El escándalo de la casa de Sarratea: el esquema fiscal sobre el caso ‘Gabinete en la Sombra’ y otros detalles

El llamado ‘bunker de la corrupción’ del exgobierno de Pedro Castillo, encarcelado tras un autogolpe de Estado, fue allanado el último viernes seis.

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Castillo Terrones vulneró el orden democrático al anunciar, en un mensaje a la Nación, la disolución del Congreso y el reordenamiento de las principales instituciones fiscalizadoras del país. (EFE)
Castillo Terrones vulneró el orden democrático al anunciar, en un mensaje a la Nación, la disolución del Congreso y el reordenamiento de las principales instituciones fiscalizadoras del país. (EFE)

Se sumó a la larga lista de los expresidentes peruanos investigados por corrupción, pero a diferencia de sus pares, en su caso se pudo conocer su “centro de operaciones” extraoficial durante su pasada gestión.

El exmandatario Pedro Castillo, acusado de delitos como rebelión y organización criminal, continúa bajo investigación por el Ministerio Público (MP) y sujeto a diversas diligencias que realiza la entidad.

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El último viernes seis, un equipo de fiscales y policías allanó la vivienda ubicada en la calle Sarratea, en el distrito de Breña, donde el profesor chotano y sus asesores “designaban a ministros y funcionarios de alta dirección” del Estado, según la tesis de la Fiscalía.

La autorización judicial fue firmada por el juez Richard Concepción Carhuancho y dispuso que el inmueble pase al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), es decir, bajo la tutela del Estado. Por esta razón, los inquilinos desalojaron la vivienda en la referida fecha.

La diligencia se desarrolló en el marco del ‘Caso Gabinete en la Sombra’, investigación fiscal que incluye a allegados y familiares de Castillo Terrones.

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Esquema ‘Asesores en la Sombra’

El organigrama realizado por la Fiscalía tiene a Pedro Castillo, presidente en funciones al realizarse los presuntos actos ilícitos, como líder de una supuesta red delincuencial.

Bajo el ex Jefe de Estado se encuentra el denominado ‘Buró Político’, grupo integrado por el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño del inmueble de Sarratea; el empresario Abel Cabrera Fernández; Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía y Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz y confeso aportante de 45 000 mil soles para la designación de Hugo Chávez como gerente general de Petroperú.

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En el esquema también se precisa que Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, y el abogado Salatiel Marrufo Alcántara mantenían un contacto directo con Cabrera Fernández.

El grupo es acusado, en su totalidad, de beneficiarse con obras públicas mediante el Decreto de Urgencia 102-2021. Esta fue firmada por Castillo, el 29 de octubre del 2021, y autorizaba al Ministerio de Vivienda a financiar cerca de 120 obras públicas de agua potable y saneamiento en cien distritos del país.

En el gráfico también aparecen el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y los sobrinos del expresidente: Fray Vásquez (prófugo) y Gian Marco Castillo.

Además, figuran los investigados como Aúner Vásquez Cabrera, Beder Camacho Gadea, Henry Shimabukuro Guevara, Biberto Castillo León y Eder Vitón Burga.

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En otro apartado del esquema aparece David Pérez Curi, miembro del círculo cercano del maestro rural.

Mientras las diligencias continúan en el marco de las investigaciones por esta presunta red criminal, denunciada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Castillo permanecerá recluido por los próximos treinta meses en el penal Barbadillo.

El ex Jefe de Estado cumple dicha medida tras una disposición del Poder Judicial por el autogolpe de Estado, no respaldado por las fuerzas del orden e instituciones democráticas, que perpetró el pasado miércoles siete de diciembre.

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