Esta tarde, el Consejo Regional de Puno acordó declarar “personas no gratas” a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esto, luego de conocerse la jornada violenta que se registró en Juliaca, dejando 18 muertos, civiles y un Policía.
Este acuerdo se extiende para el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; y el titular de la cartera de Defensa y Derechos Humanos, José Luis Chávez. Asimismo, al general de la PNP de Puno, Pablo Villanueva Yana; y al general de la Brigada del Ejército Peruano de Puno, Manuel Alarcón.
A través del oficio, detallan que esta medida se da en el marco de “por la represión desmedida” del día de ayer, 9 de enero. También, solicitaron el “cese de los ataques con armas de fuego y armas letales” en las protestas.
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Además, invocaron a los organismos internacionales de los Derechos Humanos para que se investiguen la violencia de manera “objetiva, imparcial y prolija”. Mientras que, las entidades públicas puedan atender y brindar apoyo a los familiares de las víctimas.
Pedido de renuncia
Mediante este documento también piden la “renuncia irrevocable” de la mandataria Dina Boluarte. Este pedido se suma al de su gobernador Richard Hancco Soncco, quien tuvo las mismas palabras para la jefa de Estado, solo así “La población va a calmarse”.
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“Hay que ser tajantes. Lamentablemente, se han abierto heridas a lo largo del gobierno de Dina Boluarte. Ha habido, día a día, declaraciones que han indignado a la población de Puno y ha desencadenado los hechos que hemos visto hoy”, indicó el funcionario.
Hay que recordar, que Hancco Soncco también comunicó tres días de duelo regional desde hoy 10, 11 y 12 de enero, por los víctimas mortales y heridas. Los familiares de los heridos continúan en los exteriores del centro de salud para saber el estado de su pariente.
Nueva investigación
La Fiscalía de la Nación abrió una nueva investigación preliminar contra la mandataria Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Además, también se incluye al expresidente de la PCM, Pedro Angulo. A los funcionarios se les acusa por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, que se registró en las manifestaciones de Puno.
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