Elecciones 2024 y las polémicas reformas constitucionales que quiere aplicar el Congreso

El 20 de diciembre del 2023, el Pleno del Congreso de la República aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024 en medio de la grave crisis social que se desató por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en diferentes partes del Perú. Esta resulta una primera votación, por lo que se debe concretar la segunda en marzo próximo para que se dé inicio al futuro proceso que será el año entrante.

Tras ello, el debate se ha centrado en las urgentes reformas constitucionales que se deberían realizar para mejorar la calidad de la oferta electoral de los partidos políticos ante la ciudadanía. Sin embargo, esta semana se hizo un paréntesis en esta agenda con la presentación de un proyecto de ley de la congresista Roselli Amuruz (Avanza País), quien plantea recortar el mandato de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Es importante no sólo adelantar las elecciones generales, sino realizar las reformas necesarias (…) los principales representantes de los órganos que integran el sistema electoral peruano, deben sujetarse a un recorte de su mandato, con el propósito de generar neutralidad en las próximas elecciones generales, las cuales no serán complementarias”, recoge la idea de la parlamentaria.

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Coincidentemente, Amuruz no era la única con esta propuesta. Anteriormente, la bancada de Renovación Popular también propuso cambiar a las cabezas del JNE, la ONPE y hasta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Estos grupos alegaron que hubo un fraude en las pasadas elecciones que dejaron como ganador al expresidente Pedro Castillo. Incluso, impulsaron una comisión investigadora que no halló ni una prueba al respecto. Sin embargo, parece que persisten en la idea de ir por las autoridades electorales.

“No resiste el menor análisis. Esto viola totalmente la Constitución y lo que constituye un organismo constitucionalmente autónomo. En el caso de la ONPE, quien elige a su jefe es la Junta Nacional de Justicia en un concurso público. Y es la única encargada de poder removerlo del cargo por alguna denuncia y a través de un proceso disciplinario. Mientras que el Jurado Nacional de Elecciones es más complejo porque la integran cinco personas que votan igual y eligen a su presidente. Los vocales supremos de la Corte Suprema solo pueden sacar al titular de esta entidad”, refirió el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla en una nota reportada por RPP Noticias.

En esa línea, el exjefe de la ONPE amplió su comentario para Infobae en que “no se puede volver a construir de cero el armazón organizativo del sistema electoral”. Por el contrario, enfatizó que “se debe permitir que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales mantengan a las autoridades y funcionarios de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODEP) pues tienen experiencia en esta últimas elecciones regionales y municipales”.

“El Congreso es un órgano político representativo que no tiene competencias constitucionales para recortar los mandatos de los titulares de los órganos electorales que son autónomos”, apuntó Tuesta.

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Más allá de este punto, lo que queda es el tema de las reformas.

Sin duda, el proyecto que más ha sido impulsado desde la Comisión de Constitución ha sido la bicameralidad. De hecho, el 15 de julio del año pasado, el Pleno aprobó el retorno de este sistema con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, al no haber superado los dos tercios del número legal de parlamentarios, la reforma constitucional debe ser ratificada vía referéndum.

El congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) señaló que la bicameralidad debería ser una de las reformas mínimas a implementarse en los comicios del próximo año. “Creo que nuestra crisis ha demostrado la necesidad de tener una segunda cámara que reflexione, descomprima, y, repito, que tenga experiencia. Creo que deben estar allí los políticos que puedan venir de la Cámara Baja antes, o que puedan ser reelegidos, creo que con, por lo menos, una reelección [parlamentaria inmediata] ya mejora el sistema político”, sostuvo en entrevista con el diario El Comercio.

La posición del legislador fujimorista es compartida por Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, quien defiende el retorno de la bicameralidad en diálogo con Infobae.

“Necesitamos un Senado. Cuando el presidente de la República envía un proyecto de reforma constitucional al Congreso y no admite que pueda hacerse alguna modificación, estamos ante una dictadura que no era tal porque el Congreso había sido elegido por el pueblo ante el régimen de un demagogo que ya con perspectiva observamos que lo sufrimos. El Congreso tiene el derecho de hacer enmiendas o modificaciones a un proyecto de reforma que envía el Ejecutivo”, sostiene el jurista.

Además, Álvarez añade que “el contrapeso es importante porque podría prestigiar a la institución parlamentaria en su conjunto”.

“Los que postulan y los que ganan una curul en el Senado, tienen que ser conocidos a nivel nacional. Tienen que tener una trayectoria, cierto prestigio profesional y político que no se acumula siendo alcalde provincial o siendo un politico amateur. Desde ya eso va mejorar la imagen del Congreso en su conjunto. Segundo, el número de parlamentarios no debe significar mayor gasto. Hoy en día, los parlamentarios se sienten en el derecho de casi casi cambiar de estatus social cuando, en realidad, es un servicio público que se brinda a cambio de una remuneración que cubra los gastos producidos por esa dedicación. El gasto del Congreso era mucho menor con dos cámaras que ahora con una sola”, explica.

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Otro tema que, sin duda, también está en la mirada es el restablecimiento de la reelección parlamentaria. El 31 de diciembre, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) presentó la propuesta que incluye, además, modificar el periodo parlamentario que pasa de cinco años a dos años y medio.

“El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de dos años y medio mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República, así como los candidatos a vicepresidentes, pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso”, reza el documento.

Como es público, en el referéndum del 2018 se estableció la prohibición de la reelección inmediata de congresistas debido a que sacó una aprobación popular del 85.8%. Sin embargo, a cinco años de esta decisión, observamos que la representación nacional para los periodos 2020-2021 y 2021-2026 no han estado alejados del mayoritario rechazo popular por los escándalos que protagonizaron sus integrantes.

En diálogo con Infobae, la politóloga Milagros Campos se mostró a favor de que la reelección parlamentaria vuelva porque se “requiere que haya más personas que forjen una carrera política y ganen experiencia”.

“Una de las reformas contrafácticas que hay que hacer es eliminar la prohibición de la reelección parlamentaria. El parlamentario que va ser sometido a una evaluación al final de su mandato e intentando ser reelecto, va tener un incentivo permanentemente para tratar de actuar mejor porque está en juego su reelección. De manera que esta es una de las reformas que hay que hacer, pero creo que debemos explicarla. Claro, alguien diría que el Parlamento tiene una baja aprobación, pero se proponen ser reelectos. Sí, lo que se busca es carrera política. Gente con más experiencia que aprenda el oficio, que conozca bien cuáles son los límites de su actuación en el Congreso”, añadió.

La docente de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) anotó, por otro lado, que deja un sin sabor la reforma incompleta de los partidos políticos porque “se trató de simplificar los trámites y, en muchos casos, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) pone obstáculos a la inscripción de partidos políticos que no están en la ley”. De otro lado, asegura que “también todo lo que significaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que, en verdad, los partidos no se sienten muy cómodos”.

“Estamos en un momento en que hay una distancia muy grande entre la ciudadanía y los partidos políticos que deben involucrarse más”, agrega.

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