Dina Boluarte cumple un mes en el gobierno en medio de protestas y una crisis política que no logra ponerle fin

Ha pasado un mes desde que Dina Boluarte Zegarra se convirtió en la primera presidenta mujer del Perú, luego de que el Congreso vacara a Pedro Castillo tras un intento fallido de autogolpe de Estado con el que pretendía cerrar el Parlamento y declarar en reorganización el sistema de Justicia, Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Aunque en un inicio, Boluarte se mostraba como una defensora férrea del gobierno de Castillo y, un año antes, llegó a decir, “si al presidente Pedro Castillo lo vacan, yo me voy con él”, en los últimos meses tomó distancia del entonces jefe de Estado, dejó de pertenecer al gabinete y se la veía menos ante cámaras. Finalmente, al considerar que hubo un intento de golpe de Estado, terminó por aceptar el cargo que le correspondía por ser vicepresidenta.

“Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros y atendiendo a esa alta responsabilidad va mi respeto por las millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle”, expresó en su primer discurso ante el Congreso.

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Tres días después, Boluarte nombró a su primer gabinete, liderado por Pedro Angulo, caracterizado por estar conformado por ministros con perfiles técnicos y de centroderecha. En paralelo, las diversas manifestaciones en sur del país, lugar donde Castillo tenía más apoyo, inició una serie de protestas que inicialmente pedían la liberación del expresidente, detenido por el delito de rebelión, pero que luego se centraron exigencias como el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la renuncia de la nueva mandataria.

Las manifestaciones comenzaron a radicalizarse, se tomaron varios puntos de las principales vías de comunicación, fueron incendiados algunos locales del Ministerio Público y se intentó tomar los aeropuertos en Puno, Andahuaylas, Arequipa y Ayacucho.

En esto último lugar ocurrieron los hechos más trágicos, el 13 de diciembre el Gobierno de Boluarte decidió declarar en emergencia la Red Vial Nacional, con el respaldo del entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, quién señaló que esta medida se daba “para que las Fuerzas Armadas, en apoyo de la Policía Nacional, puedan tomar el control del orden interno”.

El 15 de diciembre, el intento de toma del aeropuerto Alfredo Mendívil provocó la muerte de 10 civiles quienes fallecieron por impacto de bala tras enfrentarse a miembros del Ejército.

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Boluarte lamentó reiteradamente el deceso de al menos 26 personas durante las protestas y señaló que pediría al Congreso un adelanto de elecciones generales para el 2024, dos años antes del periodo establecido. Además, anunció un cambio en su gabinete. “Vamos a recomponer el gabinete y uno de los lugares que se va a cambiar es el premierato”, dijo.

Sin embargo, quien asumió la presidencia del Consejo de Ministros el 21 de diciembre sería Alberto Otárola, su ex ministro del Interior y quien apoyó la participación del Ejército para controlar las protestas. Además, también se reocuparon cargos en el ministerio de Educación y el de Cultura, ya que el 16 diciembre, un día después de las muertes en Ayacucho, ambos ministros (Patricia Correa y Jair Pérez) decidieron renunciar a sus cargos al indicar que la “violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

Con las fiestas de fin de año las protestas disminuyeron, pero la tregua duró poco. El 4 de enero, las manifestaciones reiniciaron con marchas en varias provincias de la zona sur del país. Las vías de comunicación han vuelto a ser tomadas y los puntos bloqueados han ido aumentando con el paso de las horas (66 en total en ocho regiones del país).

Puno es el lugar donde se han radicalizado más las medidas de fuerza de la población. El viernes seis de enero se volvió a intentar tomar el aeropuerto. Los enfrentamientos han dejado decenas de heridos entre civiles y policías.

Las consignas de estas movilizaciones ya no tienen que ver tanto con un pedido de libertad de Pedro Castillo, sino que exigen la renuncia de Dina Boluarte, a quien consideran responsable de la muerte de los peruanos de la sierra sur, región de donde ella misma proviene.

Aún el panorama de paz parece estar lejos e incluso algunos dirigentes, que hoy son investigados por la Fiscalía, han hablado de la creación de la denominada “República del Sur” independiente, si demandas como la Asamblea Constituyente no proceden.

El futuro de Dina Boluarte como presidenta del Perú, al igual que sus últimos seis predecesores desde 2016, es incierto.

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