Dina Boluarte es la primera mujer en asumir el cargo de presidente de la república en el Perú. Aunque el inicio de su gestión generó ciertas expectativas en un sector de la ciudadanía y el Congreso, las violentas manifestantes suscitadas en el país colocan en tela de juicio su permanencia en Palacio de Gobierno.
La exvicepresidente ascendió al sillón presidencial el pasado miércoles siete de diciembre. En aquella fecha, el exmandatario Pedro Castillo perpetró un autogolpe de Estado: anunció la disolución del Legislativo, el reordenamiento de las principales instituciones estatales y, según el testimonio de comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, ordenó detener a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El profesor chotano enfrentaba en ese momento una denuncia por liderar una presunta organización criminal, investigación iniciada por el Ministerio Público al que pretendía “reorganizar”, y una eventual votación para su vacancia presidencial.
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Tras su salida del Estado, debido a que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) decidieron respaldar el orden democrático, Boluarte Zegarra asumió constitucionalmente la banda presidencial según las normas establecidas.
Las manifestaciones en contra de su juramentación, producida en el Pleno del Parlamento, iniciaron poco después de la salida de Castillo Terrones de Palacio. Este tenía planeado dirigirse a la embajada de México en el Perú para recibir asilo político, sin embargo, fue detenido en el trayecto junto a su expremier Aníbal Torres.
Hasta el momento, distintos gremios y organizaciones sociales albergan un amplio pliego de reclamos para detener sus movilizaciones, entre sus pedidos se encuentran la renuncia de Boluarte como dignataria, la liberación del mencionado expresidente del penal Barbadillo y un adelanto de elecciones, medida ya aprobada por el Pleno.
Denuncian uso excesivo de la fuerza
En 36 días de Gobierno de la presidente se han registrado por lo menos 47 decesos. Las denuncias por un presunto abuso de parte de las autoridades, PNP y FF.AA., es permanente de parte de los protestantes. Además, instituciones como la Defensoría del Pueblo llamaron al Ejecutivo a fortalecer los canales de diálogo, para enfrentar el conflicto, e identificar a los responsables de estos delitos.
Hasta el cierre de esta nota (jueves doce de enero) se registraron 47 personas fallecidas, de ellas, 39 en enfrentamientos, un efectivo policial y siete por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de carreteras de parte de los manifestantes. Además, hay 612 civiles y 290 policías heridos.
En este contexto, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina informó 17 víctimas de Juliaca, en Puno, fallecieron tras ser impactados con un proyectil de arma de fuego (PAF), según las necropsias.
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Mientras tanto, el actual primer ministro, Alberto Otárola, también denunció ante la población que parte de los sectores en las calles usan avellanas, armas hechizas y otras con doble carga de pólvora en contra de los agentes del orden.
Además, según declaraciones de la ministra de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, que los manifestantes impidieron el acceso al personal médico para que 28 personas sean trasladadas a Lima, de urgencia, debido a sus heridas.
Asimismo, en el bloqueo de las carreteras en Ica, anteriormente, se alertó que un amplio número de trabajadores fue “amenazado” para impedir que continúen con sus labores, según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).
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