La legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional contra la presidente de la república, Dina Boluarte, y tres de sus ministros.
El documento, que ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, pide que Boluarte Zegarra y sus funcionarios respondan por los más de 28 fallecidos en las manifestaciones de diciembre del 2022.
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En el citado mes, se suscitaron diversas protestas a nivel nacional en contra del Gobierno de la exvicepresidente, quien asumió la banda presidencial en reemplazo de Pedro Castillo por su intento de autogolpe, el Parlamento, entre otros reclamos.
Estas marchas se retomaron, por parte de gremios y organizaciones sociales, el último cuatro de enero del presente año.
En este escenario, la congresista ya había criticado con anterioridad, además, el tratamiento del Ejecutivo frente a estos decesos. Semanas atrás, cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), en las calles, tras la declaratoria de emergencia en todo el país.
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Los denunciados por infracción constitucional son los siguientes: Dina Boluarte; Pedro Angulo, actualmente extitular del Consejo de Mnistros; Alberto Otárola, hoy premier y exministro de Defensa de esta gestión; José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos y César Cervantes, exministro del Interior.
“Consideramos que la conducta en la que habrían incurrido (…) atenta, de forma evidente, contra lo dispuesto por los artículos 44 y 118, inciso 1 de la Constitución en conexión con los artículos 1 y diversos apartados del artículo 2 de la Constitución, con especial atención en lo referido a os derechos fundamentales a la vida e integridad física y psicológica”, precisó.
Alega abuso de poder
La parlamentaria también argumentó que los mencionados apoyaron, presuntamente, en la materialización de estos crímenes debido a su condición y funciones desempeñadas. En este sentido, destacó que el grupo forma parte del aparato de poder y de la estructura gubernamental.
“Los denunciados, por su condición de presidenta, ministro del Interior, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros, están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares”, indicó.
Asimismo, se reiteró el trabajo de las fuerzas del orden en el marco de la emergencia declarada, en todo el país, el pasado catorce de diciembre.
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“Las órdenes que emitan o dispongan serán de obligatorio cumplimiento por las personas que estén en esferas más bajas y por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo”, añadió.
Con esta medida, anunciada por el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, se permitía que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) pudiesen recorrer las calles para frenar la ola de violencia que se vivía en aquel momento.
“Lo que se está restringiendo es si hay una reunión en un domicilio y la Policía Nacional del Perú considera que se está planificando algo, puede ingresar a ese domicilio para hacer una intervención de control”, detalló en aquel momento Otárola Peñaranda.
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