La Contraloría General de la República informó que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, habría causado el perjuicio económico de S/35.000 al Estado por el pago irregular de bonificaciones a efectivos de la Policía Nacional (PNP) que lo resguardaban cuando era gobernador regional de Junín.
Ante ello, el organismo del Estado recomendó que se le interponga una denuncia penal contra el secretario del partido del lápiz por este caso que se concretó entre enero y agosto del 2019.
Según el informe de control específico 26660-2022-CG/GRJU-SCE, los hechos iniciaron el 11 de diciembre de 2018 cuando Cerrón Rojas solicitó a la VI Macro Región Policial Junín la designación de los efectivos policiales Carlos Wilfredo Zarate Villalobos y Edwin Mamani Cáceres para su custodia personal.
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La Contraloría considera el hecho como un acto irregular debido a que el pedido del líder de Perú Libre se efectuó antes de que el Jurado Nacional de Elecciones le otorgara las credenciales de gobernador regional.
El informe también detectó que Vladimir Cerrón basó su pedido en la resolución ministerial 0674-2016-IN/PNP, que regula el servicio de seguridad para autoridades y funcionarios. Este dispositivo establece expresamente que el resguardo es brindado de oficio, por lo que el exgobernador no tuvo que haber iniciado un trámite y los gastos los asumía la PNP.
No obstante, en el Gobierno Regional de Junín se inició un trámite para otorgar una bonificación especial a los dos policías que resguardaban a Cerrón, pago que se concretó con la firma de la resolución ejecutiva regional 125-2019-GR-JUNÍN/GR.
Más irregularidades
Pero este no es el único hecho que la Contraloría califica como irregular. La resolución ejecutiva regional que suscribió Vladimir Cerrón lleva como sustento jurídico tres decretos supremos y una resolución ministerial ya derogados para la fecha en la que se emitió el documento. Según el informe de control, el hecho no fue advertido por ninguno de los funcionarios que intervinieron en el proceso de elaboración de la resolución:
- David Llanco Flores, exsubdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
- Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, director regional de Administración y Finanzas
- Mercedes Carrión Romero, exdirector regional de Asesoría Jurídica
- William Acosta Laymito, exgerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- Loly Wilder Herrera Lavado, exgerente general regional.
El organismo también identificó que, en febrero de ese año, el secretario general del partido del lápiz requirió al jefe de la VI Macro Región Policial Junín el destaque de Yrineo Rodolfo Perales López. Los tres agentes policiales recibieron por cada mes de trabajo una bonificación de S/1.000, por lo que para diciembre de 2019 el perjuicio económico fue de 35.000 soles.
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Este hecho cuestionado fue replicado hasta agosto del 2021, tras la suspensión de Vladimir Cerrón por corrupción, durante la gestión de Fernando Orihuela Rojas como gobernador regional de Junín. En total, Contraloría identificó que el perjuicio económico ascendió a S/103.500.
El organismo de control notificó a Vladimir Cerrón sobre estas irregularidades en su administración en el Gore de Junín y le pidió sus comentarios al respecto, sin embargo, el líder de izquierda no ha respondido a las comunicaciones, por lo que se ha recomendado al procurador público especializado en delitos de corrupción de la región iniciar las acciones penales contra el exgobernador.
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