El último miércoles 11 de enero, el Poder Judicial anunció la fecha programada para llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva por 36 meses que el Ministerio Público solicitó contra la exprimera dama Lilia Paredes, a quien se le sindica ser parte de una presunta organización criminal que operaba desde Palacio de Gobierno en agravio del Estado.
En ese sentido, la justicia peruana determinó que el próximo 9 de marzo sea la nueva fecha para discutir si Lilia Paredes, quien actualmente se encuentra en calidad de asilada por el gobierno de México, vaya a prisión de forma preventiva en lo que se lleva a cabo las investigaciones correspondientes en su contra.
El juez Raúl Justiniano del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso programar la diligencia luego que el pasado 5 de enero recibió el requerimiento de parte de la Fiscalía que solicita 36 meses de prisión preventiva.
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La medida propuesta por la Fiscalía contra la esposa de Pedro Castillo también alcanzaría a sus hermanos David Alfonso y Walter Enrique Paredes Navarro, acusados de por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado y lavado de activos, implicados en los casos de los contratos de obras de saneamiento y licitaciones en las localidades de Anguía, Chadín y Chachapoyas.
Cabe señalar que la ex primera dama se encuentra asilada en el país de México desde el 21 de diciembre del 2022, pocos días después de que agentes del Ministerio Público detuvieran al expresidente Pedro Castillo, autor del autogolpe del 07 de diciembre del 2022, y quien ahora cumple prisión preventiva por 18 meses en el Penal de Barbadillo.
La ex primera dama es investigada por presuntamente pertenecer a una organización criminal que lideraría Castillo con la finalidad de beneficiarse económicamente a través de la licitación de obras públicas.
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La tesis del fiscal sostiene que Pedro Castillo ingresó a la presidencia del Perú con varios tentáculos en el Estado, uno de ellos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En el caso Anguía, la primera dama es sindicada por la Fiscalía como la “coordinadora” y Yenifer Paredes como la “lobista”. Afirman que esta última contactó a alcaldes para llevar adelante “proyectos” sometidos a “licitaciones de obras públicas con la seguridad de que tendrían el éxito asegurado para la ejecución y cumplimiento del financiamiento por parte del Gobierno”. Todo ello con el pleno conocimiento de su hermana mayor y su cuñado Castillo.
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