Ante la situación de violencia por parte de los pobladores y la represión policial ejercida en Juliaca, Puno, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la Defensoría del Pueblo se pronunció para exigir las investigaciones correspondientes y las sanciones para los responsables.
A través de un comunicado oficial, el organismo exigió a que todas las instituciones del Estado investiguen y den con los verdaderos responsables de estas protestas violentas y de las muertes registradas.
La institución expresó su profundo pesar y condenó el fallecimiento de 17 civiles y un efectivo policial durante las manifestaciones en dicha ciudad. Asimismo, extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas.
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La Defensoría del Pueblo también lamentó el nivel de violencia que ocasionó el fallecimiento del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, quien perdió la vida luego de haber sido raptado en su vehículo policial y posteriormente quemado dentro del patruller, así como el incendio en la vivienda del congresista Jorge Flores Ancachi.
“Exigimos a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias en las que se han perpetrado cada una de estas muertes, así como se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición, adoptando medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas”, mencionó en su red social.
En esa línea, hizo un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial a cumplir con su función con la debida diligencia que corresponde en estos casos, respetando la institucionalidad y separación de poderes. “Ello conllevará a que se sancione de manera oportuna y célere a los responsables materiales de los hechos, y a los posibles autores intelectuales que por acción u omisión también pudieran serlo”, menciona el comunicado.
Reiteró que “el derecho a la protesta debe ser ejercido de manera pacífica” y que la afectación a la vida de otras personas, a la propiedad privada y pública, entre otros actos de violencia, no están amparados por nuestro ordenamiento por lo que, constituyen delito.
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“Recordamos que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen la obligación de actuar conforme a las normas vigentes y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, respondiendo a los criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad, para evitar incurrir en responsabilidades”, señala el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.
Por último, hicieron llamado de paz a la ciudadanía y a todas las entidades del Estado. “El Gobierno central y el Congreso de la República deben reafirmar su compromiso para encontrar salidas realistas y pacíficas a esta crisis en un plazo razonable”, puntualizó.
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