La organización Amnistía Internacional exhortó a las autoridades peruanas “cesar de inmediato el uso excesivo de la fuerza contra la población civil” y evitar más muertes en las regiones del Perú. Asimismo, reiteró al respeto irrestricto de los derechos humanos.
“Las autoridades deben cesar el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país, señaló el movimiento internacional de derechos humanos.
Este mensaje se emitió luego de la muerte de 18 personas, incluyendo un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Juliaca, Puno, entre ayer (lunes) y la madrugada de hoy (martes).
Desde que iniciaron las protestas sociales en diferentes regiones del país el 7 de diciembre de 2022, al menos 40 personas, entre ellas menores de edad, han muerto, y decenas, entre civiles y policías, han resultado heridas, muchas de ellas por impacto de armas de fuego, en el contexto de la represión de manifestaciones.
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“El alto número de muertes, incluidas 18 personas en las últimas 24 horas, y la gravedad de los hechos obligan a una rendición de cuentas de las autoridades hasta el máximo nivel. La Fiscalía Nacional debe investigar a todas aquellas personas que sean presuntamente responsables, no solo directamente, sino también por ordenar o tolerar el uso excesivo de la fuerza y con ello las muertes arbitrarias y lesiones graves que se están dando en el contexto de las protestas”, indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Estado de emergencia no es la solución”
Asimismo, Amnistía Internacional sostuvo que la declaratoria del estado de emergencia del 15 de diciembre, no ha demostrado ser una respuesta adecuada a la crisis política y social que enfrenta el país.
Por el contrario, la organización global dijo que, así como otras organizaciones de la sociedad civil, registran que las violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran la privación de la vida por uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, se han incrementado.
Por su parte, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, lamentó la muerte de 18 personas ocurridas en Juliaca. “Es inaceptable la escalada de violencia que está sucediendo en Perú. La represión estatal en contra de manifestantes y la pérdida de vidas humanas está agudizando la crisis. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades al respeto irrestricto de los derechos humanos. Las fuerzas del orden deben cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El pueblo no debe de pagar el costo de la crisis política que está atravesando el país”, enfatizó.
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Exigen investigación imparcial
Además, Amnistía Internacional exigió al Estado peruano la investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de las posibles violaciones de derechos humanos registradas desde el inicio de las protestas, que permita identificar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables, incluyendo las líneas de mando de las fuerzas del orden hasta el máximo nivel.
Finalmente, la organización demandó a las autoridades que desplieguen todos los recursos disponibles para atender a las personas que han resultado heridas, garantizando su atención médica inmediata, y que se respete el paso de ambulancias y la labor de la misión sanitaria.
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