El destituido expresidente Pedro Castillo, preso acusado de rebelión y conspiración, presentó este miércoles una cuestión previa para anular el proceso penal en su contra por su fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022.
La defensa legal del exmandatario argumentó que no existió antejuicio político ni derecho a la defensa en sede parlamentaria, según el documento publicado por El Foco, de manera que el juez Juan Carlos Checkley programó para el martes 17 de enero la audiencia en la que evaluará el recurso.
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Se trata de una nueva coartada de Castillo, quien ya ha solicitado al Tribunal de apelaciones su libertad al rechazar los delitos que se le imputan. “Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión”, dijo, durante la audiencia virtual en la que participó.
Castillo, además, dijo estar incomunicado y pidió al juez que se le otorgue acceso a un teléfono para contactar con su esposa y dos hijos, que partieron asilados a México.
El expresidente fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas, según la Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Policía lo detuvo horas después de su destitución, cuando intentaba llegar a la embajada de México. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte. La caída de Castillo desató violentas protestas que han dejado unos 47 fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Boluarte, investigada por genocidio
Boluarte está centrada en una investigación fiscal por presunto delito de “genocidio” tras imponer un toque de queda en Puno para frenar las protestas, que han dejado unos 47 fallecidos en un mes.
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez”, indicó el Ministerio Público.
La indagación es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Los anuncios ocurrieron el mismo día que el gabinete de gobierno que encabeza Alberto Otárola acudió al Congreso por un voto de confianza para él y su equipo, que finalmente obtuvo la noche del martes.
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