios. Y no habiendo existido un ‘efecto sustitución’, como se le dice cuando se usan otras armas en reemplazo del arma de fuego”, afirma Romano.

En un estudio realizado por la Policía Montada de Canadá también hubo datos favorables. “Se demostró que la política de limitar el porte de las armas de dotación en los hogares había bajado el riesgo de que episodios de violencia doméstica terminaran de manera trágica y había reducido el número de mujeres asesinadas”, agregó Romano.

Este último dato, puntualmente, permite pensar soluciones para bajar la cantidad de femicidios cometidos por personal de fuerzas de seguridad. Desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021, y según datos del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en la Argentina hubo 70 femicidios. Y entre los femicidas, 7 eran policías y 3, militares.

“Internacionalmente hay diferentes políticas sobre uso de armas por parte de policías. Europa tiende a no permitir su tenencia fuera de servicio. Incluso durante el servicio solo algunos miembros portan armas, como, por ejemplo, en el Reino Unido”, apunta Diego Fleitas, experto en regulaciones en materia de seguridad y autor del informe “Violencia íntima, femicidios y armas de fuego en Argentina”, publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad de Flacso.

¿Qué restricciones ya rigen en la Argentina y en qué puede mejorar?

Como quedó claro al enumerar los femicidios que se describen al inicio de esta nota, en la Argentina este tipo de crímenes tienen denominadores comunes clarísimos. Si tomamos los femicidios registrados en los primeros tres meses de 2021, el asesinato suele ocurrir en el hogar de la víctima (65%), su pareja o ex pareja es el asesino (70%) y en muchos casos (28%) la mujer había hecho una denuncia o tenía una medida de protección porque sufría violencia de género.

Y el dato, ya dicho, pero repetido para no olvidar: 1 de cada 4 crímenes se ejecuta con un arma de fuego. Si queremos hacer un zoom sobre esas armas, sirve mucho ver las estadísticas de femicidios registrados en 2019 por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. De los 64 crímenes cometidos con armas de fuego, en 12 se usaron armas reglamentarias de integrantes de fuerzas de seguridad o armadas, en 4 emplearon armas registradas legalmente, y en 11 las armas estaban en manos de usuarios no autorizados. En los restantes 37, no se pudo establecer la información.

Por eso, es muy difícil pensar en políticas que eviten estos crímenes sin contemplar políticas de desarme.

Actualmente, en la Argentina hay varias medidas para atender la emergencia, y, de hecho, es uno de los países de América Latina con reglamentaciones más avanzadas. Una de las medidas son las “trabas registrales” a personas denunciadas por violencia de género. Es decir, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) puede no entregar una nueva licencia o inhabilitar a un legítimo usuario en caso de que haya denuncias por violencia de género, familiar o doméstica.

En los últimos 5 años, de 2016 a 2020, la ANMaC afirma, al ser consultada para esta nota, haber obstaculizado el trámite o quitado la licencia a 21.490 personas, a razón de 4.300 por año.

¿Qué dicen las últimas estadísticas oficiales? En 2019 un total de 39.281 varones solicitaron renovaciones o nuevas autorizaciones para acceder a armas de fuego. Sobre ese universo, 1.328 encontraron trabas registrales. Es decir, el 3,38% de las solicitudes de ese año. Si tomamos los 327 casos de inhabilitación, sería el 0,12% de las credenciales vigentes.

“Esta herramienta se estaría subutilizando”, analizan desde el INECIP, ya que “no se conoce que exista un protocolo o procedimiento que ponga en conocimiento de la ANMaC la existencia de una situación de violencia de género”.

Otra de las principales herramientas que tiene la Argentina para quitarles las armas a los varones violentos es el denominado Sistema de Control Ciudadano, que le permite a cualquier persona ver los nombres de quienes están solicitando una licencia y oponerse.

El problema de este mecanismo es que opera en el período previo al otorgamiento del permiso y por un breve lapso de tiempo. Además, el sistema no prevé ningún tipo de comunicación activa focalizada en potenciales personas interesadas en presentar una oposición ―como familiares o ex parejas―, por lo que su efectividad depende del nivel de proactividad ciudadana.

“Siempre estamos pensando en mejorar el control de los requisitos establecidos para acceder a la condición de legítimo usuario, especialmente en las cuestiones vinculadas con violencia de género”, aseguran voceros de la ANMaC, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

De hecho, desde la ANMaC afirman estar trabajando en iniciativas para limitar el acceso a las armas, mejorar el control y promover el desarme. “Está la idea de contar con un cuerpo policial propio, como lo tiene la ATF, la agencia gubernamental de los Estados Unidos, con la cual poder proceder directamente al secuestro del armamento en domicilios particulares cuando corresponda, pero su desarrollo requiere una reforma legislativa”, afirman desde la ANMaC, que tiene al abogado Ramiro Urristi como director ejecutivo.

Otro proyecto en carpeta es el de elaborar un convenio marco para todas las fuerzas de seguridad del país para que, ante una denuncia de violencia de género, el agente deba entregar rápidamente y de manera preventiva su arma reglamentaria y, si la tuviera, su arma personal.

Lo que sí es un hecho es el relanzamiento del plan de desarme, pero esta vez con perspectiva de género. Básicamente, cualquier persona puede ir a un centro de entrega y dejar voluntariamente un arma. Ese arma es inutilizada en el acto y quien la llevó recibe un incentivo económico de hasta $9.000.

“Consideramos fundamental incorporar esa perspectiva al desarme voluntario de la sociedad promoviendo canales de comunicación e información, ya que, según los registros que lleva ANMaC, de los legítimos usuarios y usuarias solo el 2% son mujeres, pero ellas participan en un 30% de las entregas de armas para su destrucción. Este es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta que no son ellas quienes las portan”, destaca Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Argentina es uno de los pocos países de la región con una política pública de desarme instalada en la agenda política nacional hace más de 10 años. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, ya prometió que la nueva campaña tendrá “una mirada esencialmente federal”.

En materia legislativa, el país también está cerca de seguir dando pasos en el control de la tenencia de armas por parte de varones violentos. “Se presentaron algunos proyectos en el Congreso para prohibir el acceso a las armas de fuego a quienes hubieran sido denunciados por violencia de género y otro asociado a la restricción de armas de dotación en caso de fuerzas de seguridad denunciadas por violencia de género. Ambos proyectos lograron medias sanciones, pero hasta el momento no se convirtieron en ley”, expone Romano.

La Red Internacional de Acción Contra las Armas Ligeras es muy categórica respecto a la necesidad incrementar el desarme de los varones. Explican que hay evidencia que demuestra que “un arma de fuego en el hogar aumenta un 41% el riesgo general de un asesinato en ese hogar. Y para las mujeres, el riesgo de muerte se triplica”.

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Si creés que estás viviendo una situación de violencia por razones de género y necesitás contención o asesoramiento, llamá al 144. Si estás en riesgo inminente de ser atacada, llamá al 911.

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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN