La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) pidió al Estado peruano a que se brinden las garantías para tener un sistema electoral independiente y libre de amenazas ante el intento de violar su autonomía por parte del Congreso de la República.
Este pronunciamiento se realiza luego de que la congresista Rosselli Amuruz, de la bancada Avanza País, presentara la iniciativa legislativa, en donde sugiere que se recorte el tiempo de mandato de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de cara a la propuesta de elecciones generales para abril del 2024 que debería ser aprobada en segunda votación por el Pleno del Legislativo.
“Al plantear recortar el mandato del presidente del JNE y el jefe de la ONPE es un intento de atentar contra la independencia y autonomía de ambas instituciones encargadas de realizar elecciones transparentes”, indicó la institución que agrupa organismos de la sociedad civil.
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La entidad de derechos humanos consideró que esta acción, además de ser una “ley con nombre propio” y “prohibida por ley”, resulta ser una amenaza no solo a los actuales miembros, sino para las siguientes autoridades que sean elegidas dentro del plazo previsto por la Constitución Política del Perú.
“Esta propuesta, basada en la narrativa de fraude electoral, que ha sido parte de una acción política nefasta contra la institucionalidad democrática, no debe ser aprobada. Ninguna investigación posterior ha señalado la existencia de esta absurda idea y por el contrario todas las comisiones que han efectuado las investigaciones han señalado que las elecciones se han realizado en los marcos legales y constitucionales”, manifestó la CNDDHH.
Además, señaló que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que la votación traduzca la expresión auténtica, libre y espontánea de la ciudadanía. “Plantear estas reformas ad portas de una elección, lejos de orientarse a una mayor participación política, es más bien buscar un ente electoral a la medida de intereses particulares”, acotó.
Aseguró que, en este momento de crisis política y social, iniciativas como esta, lejos de contribuir a un entendimiento, lo que hace es exacerbar las protestas y desconfiar de la institucionalidad democrática construida después del gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
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“La CNDDHH, seguirá vigilando y demandando al Estado peruano las garantías para el ejercicio ciudadano democrático dentro de ellas tener un sistema electoral independiente y libre de amenazas”, enfatizó.
Llama a la reflexión
Por su parte, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, señaló que el proyecto de ley que busca recortar tanto su mandato como el del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, es un “exceso” y “no es constitucional”. En ese sentido llamó a la reflexión a quienes la proponen, “porque están afectando la democracia”.
Asimismo, el magistrado rechazó una vez más que haya habido fraude electoral en las últimas elecciones generales. También, recordó que una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arrojó un 56% de credibilidad para el JNE; mientras que el Congreso obtuvo un 8 % en este mismo sondeo.
El presidente del organismo electoral brindó estas declaraciones a su salida de la ceremonia de juramentación de la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán.
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