El pleno del Ayuntamiento de Barcelona acordó este jueves retirar la Medalla de Oro de la Ciudad y el resto de honores al rey emérito, Juan Carlos I, y reprobó al Gobierno por considerar que ha tenido “complicidad activa en la salida clandestina” del monarca del país.
La resolución fue aprobada solo con los votos de los grupos independentistas, ERC y Junts per Cat, que forzaron la celebración del pleno.
Barcelona En Común (BComú) se abstuvo porque los independentistas no quisieron suprimir la reprobación al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de acuerdo a lo que consignó la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, el mismo motivo esgrimido por el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), para votar en contra.
Ciudadanos y PP, que exigieron que no se celebrase el pleno por considerar ilegal que se debata en él sobre la monarquía y la autodeterminación, votaron en contra, mientras que Manuel Valls y Eva Parera, que también lo denunciaron, no asistieron.
En otro orden, la Justicia española aplazó al 28 de septiembre próximo la declaración presencial de la empresaria alemana Corinna Larsen, antigua amiga del rey emérito, en la investigación de unas grabaciones en las que ella hablaba, supuestamente, de las cuentas bancarias del anterior jefe del Estado español en Suiza.
El magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, la había convocado inicialmente el día 8 del mismo mes para esclarecer un posible encargo que ella habría hecho al ex comisario español José Villarejo para obtener información de una persona de nacionalidad española, según las conversaciones grabadas.
Larsen negó entonces haber contratado o discutido los servicios de Villarejo y haberle pagado “cantidad alguna”.
Aunque está convocada a comparecer presencialmente, el juez dejó abierta la posibilidad de que declare por videoconferencia en la Embajada de España en Londres, capital donde reside, en función de la evolución de la pandemia de coronavirus y la situación sanitaria.
La empresaria había solicitado un aplazamiento de la declaración y que fuese por videoconferencia desde el despacho de sus abogados de Londres, pero el juez solo accede a la primera petición para que la defensa de Larsen estudie en condiciones el procedimiento, como así demandó.
Caso reabierto
El juez español reabrió el 27 de julio pasado este caso -archivado en 2018- e imputó a Larsen, Villarejo y otros, también llamados a declarar, según confirmaron en su día fuentes jurídicas.
Villarejo cumple actualmente prisión provisional como sospechoso de varios casos de corrupción.
El juez, según argumentó, recibió los informes policiales con el análisis de los archivos de audio de Larsen encontrados en los domicilios de Villarejo y su socio y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, que pedía la colaboración por la conexión entre ambas investigaciones.
En una de las conversiones entre Villarejo y Corinna, ésta le expone sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.
Villarejo, tras recomendarle chequear sus llamadas y mensajes para saber con quién hablaba, le vendió sus servicios explicando que tenía los mejores especialistas del mundo para conseguir información sobre esa persona.
En ese sentido, el juez español considera que debe averiguarse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad alguna, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo.
A esta nueva investigación en la Audiencia Nacional se suma la que tiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo español sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación a un consorcio español en 2011 del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí).
En Suiza, el fiscal Yves Bertossa investiga sobre una cuenta de una fundación panameña vinculada supuestamente al rey emérito español en la que le fueron ingresados 65 millones de euros que después transfirió, al parecer, a otra de Corinna Larsen.
El 3 de agosto pasado se anunció que Juan Carlos I había transmitido a su hijo, el rey Felipe VI, su “meditada decisión” de trasladarse fuera de España ante la repercusión pública de “ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada. Ese mismo día llegó a Emiratos Árabes Unidos, informó la casa real española después de dos semanas de conjeturas sobre su paradero.
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