Unión Europea condena cualquier uso de la violencia durante las protestas sociales en el Perú

La delegación de la Unión Europea (UE) emitió un comunicado para lamentar las 45 muertes ocurridas en el marco de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en el sur del país. En esa línea, condenaron los actos de violencia por parte de los protestantes así como de la Policía Nacional, pues considera “imprescindible” el respeto de los derechos humanos.

“La UE y sus Estados Miembros condenan cualquier uso de la violencia por parte de los manifestantes, así como el uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas del orden. Es imprescindible el respeto del marco legal y los derechos humanos”, señalan.

Además, saludaron que las iniciativas del gobierno de invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También hizo un llamado a los políticos peruanos y la ciudadanía a trabajar en el diálogo y cooperación.

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“Detener la violencia, reducir las tensiones y responder a las necesidades y aspiraciones de todos los ciudadanos peruanos”, sostiene la misiva.

Ante la situación de violencia por parte de los pobladores y la represión policial ejercida en Juliaca, Puno, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la Defensoría del Pueblo se pronunció para exigir las investigaciones correspondientes y las sanciones para los responsables.

A través de un comunicado oficial, el organismo exigió a que todas las instituciones del Estado investiguen y den con los verdaderos responsables de estas protestas violentas y de las muertes registradas.

La institución expresó su profundo pesar y condenó el fallecimiento de 17 civiles y un efectivo policial durante las manifestaciones en dicha ciudad. Asimismo, extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

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La Defensoría del Pueblo también lamentó el nivel de violencia que ocasionó el fallecimiento del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, quien perdió la vida luego de haber sido raptado en su vehículo policial y posteriormente quemado dentro del patrullero, así como el incendio en la vivienda del congresista Jorge Flores Ancachi.

“Exigimos a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias en las que se han perpetrado cada una de estas muertes, así como se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición, adoptando medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas”, mencionó en su red social.

En esa línea, hizo un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial a cumplir con su función con la debida diligencia que corresponde en estos casos, respetando la institucionalidad y separación de poderes. “Ello conllevará a que se sancione de manera oportuna y célere a los responsables materiales de los hechos, y a los posibles autores intelectuales que por acción u omisión también pudieran serlo”, menciona el comunicado.

Reiteró que “el derecho a la protesta debe ser ejercido de manera pacífica” y que la afectación a la vida de otras personas, a la propiedad privada y pública, entre otros actos de violencia, no están amparados por nuestro ordenamiento por lo que, constituyen delito.

“Recordamos que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen la obligación de actuar conforme a las normas vigentes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, respondiendo a los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, para evitar incurrir en responsabilidades”, señala el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.