El presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, Javier Arévalo, denunció este martes que se produjeron dos atentados contra sus sedes en Puno, epicentro de las protestas antigubernamentales, y condenó también el deceso de 18 connacionales en una jornada sangrienta en Juliaca.
“Me dirijo a ustedes por dos motivos fundamentales: en primer lugar, para lamentar la muerte de compatriotas nuestros a causa de las protestas, y, en segundo lugar, para condenar, enérgicamente, el reciente atentado cometido contra las sedes judiciales de (las localidades) El Collao y Puno”, dijo Arévalo en un video difundido en Twitter.
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En la víspera, fallecieron 17 personas que participaban en la protesta que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente. Horas después, una turba atacó y mató al un suboficial de la Policía Nacional (PNP) José Luis Soncco Quispe.
El primer ministro Alberto Otárola confirmó que el efectivo falleció tras ser “quemado vivo” por una turba que lo atacó en Juliaca. También aseguró que las autoridades del Ejecutivo darán “todas las facilidades” a la Fiscalía para que investigue las muertes en las manifestaciones.
Destrucción de expedientes
En su pronunciamiento, el magistrado Javier Arévalo explicó que los ataques contra las sedes “han originado la destrucción de expedientes judiciales y daños a la infraestructura física, perjudicando principalmente la tramitación de procesos de carácter social”.
Destacó que “el ejercicio del derecho a la protesta es reconocido por la Constitución, pero no puede ser utilizado como instrumento para la violencia”.
Por ello, invocó al Gobierno a “adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones judiciales, así como para establecer canales de diálogo” que permitan recuperar “la tranquilidad pública”. Finalmente, exhortó a la paz y al diálogo entre peruanos, evitando “más pérdidas de vidas humanas que enluten” al país.
Según los datos difundidos por la Defensoría del Pueblo, 39 personas han muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden desde el pasado 11 de diciembre, además de otros siete civiles “por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de carreteras. A ellos su suma el suboficial fallecido en el atentado.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha anunciado la apertura de una nueva carpeta Fiscal contra la presidenta Dina Boluarte.
“La función del Ministerio Público es firme para investigar y que ninguna muerte quede impune. En diciembre se ha abierto una investigación y el día de hoy se abre otra investigación a los altos funcionarios que sean presuntamente responsables de todo lo que está ocurriendo”, dijo la titular del Ministerio Público desde Trujillo.
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