Perú Libre plantea que el Estado otorgue 1 millón de soles a familiares de fallecidos en protestas

La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley a favor de las familias de los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. La iniciativa plantea que el Estado peruano indemnice a los deudos con casi S/1 millón.

La autora de esta tentativa de ley es la congresista María Taipe Coronado quien busca que se le brinde una indemnización económica a “los herederos” dentro de un plazo de 60 días”, pero no solo pretende que esta propuesta alcance a los manifestantes contra Boluarte Zegarra, sino que agrupa a todo fallecido en las “luchas sociales”.

“Se dispone la indemnización por el fallecimiento en actividades de luchas sociales, a favor de sus herederos, en forma excluyente conforme al orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código Civil. Dicha indemnización es el equivalente a 200 Unidades Impositivas Tributarias por cada fallecido que se hará efectiva, dentro del plazo de sesenta días calendarios en entrada en vigencia de la presente ley”, se lee en el documento presentado por Taipe Coronado ante el Parlamento.

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Dicha tentativa también plantea que, para que los familiares puedan recibir esta compensación, presenten un certificado de defunción y del protocolo de necropsia que acredite la causa de la muerte, la cual deberá haber sido provocada por las armas utilizadas durante los actos de represión “por parte de los miembros de las fuerzas policiales o Fuerzas Armadas, aun así no sean de propiedad de las instituciones castrenses mencionadas”.

En ese sentido, la bancada del lápiz busca que sea el Estado que compensa con una forma económica la la muerte de los manifestantes a causa de una represión policial.

“La presente iniciativa tiene por propósito resarcir las pérdidas de vidas humanas que se están presentando por causas de una represión indiscriminada, inhumana con disparos de armas de fuego y similares, ejecutados por efectivo militares y policiales, en muchos casos en modo de francotiradores, contra la población que sale a expresarse pacíficamente contra lo que estiman un gobierno usurpador, inconstitucional e ilegítimo”, se indica en la exposición de motivos.

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En esa línea, se alega que “ninguna medida restrictiva contiene la utilización de armas de fuego cuando se trata de reprimir a los manifestantes de una marcha pacífica”, tal como habría sucedido en el caso de las 29 muertes ocurridas en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Piura.

“A todos ellos los han acusado de ser violentistas ligados a movimientos políticos proscritos, pero que a la fecha nadie ha podido demostrar ningún tipo de relación de lo que afirman los voceros del Estado, tratándose de actos de abuso de derechos en contra de la población civil, llegando al extremo de aniquilarlos con armas de fuego de largo alcance disparados por francotiradores”, agrega el documento.

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