Defensoría de la Policía confirma que 75 efectivos se encuentran heridos y un solo fallecido

A once días de haber iniciado el 2023, el Perú continúa sumergido en una profunda crisis que no hace más que aumentar el número de muertos y fallecidos ya sea desde el lado civil como el de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. Desde la institución policial diversos efectivos han sido trasladados a la capital para ser atendidos. En total son 75 los heridos, mientras que uno perdió la vida en Puno.

Máximo Ramírez, titular de la Defensoría de la Policía Nacional confirmó la cifra mencionada, pero también recalcó que algunos afectados cuentan con signos de haber sido atacados con armas hechizas. Aquellos que presentaban daños de gravedad lograron ser transportados a la capital junto con civiles que buscaban salir de la zona de conflicto. Desde diciembre, han sido 380 agentes heridos durante las manifestaciones.

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El representante de la Defensoría indicó que algunos de los civiles que salieron a protestar contaban con armas por lo que descartó que se trate de marchas pacíficas. A pesar de los más de 40 muertos registrados, Ramírez insiste en que la PNP no ha empleado armas letales para controlar las manifestaciones. De haber sido así, se pondrán en marcha los procesos correspondientes para encontrar a los culpables.

Los agentes que se encuentran en Puno atendiendo la crisis son conscientes que sus acciones podrían conducir a sanciones. “Saben que pueden perder su trabajo e ir a la cárcel por desobedecer una orden”, recalcó el integrante de la PNP. La encargada de definir si el efectivo desacató la orden de no usar armas letales es la fiscalía mientras que el tema de desobediencia se tratará en el fuero judicial policial.

“Sé que los policías han ido a estos operativos sin armas letales. ¿Se ha podido producir algún hecho por desobediencias? Si. Puede ser. Pero que se investigue y si se descubre quién es, tendrá que someterse a esos procesos”, agregó en conversación con Exitosa Noticias. Asimismo, pidió una correcta investigación a los manifestantes que han hecho uso de las llamadas “armas hechizas” y dinamita durante los enfrentamientos.

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Las 45 muertes ocurridas entre diciembre del 2022 y enero del 2023 han alarmado a instancias extranjeras como la Unión Europea (UE) que lamenta lo que atraviesa el Perú. Asimismo, condenaron el uso de la violencia tanto por los protestantes como por las fuerzas del orden y señalaron que consideran “imprescindible” el respeto de los derechos humanos. Además, saludaron las iniciativas del gobierno de invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Defensoría del Pueblo por su parte ha pedido que se realicen las investigaciones correspondientes para sancionar a los culpables. A través de un comunicado oficial, el organismo exigió a todas las instituciones del Estado investiguen y den con los verdaderos responsables de estas protestas violentas y de las muertes registradas.

“Exigimos a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias en las que se han perpetrado cada una de estas muertes, así como se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición, adoptando medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas”, mencionó en su red social.

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