La Fiscalía de la Nación dispuso este viernes realizar diligencias previas tras las denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, el exministro de Defensa Alberto Otárola, ahora premier, y César Cervantes, extitular del Interior.
Con esta acción, el Ministerio Público busca investigar las muertes por violencia de Estado durante las manifestaciones de diciembre de 2022, que hasta el momento suman 28.
El miércoles, la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) elevó una denuncia constitucional contra Boluarte y los miembros de su primer Gabinete presidido por Pedro Angulo. El documento ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
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Entre los denunciados por infracción constitucional está la jefa de Estado, su expremier, Alberto Otárola, César Cervantes y José Tello, ministro de Justicia. El mismo documento acusa, por homicidio calificado, a Angulo, Cervantes y Otárola.
La parlamentaria argumentó que el grupo apoyó, presuntamente, en la materialización de estos crímenes debido a su condición y funciones desempeñadas. En este sentido, destacó los mencionados “están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de las fuerzas policiales y militares”.
Según Luque, los denunciados habrían incurrido en la infracción de diversos artículos de la Carta Magna que debían regular el uso de sus atribuciones “en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de las fuerzas policiales y militares”.
“Consideramos que la conducta en la que habrían incurrido (…) atenta, de forma evidente, contra lo dispuesto por los artículos 44 y 118, inciso 1 de la Constitución, en conexión con los artículos 1 y diversos apartados del artículo 2 de la Constitución, con especial atención en lo referido a los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psicológica”, indica el documento.
La denuncia de Luque se sumó a la que había presentado, en diciembre de 2022, Sigrid Bazán, también integrante de Cambio Democrático, contra la mandataria, Angulo, Cervantes y Otárola.
“Por justicia y reparación para los fallecidos y heridos, a causa de la brutal represión en el marco de las movilizaciones sociales. ¡Que no quede impune!”, tuiteó Bazán entonces.
Diligencias
Según un documento obtenido por La República, las diligencias que dispuso la fiscal Patricia Benavides respecto a estas denuncias son las siguientes:
♦ Que tanto la Comandancia General de la PNP, de las FF. AA. y del Ejército remitan copias certificadas de todas las comunicaciones con la presidenta y el Consejo de Ministros relacionadas con el control estatal en Ayacucho, la región donde se concentra la mayoría de víctimas mortales, así como el plan de operaciones para contrarrestar las manifestaciones.
♦ Que la Presidencia del Consejo de Ministros remita copias de la aprobación de declaratoria de Estado de Emergencia y de las medidas para controlar disturbios.
♦ Que la Segunda Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y en Delitos de Terrorismo de Ayacucho y Apurímac remitan copias de los informes periciales de balística forense y certificados de necropsia practicados a los fallecidos.
Una vez terminadas, la Fiscalía puede ordenar el archivo de las denuncias o su formalización para continuar con la investigación preparatoria, en caso de que encuentre indicios reveladores de la existencia de un delito.
“No vamos a permitir impunidad”
Boluarte ya había anunciado que la Fiscalía y el Poder Judicial investigarían las muertes de manifestantes en las protestas desatadas tras el fallido autogolpe de su predecesor, Pedro Castillo.
“No vamos a permitir impunidad, que se investigue, se individualicen, los hechos y la Fiscalía y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponde”, dijo en una rueda de prensa con la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP).
En dichas manifestaciones han fallecido 28 personas, muchas de ellas por disparos y, en su represión, han participado las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional de Perú (PNP) tras la declaración del Estado de Emergencia.
“Cuando asumí el cargo como presidenta en esa asunción constitucional, en ese mandato constitucional, luego de un intento de golpe. No pensé que iba a haber esta tremenda violencia a nivel nacional”, sostuvo. En este sentido, señaló que tenían que “tomar medidas necesarias para salvaguardar la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos”.
A continuación, dijo que los fallecidos le duelen “en el alma”, pero subrayó que la Fiscalía tiene “todas las facilidades” y “dentro de su autonomía están realizando su trabajo”.
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